Valencia investigará a la eurodiputada socialista Rodríguez Piñero por cobro irregular de dietas
Durante el periodo, que duró ocho años, Inmaculada Rodríguez cobró 40.000 euros brutos
La eurodiputada del PSPV-PSOE Inmaculada Rodríguez-Piñero en imagen de archivo | Europa Press
La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha anunciado que su departamento ha iniciado una investigación para depurar posibles responsabilidades ante un supuesto cobro irregular de dietas de la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero en el anterior Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, según han informado a Europa Press fuentes de su departamento.
Según publica este miércoles El Mundo, la Abogacía de la Generalitat considera en un informe, con fecha del 15 de noviembre, que la condición de diputado del Parlamento Europeo «es incompatible con la de vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia y con la percepción de cualquier remuneración pública que no provenga de su condición de diputado».
Por tanto, de acuerdo con esta información, la condición de eurodiputada de Inmaculada Rodríguez-Piñero resultaría incompatible con el cargo de vocal del Gobierno valenciano en el Consejo de Administración del Puerto, una responsabilidad que ocupó desde 2015, nombrada por el Consell de Ximo Puig, y hasta el pasado mes de septiembre. Durante este periodo, cobró 40.000 euros brutos.
Sin embargo, fuentes del PSPV han señalado que el nombramiento de Piñero se hizo «para mejorar el funcionamiento del Puerto y su conexión con Europa» y defienden que «nunca» recibieron ninguna advertencia de la Abogacía de la Generalitat sobre esta cuestión ni sobre la existencia de una supuesta irregularidad de la eurodiputada que, según la información publicada por El Mundo, alega que tiene los informes de compatibilidad del Parlamento Europeo.
Desde el PSPV atribuyen esta investigación a que con el nuevo Consell «hay un control político y una utilización de la administración valenciana para dañar al anterior gobierno» del Botànic y sostienen que el tiempo ha demostrado que el trabajo de Rodríguez Piñero ha sido «impecable», «bueno» para el Puerto y «nunca, en ningún caso, cuestionado jurídicamente».
Por tanto, creen que se trata de una «cortina de humo para tapar la inoperancia» del ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, y una «maniobra» suya y de la ultraderecha «ante la falta de gestión».
Por contra, Pradas sostiene que es «inaudito que una persona con una clamorosa causa de incompatibilidad haya estado cobrando dietas por 40.000 euros durante ocho años por un cargo que no podía ejercer y aún es más inaudito que el Consell de Ximo Puig nombrara en dos ocasiones a esta persona para ejercer el cargo de consejera del Puerto cuando la ley lo impide, según nos informa la Abogacía».
«Falta de controles»
Fuentes de su departamento señalan que, en el marco del proceso de renovación de los distintos organismos donde tiene participación la Generalitat, se están revisando las condiciones que deben reunir las personas que los conforman dentro de la labor de fiscalización y supervisión que les corresponde.
En este contexto, para la consellera, «resulta más que preocupante la evidente falta de controles y supervisión por parte de la Generalitat, que durante ocho años ha estado mirando hacia otro lado, permitiendo un caso tan flagrante de percepción irregular de dietas».
Para la responsable de Medio Ambiente, «estamos ante un acto más de irresponsabilidad y de carencia de vigilancia por parte de la administración del Botànic, una manifiesta dejación de funciones que evidencia la falta de respeto absoluta hacia nuestras instituciones y las buenas prácticas en el sector público».
Por ello, ha asegurado que desde el Consell se abrirá una investigación «para determinar las circunstancias en las que efectuó el nombramiento» y se recabará «toda la información, a fin de que se depuren responsabilidades y en su caso reclamaremos la devolución del dinero público recibido indebidamente».
«Hemos venido a cambiar las cosas, y a ejercer la política desde el rigor y el cumplimiento de la legalidad, porque nadie está por encima de la ley», ha apuntado la consellera.
