El Gobierno reúne a las familias del Valle de los Caídos tras el freno judicial a las exhumaciones

Una vez más, una decisión judicial se interpone en su camino. Los descendientes de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos esperan superar pronto el último escollo para recuperar los restos de sus seres queridos. El Gobierno ha intentado tranquilizarles este martes, en una reunión en La Moncloa a la que han asistido una veintena de familiares. El encuentro ha servido para informarles de los avances en las exhumaciones, que ya se encuentran en el segundo nivel del complejo. El equipo científico está realizando estudios antropológicos, aunque por el momento no ha efectuado ninguna nueva identificación.

La reunión, convocada la semana pasada, se ha celebrado a mediodía y se ha desarrollado durante más de hora y media porque los asistentes tenían «muchas dudas». Especialmente, después de que un día antes un juzgado de la Audiencia Nacional ordenara paralizar de forma inminente las exhumaciones del Valle de los Caídos, como solicitó Abogados Cristianos, que actúa en representación de la nieta de una de las más de 33.000 personas que siguen enterradas en el complejo.

«El Gobierno nos ha pedido que estemos tranquilos, que va a recurrir el auto», explica a THE OBJECTIVE uno de los participantes. Son descendientes de víctimas de la Guerra Civil en Aragón y Cataluña, a los que han asegurado que los restos de la persona por la que se han tomado medidas cautelarísimas no están en el nivel dos. En la reunión han estado presentes el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el forense Francisco Etxeberria.

Identificados en el Valle de los Caídos

Uno de los asistentes afirma que los expertos les han adelantado que han encontrado menos cajas de las esperadas. No obstante, en algunas de ellas han descubierto más cuerpos de los previstos. «Las cajas están muy deterioradas y nos han mostrado fotos de una especie de luz que usan para leer rótulos que no están visibles a simple vista», relatan. También se han producido momentos emotivos, como cuando varios familiares se han abrazado y llorado de emoción al conocer que han ubicado la caja donde están sus seres queridos.

En agosto, 1o familias pudieron recuperar a sus parientes, las primeras víctimas identificadas en los trabajos de exhumación iniciados en junio en el Valle de los Caídos. Los restos fueron entregados por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una emotiva ceremonia celebrada en el Parque de La Ermita de la Virgen de Rivilla, junto al cementerio de Pajares de Adaja. Siete de ellos provenían de esta localidad de Ávila de apenas 150 habitantes.

Los siete de Pajares fueron fusilados por falangistas en una cuneta de Aldeaseca la madrugada del 20 de agosto de 1936, en los inicios de la Guerra Civil. Luego los lanzaron a un pozo, pero las autoridades franquistas les trasladaron sin permiso al Valle de los Caídos en 1959, año que se inauguró el complejo. Entre las víctimas se encontraba el padre de Fausto Canales, que a sus 90 años hace solo cuatro meses que pudo cumplir el sueño de toda una vida: enterrar dignamente a su progenitor.

Su lucha comenzó cuando averiguó que los restos habían sido arrancados del pozo al que habían sido arrojados. Era la tónica habitual: el régimen recurrió a las fosas de los vencidos para completar el mausoleo que construyó el dictador Francisco Franco con ayuda de mano de obra gratuita de los republicanos condenados, que de esa manera rebajaban su pena.

Trabas burocráticas

Los descendientes han tenido que superar diferentes trabas burocráticas y esperar casi nueve décadas para ofrecerles un entierro digno. Durante ese tiempo debieron convivir con su verdugo (el dictador fue trasladado al cementerio de Mingorrubio en octubre de 2019). «He pensado en mi madre, que se quedó viuda a los 30 años y se pasó llorando el resto de su vida (falleció en 2005, con 99 años). Y en mi hermano Victorico, que murió hace un año y no ha podido vivir este día», explicaba Canales a este diario tras recibir los restos de su padre.

Un centenar de familias siguen esperando para recuperar a sus parientes enterrados en el Valle de los Caídos. Algunos, como Manuel Lapeña, fallecieron sin cumplir su sueño. Tras décadas de silencio, este aragonés allanó el camino al interponer la primera denuncia para sacar a su padre y a su tío de Cuelgamuros. Luego se adhirieron otras víctimas. Sin embargo, los trabajos se demoraron por el recurso de una asociación que intentó entorpecer las exhumaciones.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial dio luz verde en 2016 a las exhumaciones de los hermanos Lapeña, las primeras en el Valle de los Caídos, en cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica aprobada una década antes durante la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno encargó en 2021 a Tragsa las obras para acceder a las criptas del Valle de los Caídos. Concedió una subvención de 665.000 euros para identificar y exhumar a las víctimas. Patrimonio Nacional, organismo que gestiona el espacio, consideró que la empresa pública cuenta «con los medios humanos y técnicos suficientes para la realización de los trabajos». Sin embargo, un juzgado se cruzó en el camino y acordó suspender las labores de forma cautelar. Desde entonces, se han ido encadenando trabas.

Medidas cautelarísimas

La última este mismo lunes, cuando el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 de la Audiencia Nacional ordenó paralizar las exhumaciones en marcha en el Valle de los Caídos. El juez admite las medidas cautelarísimas solicitadas por Abogados Cristianos, que actúa en representación de la nieta de una de los más de los 33.000 asesinados durante la Guerra Civil que siguen enterrados en el complejo. El Gobierno ya anunció que presentará alegaciones porque «no concurren los requisitos que aduce la denuncia».

La asociación de juristas argumentó que «el derecho constitucional a la libertad religiosa ampara el derecho a una digna sepultura». En su escrito, presentado en octubre, aseguró que «la mera necesidad de tener que realizar las pruebas de ADN a los cadáveres (lo que implica cierto grado de profanación), está incurriendo en una vulneración de un ejercicio de la libertad religiosa». El juez ha decidido paralizar de manera inminente las exhumaciones para «tomar conocimiento más profundo de la situación para resolver la medida cautelar con carácter definitivo».

Tras siete años de trabas burocráticas, el Tribunal Supremo dio luz verde a los trabajos en marzo tras rechazar el recurso de una asociación que denunció irregularidades en la concesión de la licencia municipal para comenzar las exhumaciones. Los operarios iniciaron las labores el 12 de junio. Solo un mes más tarde, la Audiencia Nacional ya rechazó las medidas cautelares que solicitó la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.

La organización recurrió el auto y solicitó la inadmisibilidad de la demanda principal, a lo que se negó la Fiscalía. El Ministerio Público alegó que la suspensión de las actuaciones generaría «un evidente perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación y, en concreto, al cumplimiento del deber de la Administración Pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas», un mandato recogido en la Ley de Memoria Democrática, aprobada el año pasado.