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Las víctimas del franquismo critican al Gobierno por utilizar la memoria de manera partidista

La ARMH lamenta la falta de criterio político y que se busque confrontar con las regiones gobernadas por PP y Vox

Las víctimas del franquismo critican al Gobierno por utilizar la memoria de manera partidista

Exhumación de víctimas del franquismo en el cementerio de Jaca (Huesca). | ARMH

La memoria histórica está en peligro de extinción. Las asociaciones memorialistas advierten del peligro que supone suprimir estas leyes autonómicas, como pretenden las regiones gobernadas por PP y Vox. Este 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, ambos partidos han iniciado en las Cortes de Aragón los trámites para derogar una norma aprobada hace solo cinco años. Lo han hecho el mismo día en que se ha conocido la composición del nuevo Gobierno, en el que la competencia de Memoria Democrática pasa al Ministerio de Política Territorial. Un movimiento que critica la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) porque supone utilizar a las víctimas «para su pelea con las comunidades gobernadas» por la derecha.

«Nuevo ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. El Gobierno quiere utilizar la memoria de las víctimas del franquismo para su pelea con las comunidades gobernadas por PP-VOX. No empieza bien», ha escrito la ARMH en su perfil de X, antes Twitter.

Emilio Silva, presidente de la ARMH, critica que las regiones gobernadas por los populares hayan iniciado los trámites para derogar las leyes de memoria. El último caso, Aragón, aunque no es la única. Cantabria los inició a finales de septiembre para suprimir «a la mayor brevedad» una norma que solo lleva dos años en vigor. Castilla y León trabaja en la elaboración de una ley de concordia que sustituya la actual porque «divide» a la sociedad. Baleares y Valencia también han mostrado su interés en terminar con unas leyes que considera ideológicas.

Competencias del Gobierno

«La ley estatal (en vigor desde octubre del año pasado) no crea ninguna obligación. Es un batiburrillo que no deja las cosas claras. Algunas de las competencias son autonómicas», lamenta Silva. El presidente de la ARMH, la organización que inició las exhumaciones científicas de desaparecidos en 2000 sin ayuda económica de las Administraciones, opina que la decisión de Pedro Sánchez de aunar Memoria Democrática y Política Territorial persigue «poner en conflicto» al Estado y las comunidades autónomas.

Félix Bolaños se convierte en el hombre fuerte del nuevo Gobierno al concentrar las carteras de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia. No obstante, deja de liderar la de Memoria Histórica. Silva reprueba ese movimiento porque, en su opinión, demuestra que los socialistas «no tienen un criterio político». Sus competencias han pasado por tres departamentos distintos desde que Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018: Justicia (bajo el liderazgo de Dolores Delgado), Presidencia y ahora Política Territorial.

«Es una patata caliente con la que no saben qué hacer. El Gobierno no tiene una idea clara. Es incomprensible. No sucede lo mismo, por ejemplo, con la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, que siempre ha formado parte del Ministerio de Interior», subraya Silva. Durante la presidencia de Sánchez se ejecutaron las exhumaciones de Franco (octubre de 2019) y de José Antonio Primo de Rivera (el pasado abril), enterrados hasta entonces en el Valle de los Caídos, renombrado como Cuelgamuros.

La labor de Bolaños fue esencial en ambas exhumaciones, ya que se encargó de negociar con sus familias. Sin embargo, las asociaciones memorialistas le achacan su papel en el retraso en la recuperación de los restos de más de un centenar de víctimas en el Valle de los Caídos. Sus descendientes critican que se enteraron del inicio de los trabajos por la prensa. A pesar de ello, una decena de familias recuperaron en agosto a sus seres queridos asesinados por los falangistas en la provincia Ávila.

Las críticas alcanzaron al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, cuyo cargo está en el aire. Si no continúa existen varias opciones para sustituirle, entre las que destaca Diego Blázquez, director general de Memoria Democrática desde julio de 2021. Otra posibilidad es que el nuevo ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, abogue por una persona externa que podría venir de Canarias, la región que ha presidido los últimos cuatro años.

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