'Caso Tsunami': el entorno de Puigdemont planeó iniciar otro 'procés' tras la pandemia
La organización avanzó «en la creación de estructuras de Estado» para evitar el control de España tras la independencia
Carles Puigdemont, en Bruselas para explicar los detalles de su apoyo a Sánchez. | Europa Press
Tsunami Democràtic se ofreció a convertir en realidad la nueva hoja de ruta que el entorno de Carles Puigdemont se planteó en 2020 para lograr la independencia unilateral de Cataluña. La Guardia Civil intervino durante meses las llamadas telefónicas de una docena de empresarios, informáticos y políticos independentistas investigados por presuntos delitos de terrorismo en una pieza separada del caso Tsunami. Los presuntos ideólogos de la plataforma independentista y otras personas vinculadas con la cúpula del Consell per la República de Puigdemont, a quienes los investigadores situaban entonces como promotores de un presunto plan para crear de «infraestructuras de Estado» que permitieran la futura desconexión de Cataluña, según nuevos documentos de la causa a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Un informe de la Guardia Civil, fechado en junio de 2020, revela que la «rama informática» de la cúpula de Tsunami Democràtic se había encargado de «proporcionar todo lo necesario para los fines de la organización». Es decir, «promover la independencia de Cataluña del territorio nacional y con ello la finalidad proclamada de continuar con los postulados del 1 de octubre, tal y como consta en las conversaciones», indicaba el juez Alejandro Abascal en uno de los autos que figuran en una de las piezas separadas del caso Tsunami que había permanecido bajo secreto hasta ahora.
Tras analizar el informe entregado por la Guardia Civil, y que contiene las transcripciones de las conversaciones telefónicas intervenidas durante meses, el magistrado de la Audiencia Nacional consideró que «la organización investigada» continuaba avanzando «en la creación de estructuras de Estado tendentes todas ellas a evitar, una vez declarada unilateralmente la independencia de una parte del territorio nacional, el control por parte del Estado español».
La ‘República Digital’ de Puigdemont
En el informe policial se daba cuenta de que los ideólogos de Tsunami Democràtic habían desarrollado una serie de herramientas informáticas y económicas, a través del proyecto Vocdoni, con el objetivo de permitir la celebración de una «votación digital» y la proclamación de una «república digital» en los mismos términos que había planteado el Consell de la República. También se apuntaban indicios de la existencia de una clara voluntad, por parte de los investigados, de evitar el control del Estado mediante un entramado empresarial en Estonia y con la creación de una criptomoneda. Ambas cuestiones, a juicio del magistrado Abascal, estaban orientadas a la implementación de la denominada «República Digital» de Puigdemont.
De las conversaciones intervenidas a más de una decena de investigados -entre informáticos, activistas, empresarios y trabajadores del Consell de la República-, la Guardia Civil creyó haber encontrado indicios del sistema ideado para financiar el objetivo independentista. Ese entramado, según los informes policiales, pudo ser sustentado desde la fundación Nord, una entidad sin trabajadores que se habría dotado inicialmente de 30.000 euros, y otra subvención de otros 100.000 euros prometida por la Diputación de Gerona después del primer confinamiento de la pandemia.
«En lo que respecta a aspectos financieros, significa que desde el seno del Consell Per La República, y en el marco de la mencionada e-República, se estarían desarrollando herramientas digitales para articular una nueva estructura del sistema financiero catalán, al que denominan e-Finances, existiendo igualmente sospechas por parte de esta Instrucción de que los desarrolladores del proyecto Vocdoni podrían estar apoyándose en la Fundación NORD, promovida por Joan Matamala y Jordi Baylina, para ser usada como medio de financiación y/o prueba de esos mismos proyectos», señalaba el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tras analizar el informe de los investigadores aportado a esta pieza separada en junio de 2020.
A petición de la Guardia Civil y la Fiscalía, el juez acordó prorrogar las escuchas telefónicas a 12 investigados. Y permitió intervenir el teléfono de otro nuevo sospechoso: el jefe de la oficina de Puigdemont, José Luis Alay. Entre los investigados en esa pieza separada se encuentra también el entonces presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona y actual diputado en el Parlament de Cataluña por Junts, Joan Canadell. La Guardia Civil sospechaba que este último habría puesto esa institución empresarial al servicio del Consell per la República de Puigdemont.
Algunas de las escuchas acreditaban «diferentes comunicaciones» mantenidas entre el entonces presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona y «los principales responsables del Consell per la República». Otros de los investigados, según el auto del juez Abascal, eran personas que trabajaban en el equipo de Puigdemont y que tenían «relaciones con personas estrechamente vinculadas a Tsunami, como es el caso de Joan Matamala».
