El juez de las mascarillas 'fake' de Salvador Illa desoye a la Fiscalía y prorroga la investigación
El magistrado Carlos Valle rechaza archivar el caso, amplía la instrucción hasta junio y solicita un nuevo informe al Gobierno
Salvador Illa, exministro de Sanidad y actual líder del PSC. | Europa Press
Se prolonga otros seis meses la investigación judicial sobre el líder del PSC, Salvador Illa, por la compra de un lote de dos millones de mascarillas defectuosas a una empresa china cuando aún era ministro de Sanidad. Un material sanitario no homologado que presuntamente fue utilizado por médicos y enfermeros en hospitales públicos de distintos puntos de España en abril de 2020, poniendo en riesgo su seguridad cuando se registraban centenares de muertos diarios por la covid-19. Aunque la Fiscalía pidió nuevamente cerrar el caso el pasado mes de noviembre, aún queda partido por jugar y el Ministerio de Sanidad tendrá que aportar nuevos documentos al juez Carlos Valle, según informan fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE.
El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha acordado prorrogar hasta finales de junio la investigación para esclarecer si el actual jefe de los socialistas catalanes incurrió en un delito contra la seguridad de los trabajadores del sector sanitario, cuando era ministro, por la compra de ese material defectuoso a un distribuidor chino que nunca antes había trabajado en el sector. Un lote de dos millones de mascarillas defectuosas FFP2 N95, de la marca Garry Galaxy, adquiridas por Sanidad como parte de un contrato de 23,8 millones de euros adjudicado a la empresa Hangzou Ruining Trading, sin publicidad ni licitación previa, al inicio de la pandemia.
En contra de la última petición de la Fiscalía especializada en delitos de siniestralidad laboral, que desde el principio ha defendido la inexistencia de indicios que permitan atribuir responsabilidad alguna al exministro, en su último auto el magistrado instructor también ha solicitado a un organismo público dependiente del Ministerio de Sanidad un informe detallado sobre el estado concreto de las mascarillas y su nivel de filtrado real en el momento en el que llegaron a territorio español, según añaden fuentes jurídicas conocedoras del caso.
Salvador Illa y las mascarillas ‘fake’
La causa se reabrió en diciembre de 2022 por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, tras varios periplos por distintos juzgados de Madrid y Cataluña, pero se inició dos años antes a raíz de una querella interpuesta por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra Salvador Illa como presunto máximo responsable de la compra, distribución y suministro a hospitales de diferentes regiones.de esas mascarillas defectuosas procedentes de china cuando aún era ministro.
Tras la reapertura del caso, el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid requirió hace un año una ingente cantidad de documentos al Ministerio de Sanidad y otros dos organismos públicos, el Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst). El objetivo era obtener información concreta sobre la gestión del lote de dos millones de mascarillas defectuosas FFP2 N95, de la marca Garry Galaxy, adquiridas a la empresa china Hangzou Ruining Trading.
Enfermeros y médicos afectados
Según la querella que dio origen al caso, esas mascarillas no homologadas fueron utilizadas por médicos y enfermeros en distintos hospitales de España durante el pico más mortífero de la covid-19, en abril del año 2020. El Ministerio de Sanidad habría tardado una semana en retirarlas del mercado pese a que fue alertado de sus deficiencias de seguridad por parte de las autoridades sanitarias de Aragón y la Comunidad Valenciana.
En su denuncia, el sindicato médico se querellaba exclusivamente contra Salvador Illa por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores del sector sanitario como responsable de haber facilitado ese lote de dos millones de mascarillas defectuosas a trabajadores del sector sanitario durante la primera ola de la pandemia. Su nivel de filtrado era de tan solo el 70%, «muy lejos del 92% mínimo» que exige la normativa. La empresa Hangzou Ruining Trading actuó como contratista del Gobierno para el transporte de material sanitario durante la pandemia, pero nunca se había dedicado al sector antes.
Vínculos con el ‘caso Travis’
Uno de los fundadores de esa mercantil asiática, Xiaojuan Li, figura también entre los administradores de Hong Kong Travis Asia, otra de las empresas chinas que recibió el mayor de los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Sanidad al inicio de la pandemia: 192,5 millones de euros por mascarillas que, como reveló este medio, llegaron con casi un año de retraso pese a ser pagadas por adelantado.
Los contratos de esta última empresa están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid en otra causa abierta a raíz de una querella de Vox y en la que hay dos exaltos cargos del Ministerio de Sanidad investigados por prevaricación y malversación en relación a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación a Hong Kong Travis Asia, vinculada a través de uno de sus socios a Hangzou Ruining Trading.
