La Audiencia Nacional enmienda a Pedraz y ordena abrir un sumario contra el hijo de Obiang
El magistrado renunció a investigar un caso de torturas a opositores y cedió la competencia a Guinea Ecuatorial
La Audiencia Nacional enmienda la última decisión del juez Santiago Pedraz. La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que obliga al magistrado a abrir un sumario contra un hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y dos altos cargos del régimen por secuestro, torturas y desaparición de cuatro opositores, dos de ellos nacionalizados españoles. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 había renunciado a investigar el caso cediendo la competencia a la justicia de la excolonia.
Pedraz acordó en un auto firmado el lunes ceder a Guinea Ecuatorial la jurisdicción para investigar el presunto secuestro y desaparición de cuatro miembros de la oposición, uno de ellos muerto en circunstancias desconocidas. El magistrado aludía en el texto, de apenas ocho páginas, que había recibido una comisión rogatoria en la que se informaba que la Corte Suprema de Justicia del país africano ya había abierto un procedimiento por los mismos hechos y contra las mismas personas, por lo que «no puedan perseguirse los delitos investigados en España».
Ese mismo día, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal emitió otro auto en el que se obliga a Pedraz a abrir una instrucción para investigar el papel de Carmelo Ovono, secretario de Estado de la Presidencia de Guinea Ecuatorial e hijo de Obiang, y el de otros dos miembros del Gobierno en el secuestro de los cuatro opositores, según ha avanzado El País y confirmado este diario. La petición llega después de que la familia de los afectadas recurrieran, según las fuentes consultadas.
Revoca la decisión de Pedraz
«La decisión (de Pedraz) recurrida no resulta adecuada, debiendo ser revocada (…) debiendo el juzgado continuar la tramitación del presente proceso por los trámites de sumario», reprocharon los magistrados Fernando Abreu, María Teresa García y Joaquín Delgado (como ponente) al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Pedraz dictó este martes un nuevo auto en el que acata la decisión de los tres magistrados de la Sala y lo convierte en sumario. La maniobra es importante, ya que modifica la situación procesal. A partir de ahora, las diligencias pasan de ser un procedimiento abreviado a un sumario (para delitos con penas de prisión de más de nueve años), por lo que será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la única que podrá decidir su archivo, indican a THE OBJECTIVE fuentes del órgano.
El magistrado ha perdido la competencia para cerrar el caso, como pretendió sin éxito el pasado lunes en un auto en el que afirmó que no duda de «la imparcialidad» de la justicia de Guinea Ecuatorial, cuyo principal responsable es Teodoro Obiang, presidente del país y padre del principal investigado. Su defensa la ostenta Javier Gómez Bermúdez, exjuez de la Audiencia Nacional y antiguo compañero de Pedraz.
Los abogados de las víctimas, apoyados por la Fiscalía, solicitaron en septiembre que se abriera un sumario ya que los delitos por los que se investiga al hijo de Obiang y a los otros dos altos cargos del régimen guineano superan los nueve años de prisión. Pedraz lo denegó mediante una providencia en la que afirmaba que «se están practicando las diversas diligencias para esclarecer la naturaleza y circunstancias del hecho, así como los posibles partícipes».
Finalidad terrorista
El ponente admite cuatro meses después el recurso de apelación presentado por los querellantes con el mismo argumento: que las penas de los posibles delitos investigados superan los nueve años, lo que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal supone la apertura de un sumario. En sus propios textos, Pedraz señala que las diligencias son por secuestro con finalidad terrorista, torturas y contra la integridad moral, desaparición forzada y delito de lesa humanidad. Todos ellos con penas superiores a los nueve años de prisión.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también deberá pronunciarse en las próximas sobre la negativa de Pedraz a dictar orden de búsqueda y captura contra los tres investigados, todos ellos altos cargos en el régimen de Guinea Ecuatorial (el hijo de Obiang es el responsable del espionaje internacional). La Fiscalía y la familia de las presuntas víctimas reclaman este paso desde marzo.
La decisión de la Sala de lo Penal ya enmendó la plana a Pedraz en septiembre, cuando le ordenó investigar el origen de los casi 800.000 euros que el hijo de Obiang ahora investigado ingresó en billetes de 200 y 500 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. Cuenta cerrada por el banco después de las advertencias de su servicio de Cumplimiento. Los magistrados piden que se indague el uso y procedencia de este dinero por si se utilizó para financiar el espionaje, secuestro y torturas a los cuatro opositores.
El origen del caso se remonta a noviembre de 2019. Las presuntas víctimas viajaron a Juba, capital de Sudán del Sur, para reunirse con otros movimientos políticos de oposición al régimen de Obiang, que rige los destinos de su país desde 1979, tras un golpe de Estado contra su tío, Francisco Macías Nguema. Allí habrían sido engañados y apresados por el hijo del dictador, responsable del espionaje exterior.
Tras ser detenidos fueron trasladados a Guinea para ser interrogados. Uno de ellos murió en la cárcel, en circunstancias desconocidas. El caso ha sido abordado incluso en el Parlamento Europeo, donde una abrumadora mayoría reclamó sanciones a la dictadura de Guinea Ecuatorial, a la que responsabilizó de la muerte del opositor. La Fiscalía ya solicitó en diciembre la captura del hijo de Obiang, tras no comparecer en la Audiencia Nacional.