Ayuso dará las llaves de la Ciudad de la Justicia a Florentino Pérez y Acciona por 500 millones

La Comunidad de Madrid da por buena la oferta conjunta de Iridium (ACS) y Acciona para construir, mantener y explotar durante 40 años la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid. A falta de que los técnicos de la Mesa de Contratación terminen de revisar toda la documentación presentada, el contrato previsiblemente recibirá luz verde a finales de marzo, según informan fuentes del Ejecutivo regional a THE OBJECTIVE. E incluirá una de las cuestiones que hizo que la licitación del proyecto quedase desierta el pasado año: la gestión de la seguridad privada del complejo. Un asunto por el que los sindicatos amenazan con impugnar la concesión de uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La constructora de Florentino Pérez y Acciona podrán decidir finalmente si asumen o subcontratan la vigilancia y protección del complejo. Un lugar donde a partir del segundo semestre de 2027 se celebrarán y se guardarán los documentos (algunos de ellos secretos) de todos los procedimientos, investigaciones y juicios penales, mercantiles o civiles de Madrid. Algo que, según señalan desde los sindicatos y empresas del sector de la seguridad privada, podría infringir la ley de seguridad privada y poner en riesgo una inversión prevista de 2.800 millones de euros.

ACS y Acciona finalmente han accedido a subrogar al personal encargado actualmente de la vigilancia, protección, apertura y cierre de la parcela donde se edificará el nuevo complejo. Pero también decidirán, durante los 36 años en los que disfrutarán de la gestión y explotación del proyecto, qué empresas de seguridad privada serán las encargadas de custodiar las llaves y/o dispositivos de acceso a las puertas de los juzgados de la Nueva Ciudad de la Justicia. Sobre una superficie de 375.000 metros cuadrados, la Ciudad de la Justicia aglutinará desde finales de 2027 en una sola sede todos los juzgados y tribunales de Madrid, actualmente dispersos en 28 edificios distintos.

Con una aportación pública de aproximadamente 2.100 millones de euros, según los pliegos de la licitación, las concesionarias pondrán inicialmente unos 507 millones de euros para acometer la construcción del complejo. A cambio, la Comunidad de Madrid les pagará durante 36 años un canon anual de aproximadamente 58 millones de euros anuales. Salvo el primer ejercicio posterior a la finalización de la obra, en el que percibirán 40 millones de euros. Además, para rentabilizar su inversión, entre otros servicios, ACS y Acciona podrán explotar conjuntamente el gimnasio, el parking y la guardería de la Nueva Ciudad de la Justicia, ubicada en Valdebebas, durante casi cuatro décadas. También podrán subcontratar la seguridad privada al precio y en las condiciones que consideren oportuno.

Polémica por la seguridad

Los sindicatos creen que la subcontratación de los servicios de seguridad y vigilancia por parte de ACS y Acciona supondría una violación de la Ley de Seguridad Privada. «Una empresa que no tenga como objeto social y único la seguridad, como son en este caso dos constructoras, no puede subcontratar los servicios de vigilancia y seguridad. Debe ser el organismo público, en este caso la Comunidad de Madrid, quien saque a licitación y decida qué empresa debe encargarse de ese servicio. Pensamos impugnar», indica Ángel García, delegado del sector de la seguridad privada del sindicato UGT.

Hasta ahora, la Comunidad de Madrid adjudicaba a empresas del sector de la seguridad privada la vigilancia y protección de la treintena de edificios distintos en los que actualmente se ubican los tribunales y juzgados de Madrid. El último contrato bianual fue adjudicado por 14,2 millones de euros a una UTE conformada por las empresas Omega y Premium Central en 2021. El grueso de ese contrato, que incluye los tres lotes en los que se divide la partida judicial de la Comunidad de Madrid, corresponde a los juzgados que pasarán a tener su sede en la Nueva Ciudad de la Justicia.

Ese trozo del pastel será repartido por ACS y Acciona desde finales de 2027. Las empresas del sector de la seguridad privada tienen dudas sobre la legalidad de esa concesión. Existe incertidumbre sobre su futuro en un sector, el de la Justicia en Madrid, que les reporta casi 15 millones de euros anuales de una vez. Una vez que se concluya la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia, serán ACS y Acciona quienes podrían subcontratar el servicio e imponer en qué condiciones del lugar donde se centralizarán todos los juzgados de la zona central de Madrid.

Comunidad de Madrid

Sin embargo, fuentes de la Comunidad de Madrid afirman que la fórmula escogida es plenamente legal. La concesión admitirá «cualquier forma de consorcio, de subcontratación o forma empresarial», siempre que cumpla con los requisitos de la ley de seguridad privada. Según afirman las mismas fuentes, el ejecutivo regional cuenta con un dictamen favorable de la Abogacía de la Comunidad. ACS y Acciona podrían subcontratar a empresas cuyo objeto social sea única y exclusivamente el de la seguridad privada. A cambio, eso sí, tendrán que subrogar a todo el personal que presta actualmente el servicio de vigilancia en el solar de la Ciudad de la Justicia.

Es decir, tendrán que absorber a todos los empleados de las empresas que actualmente prestan servicios de seguridad privada en la parcela de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas. Pero se desconoce qué pasará con el resto de los casi 350 vigilantes que trabajan actualmente en las 28 sedes judiciales que actualmente conforman el lote de Madrid central. De los dos conglomerados que asumirán la explotación de la Nueva Ciudad de la Justicia, solo ACS cuenta con una empresa de vigilancia que cumpliría con la ley de seguridad privada.

Clece, la empresa de seguridad de ACS

Se trata de Clece, empresa de seguridad y limpieza a la que ACS y Acciona podrían adjudicar la vigilancia de la Nueva Ciudad de la Justicia de Madrid y en la que tendrían cabida los empleados que deberán subrogar cuando se cierre el contrato. Este diario se ha puesto en contacto con las dos empresas que asumirán la construcción y explotación del proyecto durante las próximas cuatro décadas. Ninguna de ellas ha querido hacer comentarios.

Omega y Premium Central son quienes protegen y vigilan actualmente todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Esas compañías fueron adjudicatarias en 2021 de un contrato por 14,2 millones de euros para vigilar los actuales juzgados dispersos por todo Madrid, incluyendo también la inacabada Ciudad de la Justicia de Valdebebas donde ACS y Acciona ejecutarán el proyecto diseñado por el Gobierno de Ayuso. Se desconoce aún si Clece, empresa controlada por el grupo de Florentino Pérez, será quien custodie las llaves de la Justicia madrileña durante los próximos cuarenta años.