Las víctimas de ETA solicitan al Gobierno que aumente el personal que les ayuda
Los miembros de la Oficina de Información y Asistencia de la Audiencia Nacional se han reducido a la mitad desde 2017
El exjefe de ETA ‘Mikel Antza’ acude a declarar a la Audiencia Nacional por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. | Ricardo Rubio (Europa Press)
Las víctimas de ETA van a solicitar al Gobierno que aumente el personal de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional (OIAVT). La información publicada por THE OBJECTIVE ha soliviantado a la mayoría de asociaciones, que consideran que están siendo relegadas. La atención a los damnificados en este tribunal ha adelgazado desde 2017. Ese año la plantilla estaba compuesta por cinco personas, que se han convertido en dos en la actualidad. El Ministerio de Justicia pretende contrarrestar la rebaja con la dotación de la recién creada oficina para asistir a los perjudicados de delitos distintos al terrorismo.
Una de las asociaciones que más énfasis ha puesto en la reducción de efectivos de la oficina de la Audiencia Nacional ha sido Dignidad y Justicia. Las organización que preside Daniel Portero ha conseguido que se reabran una decena de causas contra los jefes de ETA. Considera que los damnificados aún necesitan el servicio y que todavía existen 379 crímenes sin resolver, pese a que la banda terrorista anunció el cese definitivo de la actividad armada en octubre de 2011.
«Esta reducción es una muestra de que al Gobierno le interesa más ser amigo de los etarras de Bildu que de las víctimas, que ya pintan muy poco o nada. Se prefiere estar con los verdugos. Dignidad y Justicia ha abierto una decena de causas contra los jefes de ETA que están generando la colaboración de muchas víctimas. Deben revivir mucho dolor, pero eso al Gobierno no le preocupa», se queja Portero a este diario.
Reproches de las víctimas de ETA
El presidente de Dignidad y Justicia lamenta que se está volviendo poco a poco «a la época en la que las víctimas enterraban a sus muertos a escondidas y con nocturnidad». En su opinión, se trata de «un involucionismo en derechos humanos». «Las víctimas son el referente moral y motivo que permite al presidente del Gobierno sentarse en La Moncloa en un Estado de derecho democrático que él mismo se está cargando», insiste Portero.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) subraya que la oficina que asiste a las víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional lleva años disminuyendo su personal. Reconoce que el fenómeno es preocupante, pero admite que, en su caso, tramita la mayoría de cuestiones con la oficina del Ministerio del Interior, que mantiene tanto la plantilla como los medios de años anteriores.
La Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional (Oiavt) se creó en 2006. En sus inicios se dotó con dos personas, ambas funcionarias de la Administración de Justicia. En enero de 2013 se aumentó la plantilla con la incorporación de una psicóloga especializada. Las víctimas comenzaron a recibir entonces apoyo emocional y terapéutico, funciones que se unían a las de acompañamiento y asesoramiento que ya se estaban desarrollando.
La oficina llegó a contar con cinco profesionales. El cese de una funcionaria en 2017 hizo que la plantilla se redujera a cuatro: tres miembros de la Administración de Justicia y una psicóloga, según consta en la memoria anual de la Audiencia Nacional. Los profesionales para asistir a las víctimas del terrorismo siguieron menguando y se convirtieron en tres en 2020. En buena medida porque los asuntos disminuyen cada año. Si en 2019 se alcanzaron los 574 expedientes, un año más tarde descendió a 466, en 2021 a 427 y, el año pasado, a 409.
«No solo han reducido el personal, tampoco han dotado la oficina de medios», lamenta Maite Araluce, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). En una conversación telefónica con este diario, la hija del presidente de la Diputación de Guipúzcoa asesinado por ETA en octubre de 1976 sostiene que la política gubernamental es «un desastre». Asegura que la relación con el Ejecutivo actual es «inexistente», aunque han pedido información sobre este tema.
Dotar de medios y personal
Araluce recuerda que en 2020 la AVT realizó una guía de buenas prácticas en la que se pedía que se dotara de medios y personal a la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional (OIAVT). Entre otras demandas, se solicitaba un espacio adecuado porque la sede ubicada en la madrileña calle de Goya no alcanza las necesidades que requieren este tipo de lugares. E insiste: «Las víctimas del terrorismo tenemos unas características especiales».
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se congratuló el miércoles de haber duplicado los efectivos dedicados a asistir a las víctimas de delitos, que pasarán de 29 a 57 tras la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un salto cuantitativo gracias al refuerzo en 26 ciudades y la creación de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), que contará con una plantilla de tres personas, entre funcionarios y especialistas.
Estos profesionales podrán pasar temporalmente a gestionar causas de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional. Así lo establece el artículo 5 de la orden ministerial, que segura que la recién contada oficina «contará con una relación de puestos de trabajo conjunta con la finalidad de poder asignar indistintamente un determinado puesto de trabajo a cada una de ellas, en función de las necesidades del servicio que se aprecien de manera coyuntural».
A los juristas les llama la atención que el refuerzo a la asistencia de las víctimas, con 28 nuevos puestos de trabajo, no lleve aparejado un aumento de la dotación para apoyar a los damnificados por el terrorismo, especialmente tras el alza del yihadismo. El último año registró el récord de detenidos por este tipo de delitos desde el 11-M. «Es absurdo que no pongan más medios y reduzcan el personal mientras abren oficinas en otras ciudades», reprocha Araluce al Gobierno.
