Los funcionarios de Justicia apremian a Bolaños para que aborde su aumento salarial
CCOO retomará las movilizaciones si el Gobierno incumple su promesa de tratar el conflicto que aparcaron por el 23-J
Félix Bolaños en un acto por el 45 aniversario de la Constitución española. | Borja Sánchez Trillo (EFE)
Los funcionarios de Justicia marcan de forma férrea a Félix Bolaños. Los sindicatos han descartado otorgar al nuevo ministro los 100 días de gracia habituales. Le solicitan reunirse para abordar la subida salarial que les prometió el equipo anterior tras incrementar las retribuciones de letrados de la Administración, jueces y fiscales. El dirigente socialista no ha contestado aún a esas peticiones, aunque las organizaciones sindicales esperan que lo haga después de que el Consejo de Ministros de este martes haya desbloqueado la pantalla nombrando a Manuel Olmedo como nuevo secretario de Estado de Justicia.
«Cada día que pasa es una oportunidad perdida», afirma Luis Calero, portavoz de CCOO. Su sindicato amenaza con retomar a mediados de diciembre las movilizaciones que aparcaron por las elecciones del 23 de julio si el nuevo secretario de Estado no concreta una oferta de negociación «inmediata». Hace unas semanas ya aprovechó la felicitación a Bolaños para recordarle que estaba pendiente resolver la situación que padecen unos 45.000 funcionarios de la Justicia. Una petición que también han realizado STAJ, CSIF y UGT.
CCOO sostiene que el nombramiento del nuevo secretario de Estado supone una apuesta de Bolaños por el continuismo, ya que es «uno de los protagonistas en su anterior responsabilidad del clasismo indecente en el anterior equipo del Ministerio de Justicia». Olmedo desempeñó en la pasada legislatura las tareas de secretario general para la Innovación y Calidad de la Justicia, un cargo que a partir de ahora recaerá en Sofía Puente, que hasta ahora era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Los deberes de Bolaños
«Se ha nombrado como máximos responsables de la gestión y la negociación a dos personas del equipo anterior, que si se distinguió por algo, ha sido por su falta de negociación con el personal de la Administración de Justicia, pero sobre todo por su clasismo insoportable, pues mientras era capaz de llegar a acuerdos con las élites de la Justicia», insiste CCOO en una nota de prensa.
El conflicto se originó hace más de un año, cuando los sindicatos se sintieron desplazados en la negociación colectiva del proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público, uno de los planes estrella de Pilar Llop, predecesora de Bolaños. Los sindicatos denuncian que la norma, que no llegó a aprobarse, se remitió por el anterior equipo del ministerio a las Cortes «sin haber sido negociado a pesar de afectar de forma directa a nuestras condiciones laborales».
Los funcionarios de Justicia comenzaron a reclamar en abril un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes «en concordancia» con el incremento retributivo pactado con los letrados apenas unas semanas antes. Los paros parciales se convirtieron en una huelga indefinida el 22 de mayo, días después de que el Gobierno aceptara subir los sueldos de jueces y fiscales, que amenazaron con ir a la huelga.
Los sindicatos intensificaron sus protestas, que acordaron suspender por la inminencia de las elecciones generales. No obstante, prometieron retomarlas si el nuevo Gobierno no se sentaba a negociar. El Ejecutivo se comprometió en octubre a subir el sueldo de los funcionarios de la Justicia, una vez que Pedro Sánchez fuese investido presidente.
Cambio de actitud
Calero, de CCOO, recibió esos días una llamada de un alto cargo del Ministerio de Justicia para comunicarle que el departamento de Hacienda había rectificado su posición inicial y accedía al aumento retributivo, aunque no concretó la oferta. El responsable sindical le conminó a oficializarlo o a convocar una mesa sectorial, a lo que el subordinado de Llop se negó.
Sánchez fue investido presidente el 16 de noviembre y cuatro días después nombró a sus ministros. Llop traspasó la cartera a Bolaños hace una semana. El dirigente socialista garantizó en su discurso que dialogaría con todos los operadores jurídicos y que trataría con los funcionarios de Justicia la subida salarial que quedó pendiente por el adelanto electoral.
«Los trabajadores de la Administración de Justicia nos sentimos injustamente atacados por el equipo saliente del ministerio y esperamos de la etapa que ahora comienza con usted al frente un cambio radical de actitud», escribió Calero a Bolaños cuando fue nombrado ministro de Justicia, cartera que suma a las de Presidencia y Relaciones con las Cortes.
El sindicalista ya sostenía en la misiva que el anterior equipo «en un alarde sin parangón de clasismo, de discriminación y de ninguneo» se negó a reconocer profesional y retributivamente a los funcionarios de la Administración de Justicia. E insiste: «La huelga general se interrumpió respetando el periodo electoral, pero el conflicto no ha terminado no terminará hasta que no se atienda la negociación de nuestras justas demandas». Bolaños estaba sobreaviso.
Diferencia de trato
Los funcionarios de Justicia denuncian una diferencia de trato con el resto de colectivos. A pesar de que ellos estuvieron mes de protestas y que se han reunido en varias ocasiones con el departamento de Llop, de la que solicitaron la dimisión, nunca recibieron propuesta económica alguna. Advierten de que no aceptarán un aumento «que no esté en línea de la acordada para los letrados de la Administraciones de Justicia».
«El Gobierno debe ser consciente y, además, responsable del tremendo atasco judicial provocado por la huelga y que tiene que resolver inmediatamente el conflicto. De lo contrario, la Administración de Justicia seguirá colapsada porque, sin planes de actuación negociados, los trabajadores no sacarán el trabajo atrasado», manifestó CCOO en una nota. Según sus cálculos, durante los paros se demoraron un millón y medios de procedimientos.
