Una sentencia pedagógica

Probablemente la decisión de José Luis Ábalos de mantenerse como diputado nacional le haya perjudicado a él, pero no a la Justicia española. Por ser diputado, tanto él como su compadre Koldo García han sido juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo —sentencia número 418/2026—.

El ponente de la sentencia ha sido el magistrado Andrés Martínez Arrieta y el texto ha sido aprobado por unanimidad de los siete jueces de esta Sala. El texto resulta pedagógico porque está redactado para que lo entienda cualquier persona normal y corriente que pueda leer y entender un texto también normal. Por ejemplo, así explica el delito de organización criminal:

«3.1. Los hechos declarados probados en el primer apartado de la relación son constitutivos, en primer término, de un delito de organización criminal. El Código Penal define a la organización criminal como: ‘La agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas’».

Y unos párrafos clarificadores referidos a la corrupción:

«En la actualidad, cabe hablar de corrupción en un sentido de quiebra del ‘modelo de organización dispuesta para la gestión de asuntos con proyección patrimonial’, cuyo fundamento reside en la violación de un deber de actuación, y quien se corrompe transgrede las reglas del cargo o las funciones que cumple. La conducta de corrupción se realiza mediante un acto que transgrede el deber y aparece vinculado a la expectativa de obtener un beneficio que no le correspondería de haber actuado de acuerdo a su posición. El concepto de corrupción se formula como toda violación por parte de un individuo de las reglas que rigen su actividad con el objetivo de procurar para sí mismo, o para un tercero, una ventaja de cualquier índole que no podría alcanzar de haber actuado de conformidad con el ordenamiento».

Esta claridad en el texto echa por tierra cualquier proceso de interpretación política posterior. A este propósito, el analista Ignacio Varela ha señalado que tanto la Policía Judicial como los jueces vienen comportándose —con excepciones— con una profesionalidad que contrasta con la chapucería de los presuntos delincuentes y sus patrocinadores políticos. Además de formular un veredicto implacable, la sentencia nos hace un gran favor conceptual explicando cómo y por qué la corrupción política no solo es nociva como abuso de poder y apropiación ilícita de los recursos públicos; lo es de forma sobresaliente porque socava los fundamentos de la democracia misma. Hasta en tres ocasiones la califica de desestabilizadora del sistema de convivencia.

Por otro lado, parece increíble que Sánchez y su gente creyeran que podrían superar la marea que se les venía encima hasta el final de la legislatura sin padecer daños irreparables. No es la primera ni la segunda oleada de casos de corrupción en cadena que cae sobre un Gobierno, y todas ellas tuvieron efectos catastróficos pese a que los Gobiernos afectados no eran tan frágiles ni, sobre todo, despertaban la animadversión social que este provoca. Confiar en una «resistencia heroica» cuando no es otra cosa que obstinación; confiar en que la gente pierda la memoria y cada nuevo desafuero tape el anterior; intentar maniobras de distracción con decretos ley que no se pueden convalidar en el Congreso… No, esta vez no funcionará.

El sanchismo ha recibido ya dos andanadas judiciales graves: la primera se llevó por delante a un fiscal general del Estado comprado por el Gobierno y la segunda a quien fue la eminencia gris del colectivo sanchista y artífice de su llegada al poder. Y no serán ni las últimas ni las peores.