Como adelantó este diario, el pasado mes de diciembre el partido político pidió a la juez Concepción Jerez que solicite traslado de toda la documentación aportada por Sanidad en el caso que dirige el magistrado Carlos Valle en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid. Fuentes jurídicas afirman que aún no ha habido decisión de la jueza respecto de solicitar copia de las actuaciones al juzgado que investiga al exminsitro Salvador Illa por las mascarillas defectuosas.
Documentación aportada por Sanidad
En cuanto al caso denunciado por el sindicato médico CESM, el Ministerio de Sanidad tardó nueve meses en enviar la información requerida por el juez Carlos Valle el año pasado, a instancias de la Audiencia Provincial, en el auto en el que se acordó la reapertura de la causa contra el exministro Illa por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores del sector sanitario. El expediente completo con la documentación sobre las mascarillas defectuosas no llegó hasta el pasado mes de septiembre de 2023. No obstante, apenas dos meses después, la Fiscalía pidió de nuevo dar carpetazo a la investigación.
Esas mascarillas, según la denuncia del sindicato médico, «se utilizaron entre los días 5 y 17 de abril de 2020 por facultativos y otro personal sanitario en la atención a pacientes contagiados por la covid-19, lo que puso en grave riesgo a todo el personal receptor de las mencionadas mascarillas». La CESM también solicitaba en su escrito inicial esclarecer la posible responsabilidad de Illa en la compra y distribución de la partida de mascarillas defectuosas, que fueron entregadas al personal sanitario durante la primera ola de la pandemia, saltándose los trámites de homologación que correspondían al Instituto de Salud Carlos III.
Cataluña y Aragón dieron la alerta
Por un lado, el juez pedía dirigir sendos oficios al Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud de en el Trabajo (Insst) para que expidan certificación de los análisis de las mascarillas objeto de la querella. «Con expresión de la fecha de solicitud de análisis y organismo que lo encarga, fecha de recepción de las muestras, fecha y persona que emitió el informe, y fecha y organismo al que se hubiese remitido», indicaba el auto. Además, se ordenó dirigir al Ministerio de Sanidad un oficio para que aporte información sobre los acuerdos de distribución y entrega a las comunidades autónomas de las mascarillas no homologadas que fueron adquiridas a la empresa china.
También se solicitaba pedir todas las comunicaciones y documentación recibida con los responsables de las comunidades autónomas a las que se ordenó retirar las mascarillas, entre ellas Aragón y Cataluña, una vez que el Instituto Carlos III y el Insst se percataron de que estas no cumplían con la seguridad requerida para los sanitarios expuestos al covid-19 en la primera ola de la pandemia. Los magistrados de la Sección Segunda consideraban esencial la práctica de esas diligencias «a fin de que comience la investigación penal» sobre unos hechos que fueron denunciados en abril de 2020, y que han sufrido un largo periplo por distintos tribunales de España, sin que hasta ahora hayan sido analizados en profundidad por la Fiscalía.
Varapalo a la Fiscalía
11 meses después de que la Audiencia Provincial reprochase a la Fiscalía haber solicitado dar carpetazo a las actuaciones sin practicar averiguación alguna para esclarecer los hechos durante más de dos años, el Ministerio Público se mantenía inflexible en su posición. En un escrito enviado al juez el pasado mes de noviembre, como adelantó este diario, la Fiscalía solicitó de nuevo el archivo de la causa. Y lo hizo sin alusión alguna a la «voluminosa» documentación aportada el pasado mes de septiembre por el Ministerio de Sanidad en relación al lote de dos millones de mascarillas no homologadas por las que se investiga al exministro y actual líder del PSC.
Una posición que la Audiencia Provincial ya reprochó al Ministerio Público en el auto del 15 de diciembre de 2022 por el que se ordenó reabrir la causa. Aquel supuso el penúltimo revés para la Fiscalía en este caso. El Ministerio Público había defendido dar carpetazo a la causa, según los magistrados de la Sección Segunda, «sin practicar la más mínima diligencia».
La decisión del juez instructor de prorrogar la causa supone un nuevo varapalo para la Fiscalía en esta causa, que permanecerá abierta al menos hasta el próximo mes de junio y que podría afectar también al otro caso abierto en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid. Un procedimiento en el que se encuentran imputados dos exaltos cargos del Ministerio de Sanidad y una directora general del Ministerio de Hacienda y Función Pública por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario a empresas chinas por parte del Instituto Nacional de Gestión de la Salud (Ingesa), el organismo que se encargó de centralizar las compras para Sanidad durante la primera ola de la pandemia.
