La ley de amnistía borra los delitos de 300 independentistas del 'procés' y 73 policías
La proposición de la norma da a los tribunales y órganos implicados un plazo máximo de dos meses para aplicarla
Agentes de la Policía Nacional son alcanzados por balas de pinturas durante protestas en Barcelona | Germán Lama (Europa Press)
La ley de la amnistía implica anular la «responsabilidad penal, administrativa y contable» de todos aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
La amnistía se aplica no solo a los líderes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, junto a los principales dirigentes independentistas (consellers y diputados), sino también a directores de colegios del 1-0, alcaldes, manifestantes así como los agentes policiales que actuaron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, como ya adelantó THE OBJECTIVE. En total, borrará los delitos de más de 300 independentistas y 73 policías.
La proposición de ley de amnistía que se va a registrar en el Congreso justifica también su necesidad en que la aplicación de la legalidad es «necesaria». No obstante, puntualiza que «en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo», por lo que aboga por que el Derecho se adapte al contexto político.
Por tanto, añade, «esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un estado de derecho no son, ni deben, ser inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario», expone el preámbulo de la norma.
La ley sí excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en la directiva europea de 15 de marzo de 2017, que abarca desde atentados mortales a tenencia y fabricación de explosivos, así como los de torturas.
Esa exclusión deja ahora mismo en el aire una posible amnistía para dos de las causas abiertas al independentismo por terrorismo: la de las protestas de Tsunami Democràtic, en la que la Audiencia Nacional investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC Marta Rovira, así como la de los CDR encausados por planificar actos de sabotaje en repuesta a la sentencia del procés.
Por último, la proposición de ley da un plazo máximo de dos meses a los tribunales y los órganos administrativos o contables implicados en casos vinculados al procés para aplicar la amnistía. En el título III, establece que su aplicación será «preferente y urgente» en un plazo máximo de dos meses y que los posibles recursos contra las decisiones que se adopten «no tendrán efectos suspensivos».
