La Audiencia Nacional permite continuar las exhumaciones en el Valle de los Caídos
Los trabajos se paralizaron tras la denuncia de la nieta de una víctima, pero no se encuentra en la cripta donde se trabaja
Vista aérea del Valle de los Caídos. | Rafael Bastante (Europa Press)
Luz verde a las exhumaciones en el Valle de los Caídos. El juzgado de la Audiencia Nacional ha levantado la suspensión apenas unos días después de que ordenara paralizar los trabajos de forma cautelarísima tras la denuncia de Abogados Cristianos, que actúa en representación de la nieta de una de las más de 33.000 personas asesinadas durante la Guerra Civil que siguen enterradas en el complejo. Patrimonio Nacional alegó que los restos de la mujer no se encuentran en la cripta donde trabajan los especialistas y, por tanto, su petición carece de legitimidad. La organización de juristas anuncia que recurrirá la decisión.
El auto, que ha sido adelantado por EL PAÍS, admite que los trabajos «no afectan materialmente a los derechos invocados» por la demandante y que existe «un conjunto de actuaciones judiciales y administrativas previas que constituyen su soporte». El texto indica que Patrimonio Nacional ya explicó a la mujer que solicitó paralizar las exhumaciones en el Valle de los Caídos la situación de su familiar.
Los restos a los que alude se encuentran depositados en un osario diferente a los que se está trabajando. Contiene 16 cuerpos identificados y, según atestiguan los documentos entregados a los descendientes, fueron trasladados a la Capilla del Pilar tras unas inundaciones en 1990. Así lo explica la Abogacía del Estado en el escrito de 42 páginas que entregó al juzgado. Abogados Cristianos argumenta que se han realizado «movimientos óseos» de unas capillas y criptas a otras «que no han sido recogidas en los libros de registro».
Trabajos en el Valle de los Caídos
El juez decidió hace unos días suspender de forma inminente las exhumaciones en el Valle de los Caídos hasta que el Gobierno se pronunciara. Abogados Cristianos considera que los trabajos autorizados por el Ministerio de la Presidencia desde junio para recuperar los restos de 128 víctimas suponen una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa, que ampara el derecho a una sepultura digna.
En su escrito, presentado en octubre, aseguraba que «la mera necesidad de tener que realizar las pruebas de ADN a los cadáveres (lo que implica cierto grado de profanación), se está incurriendo en una vulneración de un ejercicio de la libertad religiosa». En su denuncia insiste en que «para realizar estas pruebas no han solicitado consentimiento a los familiares». Sin embargo, las alegaciones de la Abogacía del Estado son claras: esos restos no se encuentran en la cripta donde trabajan los especialistas.
Tras conocerse que un juzgado volvía a paralizar las exhumaciones en el Valle de los Caídos, representantes del Gobierno tuvieron una reunión con descendientes de las víctimas en La Moncloa. El encuentro sirvió para tranquilizarles, ya que le adelantaron la situación. Además, les informaron de que los trabajos ya se encuentran en el segundo nivel del complejo. El equipo científico está realizando estudios antropológicos, aunque por el momento no ha efectuado ninguna nueva identificación.
En agosto, 1o familias pudieron recuperar a sus parientes. Eran las primeras víctimas identificadas en los trabajos de exhumación iniciados en junio en el Valle de los Caídos. Los restos fueron entregados por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una emotiva ceremonia celebrada en el Parque de La Ermita de la Virgen de Rivilla, junto al cementerio de Pajares de Adaja. Siete de ellos provenían de esta localidad de Ávila de apenas 150 habitantes.
Trabas burocráticas
Los descendientes han tenido que superar diferentes trabas burocráticas y esperar casi nueve décadas para ofrecerles un entierro digno. Un centenar de familias siguen esperando para recuperar a sus parientes enterrados en el Valle de los Caídos. Algunos, como Manuel Lapeña, fallecieron sin cumplir su sueño. Tras décadas de silencio, este aragonés allanó el camino al interponer la primera denuncia para sacar a su padre y a su tío de Cuelgamuros. Luego se adhirieron otras víctimas.
El Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial dio luz verde en 2016 a las exhumaciones de los hermanos Lapeña, las primeras en el Valle de los Caídos, en cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica aprobada una década antes durante la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, un juzgado se cruzó en el camino y acordó suspender las labores de forma cautelar. Desde entonces han ido encadenando trabas.
Tras siete años de obstáculos, el Tribunal Supremo dio luz verde a los trabajos en marzo tras rechazar el recurso de una asociación que denunció irregularidades en la concesión de la licencia municipal para comenzar las exhumaciones. Los operarios iniciaron las labores el 12 de junio. Solo un mes más tarde, la Audiencia Nacional volvió a rechazar las medidas cautelares que solicitó la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.
