El jefe de gabinete de Puigdemont recurre la acusación de terrorismo en 'Tsunami'
Josep Lluís Alay considera que «no se ha logrado acreditar» que sea una «organización de carácter terrorista»
Un agente de Policía en la entrada de la Audiencia Nacional | Fernando Sánchez (Europa Press)
El jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, se ha alineado con la Fiscalía y ha recurrido el auto del juez de la Audiencia Nacional que acordaba dirigir la investigación de Tsunami Democràtic contra el expresidente catalán al considerar que este tribunal no es competente para instruir la causa porque «no se ha logrado acreditar, ni siquiera indiciariamente», que la plataforma sea una «organización de carácter terrorista».
En un escrito de este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado Gonzalo Boye se adhiere al recurso de apelación presentado por el fiscal Miguel Ángel Carballo, que sostiene que las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la investigación, que arrancó hace cuatro años, «no han arrojado elementos que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista que es lo que justificaría la competencia de la AN».
«Asiste razón al Ministerio Fiscal en cuanto a que en el caso que nos ocupa de ningún modo podría atribuirse este juzgado la competencia material respecto de los hechos investigados, toda vez que no se ha logrado acreditar, ni siquiera indiciariamente, ninguno de los requisitos que la jurisprudencia ha establecido para identificar una organización o grupo criminal, ni mucho menos, una organización o grupo de esa naturaleza de carácter terrorista», aduce el escrito de Alay.
La representación de Alay asegura que «todo esto se sabía desde hace años y debió ponerse remedio entonces». «Pero nunca es tarde», añade, incidiendo en que «debe estimarse el recurso, acordarse la incompetencia» del Juzgado Central de Instrucción Número 6 «para conocer en el procedimiento y, en consecuencia, inhibirse en favor del órgano judicial competente territorialmente».
Alay critica que «este procedimiento no tiene una finalidad vinculada a la búsqueda de la verdad y la justicia, sino más bien una marcada intencionalidad política vinculada con las negociaciones actuales en torno a la ley de amnistía respecto de la minoría nacional catalana relacionada con el independentismo».
Sobre su participación
A juicio de la defensa, además, «resulta suficientemente indicativo de lo alejado a la realidad que significa atribuir» a Alay «una participación penalmente relevante en los sucesos que se investigan en este procedimiento el hecho de que el Ministerio Fiscal no le haya dedicado una sola línea con respecto a la posibilidad de atribuirle algún tipo de participación en los hechos».
En su recurso, la Fiscalía explica que no se puede sostener con el objetivo de imputar delitos de grupo u organización terrorista, «que la existencia de una aplicación digital, que en definitiva es lo único verdaderamente acreditado respecto Tsunami Democratic, sea determinante» para considerar que hay un grupo. «Bajo la existencia de una aplicación para teléfonos móviles no puede sostenerse que ‘es evidente que existiese una estructura asociativa completa compuesta por numerosas personas coordinadas'», indica.
En ese escrito, el fiscal disecciona ‘Tsunami’ y concluye que por lo que consta en el procedimiento esa plataforma «no puede ser considerada ni siquiera indiciariamente una organización estructurada y jerarquizada ni con vocación de permanencia con la existencia de varias personas con roles diversos, como manifiesta el instructor».
Alay es uno de los imputados en esta causa, en la que también se encuentran investigados la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el empresario Oriol Soler; el exconseller de ERC Xavier Vendrell; el empresario Josep Campmajo; el empresario Jesús Rodríguez; el exdirigente de Omnium Jaume Cabani; el consejero de Omnium Oleguer Serra; así como Marta Molina y Nicola Flavio Giulio.
