El decano de Sevilla se queja al CGPJ del tamaño de los nuevos despachos de los jueces
Las asociaciones judiciales consideran que la nueva Ciudad de la Justicia no reúne las condiciones necesarias
Despacho de un juez en la nueva Ciudad de la Justicia de Sevilla. | The Objective
Los jueces llevaban décadas reclamando una sede judicial digna para la capital de Andalucía. La inauguración de la Ciudad de la Justicia la semana pasada parecía colmar sus demandas. Pero la satisfacción duró poco. Lo que tardaron en comprobar las limitaciones de sus nuevas oficinas. El espacio es tan reducido que deben acceder a las mesas de perfil. Las asociaciones judiciales denuncian que el cambio de ubicación supone «un retroceso». Las protestas han motivado que el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, traslade la situación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las sedes judiciales en Sevilla están ubicadas en el eje Prado-San Bernardo, en pleno centro de la ciudad. Sin embargo, hace tiempo que se quedaron pequeñas para albergar el ingente trabajo de la justicia. En la pasada legislatura, el Gobierno andaluz (formado por una coalición entre PP y Ciudadanos) compró la antigua sede de Abengoa, en concurso de acreedores desde hace un año.
El nuevo edificio, ubicado en Palmas Altas, un nuevo desarrollo urbanístico a las afueras de Sevilla, fue inaugurado la semana pasada por el consejero andaluz de Justicia, José Antonio Nieto, pero no asistieron los máximos representantes de la judicatura andaluza. Los primeros profesionales en llegar al inmueble han sido los magistrados de lo Contencioso-Administrativo y de lo Mercantil. Su sorpresa fue mayúscula, ya que apenas tardaron unos minutos en darse cuenta de los inconvenientes de su nueva oficina.
Las afueras de Sevilla
Las asociaciones judiciales denuncian que el edificio «no reviste las condiciones mínimas» para el desempeño de su actividad. En un comunicado conjunto aseguran que los despachos asignados a los magistrados son «pequeños cubículos tipo celda que no disponen de espacio para la instalación de elementos esenciales en la labor judicial, tales como un armario donde depositar la toga o estanterías para libros o expedientes». También se quejan de que no existe espacio «para recibir a profesionales o jueces en prácticas».
Una situación de la que se ha hecho eco el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, que ha trasladado las quejas al CGPJ «para que tome en consideración la cuestión referida en relación al tamaño de los despacho de los jueces». El representante de los magistrados hispalenses reconoce en el acuerdo que firmó el 6 de noviembre que ha podido comprobar que la superficie de los despachos es menor a los 12 metros cuadrados, «un espacio absolutamente insuficiente para desarrollar nuestras funciones».
Guerrero afirma que para hacerlo sería preciso «contar con un armario con llaves, toguero, sillas y mesas de jueces en práctica». El juez decano de Sevilla recuerda en el texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el modelo de referencia del diseño de los espacios de los edificios de las sedes judiciales, acordado en la Conferencia Sectorial de Justicia el 25 de noviembre del año pasado. A aquella reunión, a la que acudió personal del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas, se consideró que los despachos de los magistrados debían tener un tamaño de 15 a 18 metros cuadrados.
«Estos inconvenientes ya habían sido trasladados a la Administración autonómica en numerosas ocasiones con escaso éxito», aseguran las asociaciones en su comunicado. Se quejan de que las oficinas, concebidas como un espacio común, sin separación de los funcionarios de cada juzgado, «dificultan la relación entre el personal del juzgado y los titulares de los órganos con unas mínimas condiciones de privacidad».
Espacio para expedientes
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Sevilla, José Pérez Gómez, afirma que el edificio no está diseñado para las nuevas tareas. «La empresa que estaba antes se dedicaba a otra actividad, así que los despachos no están preparados para albergar a mucha gente. Tampoco la sala de vistas, que es muy pequeña. Es como si el letrado estuviese comiendo con el juez», critica el también portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) en Andalucía.
«Necesitamos un lugar donde colgar las togas, donde almacenar expedientes, espacio para recibir a los abogados y para reunirnos con gente, entre ellos los jueces en prácticas. La nueva Ciudad de la Justicia de Sevilla no reúne las condiciones mínimas», insiste Pérez. El magistrado asegura que se han reunido en varias ocasiones con representantes de la Junta de Andalucía, pero que no han recogido el guante.
Otra de sus quejas radica en los siete kilómetros que separan la nueva sede de la urbe. Una distancia que, además, cuenta con carencias de accesibilidad en transporte público. Las asociaciones judiciales consideran que el traslado a Palmas Altas no busca la mejora de la prestación del servicio. «Hasta la fecha se encontraban todas las sedes judiciales muy cercanas entre sí, en el eje Prado-San Bernardo, funcionando a plena satisfacción de los justiciables y profesionales. Consideramos que la nueva sede va a suponer un grave retroceso».
El Gobierno andaluz compró el edificio de la nueva Ciudad de la Justicia de Sevilla y otras dos parcelas anexas por 78 millones de euros en diciembre de 2021. Hasta entonces el inmueble era la sede de Abengoa, inaugurada en septiembre de 2009 tras una inversión de 132 millones.
El inmueble fue considerado entonces como un ejemplo de la arquitectura sostenible al combinar un diseño innovador, funcionalidad y eficiencia energética. De hecho, recibió varios premios, como el Excelence in Desing del American Institute of Arquitects, el RIBA European Awards y la certificación Leed Platino, la mayor distinción que concede el Building Council de Estados Unidos, una organización sin ánimo de lucro que promueve la sostenibilidad en el diseño.
