Aldama, el 'pentito' y Targentopoli

Pentito es el nombre con el que en Italia se conoce a los arrepentidos que, a partir de los años 80, decidieron colaborar con la justicia en su lucha contra organizaciones criminales como la Mafia o la Camorra y también contra los grupos terroristas que actuaban en esos años en el país transalpino. Su labor fue clave y permitió a la justicia romper la solidez criminal de la Cosa Nostra con aquellos primeros maxiprocesos que lideró el malogrado juez Giovanni Falcone. El colaborador de la justicia, el arrepentido que desde entonces fue crucial en esa lucha: el pentito.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de las mascarillas ha puesto de manifiesto la importancia del papel del arrepentido en la lucha contra la corrupción. Para el Supremo es fundamental, tal y como recalcó con énfasis durante el juicio el fiscal jefe Anticorrupción, Luis Luzón, la información posteriormente comprobada aportada por el empresario Víctor de Aldama. Le ha valido la aplicación de la atenuante de confesión, con lo que ha evitado ingresar en prisión. (Algún día habrá que poner en valor el trabajo profesional, riguroso, independiente y muy valiente del fiscal jefe de Anticorrupción, Luis Luzón).

Colaborar con la justicia funciona y sirve para evitar la cárcel. Para el Supremo, la información de Aldama no solo sirvió para el juicio sobre las mascarillas, sino que ha permitido abrir nuevas vías de investigación de otros casos en otros juzgados. Es su sentencia una llamada clara, directa y muy potente, con el ejemplo de la atenuante aplicada a la propia condena de Aldama. La mejor forma de que otros acusados en otras piezas de corrupción conozcan las posibilidades que se abren a muchos de los imputados cuyos casos están todavía en fase de instrucción.

Santos Cerdán, Leire Díez, Julio Martínez, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, o quien fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, por poner solo algunos nombres clave de los escándalos abiertos del PSOE, deben estar tomando nota. Puede que algunos se lo planteen. Otros no. El propio Aldama lo manifestaba al salir del Supremo: «Espero que los que vienen detrás colaboren».

Ese es el mayor temor del PSOE y del Gobierno ahora mismo. Quizá eso explica la extraña reacción de los socialistas, que apenas hablan de los 24 años de prisión al exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y han salido en manada a atacar la leve condena de Aldama y que evite la cárcel. Ataque a Aldama y silencio sobre Ábalos y Koldo. Como si les diera miedo que más imputados se animen a ser nuevos pentiti.

Parecen olvidar en la Moncloa y en Ferraz aquellas palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuando el Consejo de Ministros aprobó el indulto al empresario José Luis Peñas. Peñas era un concejal del PP en Majadahonda que, en 2007, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre la existencia de una trama de corrupción política y empresarial encabezada por Francisco Correa. Aquella denuncia permitió investigar, enjuiciar y condenar la trama Gürtel, que le costó el Gobierno por una moción de censura a Mariano Rajoy en 2018.

En aquel momento justificó así Bolaños el indulto: «El mensaje que enviamos con este indulto es muy claro: quien colabora con la justicia tiene el apoyo del Gobierno de España». Ahora parece que no. Se equivoca el Gobierno al intentar deslegitimar a Aldama porque lo único que hace es poner de manifiesto su pánico a que haya más arrepentidos.

La figura del arrepentido es una figura habitual en el mundo judicial de la mayoría de los estados de derecho democráticos. El Supremo la ha puesto en valor. Reconoce que no hace cuestiones morales al arrepentido. Ni siquiera le reclama una manifestación de remordimiento real. Para el Tribunal, que ha dictado sentencia por unanimidad de todos sus miembros, lo que prima es la eficacia y la utilidad de la información proporcionada por Aldama, que ha sido comprobada, verificada y complementada por los informes de la UCO. Por eso se le concede una atenuante de colaboración muy cualificada para esta sentencia. Lo que no implica que sea extensible a próximos juicios en los que esté también implicado Víctor de Aldama o que deba aportar nuevas informaciones significativas y comprobables.

En Italia, el pentito hablaba, daba nombres, explicaba las estructuras de las organizaciones criminales, entregaba documentación y pruebas clave a la justicia a cambio de reducciones de pena. Y en muchos casos, dada la peligrosa criminalidad de los acusados, los pentiti se incluían en programas especiales de protección física. Programas que podían llegar a incluir salarios mensuales, viviendas en paraderos secretos y hasta nuevas identidades para ellos y sus familias. Lo mismo ocurre con muchos testigos protegidos en la justicia de Estados Unidos. Ahora, en España, ya tan solo un día después de la sentencia, Aldama reclama protección especial para él y su familia.

En Italia, los pentiti, el nombre en plural de pentito, también actuaron contra la corrupción política italiana. Uno de los primeros y sin duda el más famoso de todos fue Mario Chiesa, un modesto administrador socialista de un hospital de Milán al que la policía detuvo tras encontrar pagos de sobornos en su despacho. No era un delito aislado, era, según confesó Chiesa, un pago más de los muchos que tenían que hacer las empresas que quisieran conseguir contratos públicos. Este pequeño delincuente pactó y decidió empezar a cantar los nombres de los empresarios implicados. Estos empresarios hicieron lo mismo y, para salvarse de penas altas, dieron los nombres de los políticos implicados. Aquello fue conocido como Tangentopoli, la ciudad de los sobornos.

Mario Chiesa, aquel humilde pentito, acabó provocando con sus informaciones que hasta quien fuera secretario general del Partido Socialista Italiano y ex primer ministro de Italia durante cuatro años, Bettino Craxi, acabara huyendo a Túnez para evadir a la justicia italiana que le acusaba de graves delitos de corrupción y financiación ilegal. Una fuga impensable, pero que ocurrió. Tangentopoli supuso la desaparición del PSI por su corrupción. Era una organización criminal, una red de corrupción política extendida por todo el país. Gracias a los pentiti y a la firme voluntad de la fiscalía y de los jueces italianos, centenares de políticos y empresarios corruptos acabaron inhabilitados y muchos de ellos en prisión.

Aldama es ya el primer gran arrepentido que ha puesto en valor su colaboración con la justicia y que ha podido librarse así de entrar en prisión. Esto es solo el principio. Viene un tsunami de escándalos de corrupción relacionados con el partido, el Gobierno y el entorno familiar de Pedro Sánchez. La duda es si habrá más arrepentidos con información decisiva en sus casos. La tentación para algunos de los imputados es máxima; el pánico en el Gobierno también.

Es significativo que en casi todos aparecen acusaciones de delito de organización criminal. Algunos están todavía en mantillas o bajo secreto, como el de la presunta financiación ilegal del PSOE. Y no deja indiferente que, cuando se leen los detalles de cada uno, se comprueba la enorme interconexión entre ellos de determinados protagonistas, empresas y organismos públicos. Son una red. Una red criminal.

De momento, Ábalos, el hombre de confianza durante años de Pedro Sánchez, el ministro de Transportes, el secretario de Organización, ha sido condenado a 24 años de cárcel. Y Pedro Sánchez calla y hace vídeos sobre golpes de calor. No tiene explicaciones. Está paralizado por el calor de la corrupción. Y en su parálisis su única respuesta será atacar a todo el que cuestione su poder. Incluida la justicia.