La desfachatez del Gobierno

No les voy a mentir. Esta columna estaba casi escrita. La actualidad obligaba a tratar los despropósitos que nos dejó el fin de semana, con un juez Peinado lanzándose a elucubraciones fuera de lugar y con la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial reunida de manera urgente. Pero ayer, a media mañana, se publicó una sentencia mucho más importante que cualquier polémica judicial dominguera. El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos —24 años de prisión— y a Koldo García —19 años— por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Por su parte, Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio por su colaboración con la justicia y la Sala ha suspendido la ejecución de la pena. Como muchos analistas ya han subrayado, esta rebaja es un aviso a navegantes para más de un imputado clave en las tramas que salpican la actualidad. La respuesta de Óscar Puente demuestra el miedo socialista a nuevos colaboradores y hace gala de una memoria selectiva sobre la bajada de penas en otros casos de corrupción.

Pocas veces puede utilizarse sin exageración la expresión «hecho histórico». Esta es una de ellas. En la mayoría de las democracias del mundo, una sentencia de esta naturaleza habría abierto una crisis de Gobierno de consecuencias bastante previsibles. Incluso otros presidentes hubieran decidido irse por vergüenza torera. En la España de Pedro Sánchez, al contrario, los casos de corrupción en el corazón mismo del Gobierno y del partido se utilizan para atacar a los demás. Además, se hace desde la atalaya moral de quien se cree superior por abanderar una ideología concreta. No deja de ser sorprendente. Podríamos obviar los juicios a Begoña Gómez o a su hermano y la gravedad de la situación seguiría siendo profunda. Estaríamos ante siete causas judiciales sobre casos que se desarrollaron en su entorno. Lo que demuestra que quienes vinieron a limpiar la corrupción se pusieron a la tarea contraria desde el minuto uno. Y todavía quedan muchas alfombras por levantar.

Aquí el análisis relevante no es que los condenados fueran personas de la máxima confianza del presidente, sino que ese sistema de lealtades construido alrededor del poder sanchista permitió estas prácticas sin que nadie levantara la voz lo más mínimo. Por supuesto que hay responsabilidades. Los dirigentes son los que eligen a sus colaboradores, los promocionan, les otorgan poder y también deberían responder, al menos políticamente, por ellos. Nadie pretende que un presidente conozca cada decisión que toman quienes trabajan bajo su autoridad. Pero los indicios llevan a pensar que se ha generado una cultura política en la que prosperaron estos comportamientos ilegales sin el más mínimo control. Lo del lawfare ha terminado convirtiéndose en la explicación tuerta de quienes ya no distinguen dónde comienza la defensa política y dónde la negación de la realidad.

Todos sabemos que Pedro Sánchez llegó al poder precisamente mediante una moción de censura construida sobre la necesidad de regenerar la vida pública. Aquella apelación a la ejemplaridad fue presentada como una frontera moral que separaba a los partidos comprometidos con la limpieza democrática de quienes habían normalizado estas prácticas. En aquellos días, el portavoz de los socialistas fue precisamente José Luis Ábalos. Ocho años después, esa promesa ha resultado ser de cartón piedra. La distancia entre el discurso regenerador y la realidad de los hechos probados es ya demasiado grande para seguir atribuyéndola a una campaña de desgaste de la oposición o de los malvados medios de comunicación de la derecha. Habrá que recordar, por último, que la impunidad política siempre necesita cooperadores voluntarios. Y, a estas alturas, nadie podrá decir que no sabía lo que ha estado sosteniendo.