El Gobierno estudia recurrir la sentencia del Supremo que anula el nombramiento de Valerio
Bolaños cree que el Alto Tribunal abre la puerta a que entidades privadas cuestionen decisiones del Ejecutivo
Félix Bolaños durante su encuentro con el comisario Didier Reynders. | Gobierno de España
El Gobierno estudia recurrir ante el Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que revoca el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. El Alto tribunal considera que la exministra socialista, que ejerce el cargo desde octubre del año pasado, no cumple uno de los requisitos exigidos, el de ser una jurista de reconocido prestigio. El titular de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado desde Bruselas que respeta la decisión, pero que no la comparte, ya que «abre la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia» del Ejecutivo.
Bolaños ha hecho estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido este jueves en Bruselas con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders. El hombre fuerte del Gobierno ha asegurado que las instituciones comunitarias tienen «cero preocupación» sobre la salud del Estado de derecho y la separación de poderes en España y que estas conocen «perfectamente» que la ley de amnistía es «conforme a la Constitución, al derecho de la UE y a los valores europeos». Apunta a que la preocupación «máxima» de Europa se centra en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El ministro ha tenido que apagar los fuegos que han encendido la sentencia de Supremo, que ha revocado el nombramiento de Valerio como presidenta del Consejo de Estado, y el informe de la mayoría conservadora del órgano de gobierno de los jueces, que ha censurado por primera vez la designación de un fiscal general. Bolaños ha señalado en el primer caso que respeta la decisión judicial, pero que no la comparte. «Creemos que no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente del Gobierno», ha insistido.
El Gobierno apoya a Valerio
«Valerio cuenta con una trayectoria de rigor, de profesionalidad, de conocimiento y de la Administración y del derecho», ha defendido el ministro. A su juicio, estas características «le hacen merecedora del puesto de la presidencia del Consejo de Estado». Bolaños ha avanzado durante la rueda de prensa, en la que también ha participado la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, que el Gobierno va a estudiar la sentencia «y en los próximos días» comunicarán si toman alguna acción.
La única vía que tiene el Gobierno es la del Tribunal Constitucional, con mayoría progresista (siete de 11 magistrados). El Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, por lo que sus decisiones no son recurribles. No obstante, contra sus resoluciones puede interponerse recurso de amparo ante la corte de garantías en el caso de que se considere vulnerado algún derecho fundamental.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo anuló este jueves el nombramiento de Valerio como presidenta del órgano consultivo supremo del Gobierno, cargo que ejerce desde octubre del año pasado. Los magistrados sostienen que la exministra de Trabajo de Pedro Sánchez no reúne el requisito de «jurista de reconocido prestigio» exigido por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado (LOCE).
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas, estima un recurso de la Fundación Hay Derecho. Los magistrados explican que Valerio reúne solo uno de los dos requisitos que fija el citado artículo de la ley para presidir el Consejo de Estado, que es el contar con experiencia en asuntos de Estado, pero no el de ser jurista de reconocido prestigio. La organización considera que el fallo supone «un paso histórico en la lucha de la sociedad civil frente al abuso de poder».
Numerosas responsabilidades públicas
Valerio, de 64 años, ha pasado por numerosas responsabilidades públicas. Fue ministra de Trabajo en el primer Gobierno de Sánchez y cuando abandonó la cartera, fue elegida presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. La presidenta del Consejo de Estado también ha sido diputada en dos legislaturas, consejera de Castilla-La Mancha con Emiliano García Page entre 2005 y 2010, teniente de alcalde y concejal.
Bolaños también se ha referido al informe del CGPJ, que por primera vez en democracia ha rechazado la idoneidad de un fiscal general del Estado. El ministro de Justicia considera que Álvaro García Ortiz cumple los requisitos y, por tanto, cualquier pronunciamiento que tenga en cuenta otros distintos se hace «al margen de la ley». El ministro ha insistido en que «hubo un informe del CGPJ hace apenas un año que lo dijo, que se cumplían esos requisitos. Y no hay más requisitos».
