Shakira se enfrenta a una pena de ocho años por presunto fraude de 14,5 millones a Hacienda
La artista acudirá a la Audiencia de Barcelona para el inicio de su juicio el próximo lunes
Shakira | Europa Press
El juicio a Shakira por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda, en el que la artista se enfrenta a una petición de condena a ocho años y dos meses de prisión, empezará el lunes en la Audiencia de Barcelona.
La cantante deberá presentarse ante el tribunal al menos el primer día de juicio y cuando sea su turno para declarar (podrá optar por hacerlo o declinarlo), que será al inicio del juicio tras las cuestiones previas o -si su defensa lo pide y el tribunal lo acepta- una vez se hayan expuesto todas las pruebas.
Es habitual que las defensas pidan reservar la declaración del acusado para el final del juicio con la intención de que al intervenir puedan replicar a todas las pruebas que se hayan expuesto en su contra: de entrada, el guión del juicio prevé que el turno de la cantante sea el primer día, pero su defensa puede pedir al inicio del juicio que se atrase.
El tribunal prevé que el juicio se alargue durante 12 sesiones espaciadas desde el lunes 20 de noviembre hasta el jueves 14 de diciembre, y durante estas semanas, están llamados a declarar 117 testigos y ocho peritos que responderán a las preguntas de la defensa y las acusaciones de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la de la Generalitat.
Peluqueras y ginecólogos
Entre los testigos citados hay trabajadores que atendieron a Shakira en Barcelona en centros de estética, peluquerías, bares, hoteles y restaurantes, y otros empleados como su conductor personal, dos ginecólogos, sus profesores de zumba y fitness y su estilista.
También comparecerán en el juicio vecinos de Shakira en sus viviendas en Catalunya, porteros y trabajadores de mantenimiento; además, están llamados a declarar empleados de Live Nation España y, a petición de la defensa de la artista, el ceo de Sony Music en América Latina, Afo Verde, y la presidenta de la compañía, Amanda Ghost.
A propuesta de Shakira también testificarán su hermano y mánager, su coreógrafa, su terapeuta, su peluquera, su estilista, sus mánagers, su productor y su expareja Antonio de la Rúa Pertiné, con quien mantuvo una relación antes de casarse con el futbolista Gerard Piqué.
Seis delitos contra hacienda
Shakira está acusada de presuntamente cometer seis delitos contra Hacienda entre 2012 y 2014, y además de la pena de prisión la Fiscalía exige multar a la artista con 23,8 millones de euros. Los tributos que supuestamente defraudó son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) -12.371.197 euros- y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) -2.191.771-, sumando entre los dos 14.562.968 euros.
El fiscal cree que, para evitar pagar impuestos en España, la artista se valió de un entramado de 15 sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, a las que nombró titulares de sus rentas y patrimonios en vez de ponerlas a su nombre, supuestamente «para ocultar» sus rentas a la Agencia Estatal Tributaria y a la Agència Tributària de Catalunya.
Ya devolvió el dinero
Antes del proceso penal, Shakira ya devolvió 17,2 millones de euros que le reclamaba Hacienda por impuestos que no tributó en su momento, algo que la acusación de la Fiscalía toma en cuenta al aplicarle una atenuante de reparación del daño.
El equipo legal ha esgrimido esta devolución del dinero para reiterar que «desde hace muchos años no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda». Su defensa considera que esta causa supone «un total atropello a sus derechos, ya que siempre ha demostrado una conducta impecable, como persona y contribuyente».
Segunda causa y negociaciones
Fiscalía y defensa negociaron un posible acuerdo que evitara el juicio pero las conversaciones no prosperaron, como confirmó la defensa de la cantante este verano; sin embargo, están a tiempo de pactar hasta el juicio.
La artista encara este juicio cuatro meses después de conocerse su segunda causa por presunto fraude a Hacienda, que se investiga en los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona) y en la que la Fiscalía le reclama una deuda de 6.686.502 euros por la declaración de 2018 del IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio.
