Jueces y fiscales progresistas piden la dimisión en bloque del CGPJ para facilitar su renovación
Las asociaciones consideran que la falta de renovación «supone un perjuicio para la sociedad y la organización judicial»
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte | Fernando Sánchez (Europa Press)
Una «anormalidad institucional». Así califican la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) la situación que vive el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este lunes cumple cinco años con el mandato caducado. Ambas organizaciones han solicitado de forma conjunta la dimisión de su presidente y de sus vocales para facilitar la renovación, ya que este escenario supone «un evidente perjuicio para la sociedad y la organización judicial». Sin ir más lejos, impide cubrir las 24 vacantes que tiene el Tribunal Supremo. El Gobierno aprobó una reforma para evitar que se designaran nuevos altos cargos mientras persistiera el bloqueo.
«Acaban de cumplirse cinco años con el CGPJ en funciones. Pese a que el artículo 122.3 de la Constitución española establece que la duración de su mandato son cinco años, el actual lleva 10, tres presidentes y cuenta cada vez con menos vocales que dejaron de serlo por fallecimiento, jubilación o renuncia», afirman ambas asociaciones en un comunicado conjunto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La renovación del CGPJ estuvo cerca de producirse el año pasado, pero el PP decidió suspender las negociaciones en octubre al constatar la intención del Gobierno de reformar el Código Penal para rebajar las penas por los delitos de sedición. Era la ocasión en la que han estado más cerca del acuerdo, que ya saltó por los aires en otras cuatro ocasiones por diferentes motivos.
Sin acuerdo por el CGPJ
La primera vez que se malogró fue en noviembre de 2018, con Pedro Sánchez como presidente y Pablo Casado al frente de Génova. La filtración de un Whatsapp del popular Ignacio Cosidó defendiendo que la lista consensuada con el PSOE permitiría «controlar desde atrás» la Sala Segunda del Supremo dinamitó el pacto y provocó que el juez Manuel Marchena, elegido para presidir el nuevo CGPJ, renunciara. En los siguientes envites, el PP rompió las negociaciones porque no había sido informado de la marcha de Juan Carlos I y por la exigencia de dejar a Podemos fuera del órgano de gobierno de los jueces.
«Las numerosas excusas que opone el PP para mantener su bloqueo durante años, ya ni siquiera merecen comentario. En cambio, nos parece que quienes permanecen como vocales del CGPJ contribuyen decisivamente a mantener esta situación que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Personas que por su profesión y responsabilidad están obligadas a garantizar el cumplimiento de ambas, y del ordenamiento jurídico, prolongan su mandato sin credibilidad, sin legitimidad y sin rubor alguno», insiste el comunicado.
Las autoridades europeas urgen a España a poner solución al bloque del CGPJ mientras los grandes partidos se culpan mutuamente de la situación. «En este triste quinto aniversario reclamamos la dimisión del presidente y vocales del CGPJ siguiendo el ejemplo de quienes, anteriormente, constataron que no cabía prolongar irregularmente la duración de su mandato», reclaman las asociaciones. No es la primera vez la renuncia en bloque se pone sobre el tablero. En marzo, el vocal progresista Álvaro Cuesta propuso a sus afines abandonar el órgano, aunque la mayoría descartó hacerlo.
JJpD y UPF explican en el comunicado que «el Tribunal Supremo cada vez padece más vacantes, la mayoría de las presidencias de Audiencia y Tribunales Superiores de Justicia están en funciones y la falta de liderazgo del CGPJ entorpece el trabajo de juzgados y tribunales». En estos momentos, la cúpula judicial tiene más de 70 vacantes, un gran número en el Alto Tribunal, donde hay 24, un tercio del total de plazas. Mientras el mandato del Consejo esté caducado es imposible cubrirlas. Lo impide una reforma que aprobó el Gobierno en marzo de 2021.
«Desprestigio institucional»
Las asociaciones argumentan que, «con su proceder, han contribuido al desprestigio de una institución que constatamos se encuentra en franca descomposición». Además, aseguran que existe «un vergonzante abandono de funciones propias e imprescindibles, que no producen réditos políticos a quienes sin motivo legítimo les mantienen en el cargo, única preocupación desde hace demasiado tiempo de sus integrantes». JJpD y UPF también se han referido al uso partidista del CGPJ.
«Hay que recordar que un grupo mayoritario de vocales del CGPJ se permite intervenir en el debate partidista sobre una proposición de ley que ni siquiera se había presentado en las Cortes (la ley de amnistía), retrasar el preceptivo informe sobre proyectos de ley, como el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aún no han emitido, opinar con su cargo caducado y en funciones sobre la idoneidad del fiscal general del Estado, y demorar deliberadamente durante semanas la renovación del Tribunal Constitucional».
Eso, desde su punto de vista, lo demuestra el hecho de que el Tribunal Supremo «condenara al CGPJ por incumplir su obligación de regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral, o que anulara varios de sus nombramientos para el Tribunal Supremo o presidencias del Tribunal Superior de Justicia».
«Su actuación, además, afecta directamente al derecho al juez natural predeterminado por la ley, pues las comisiones de servicio que acuerdan con la excusa de reforzar juzgados y tribunales se verifican sin criterios objetivos y eludiendo el escalafón. En definitiva, abusan de su función, hace cinco años caducada, incumplen la Constitución que juraron acatar y manchan la imagen de imparcialidad de la judicatura con su servilismo a opciones partidistas».
