Una juez abre una investigación contra el delegado del Gobierno por los gases en Ferraz
Francisco Martín y los mandos policiales, denunciados por prevaricación y disolución ilegítima de una reunión pacífica
Manifestación en Ferraz contra la ley de amnistía el pasado 6 de noviembre. | EFE
El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha abierto, a iniciativa de la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, diligencias penales contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y contra los mandos policiales responsables de las cargas policiales y el lanzamiento de gases lacrimógenos contra los manifestantes que protestaban contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la ley de amnistía en la calle Ferraz el pasado 6 de noviembre. Así consta en el auto al que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE.
En este, la magistrada Josefa Bustos concluye que «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Decide incoar diligencias previas por el presunto delito de prevaricación administrativa contra los mandos policiales que ejecutaron las órdenes, el delegado del Gobierno, y demás personas que resulten criminalmente responsables de los hechos. Además, da traslado del caso al Ministerio Fiscal.
Los delitos de los que se les acusan son: disolución ilegítima de una reunión pacífica, prevaricación, delito de lesiones y delito de tortura y contra la integridad moral. La asociación demandante también ha interpuesto una queja ante el Defensor del Pueblo por «la brutalidad policial, en base a la doctrina de la mencionada institución».
La denuncia
La denuncia, a la que también ha tenido acceso este medio, denuncia la «brutalidad policial» que se produjo aquel lunes «cuando a partir de las 20 horas, se produce la carga de policía contra las personas allí congregadas, llegando a utilizarse gases lacrimógenos para dispersar a la multitud de personas que mostraban su desacuerdo con las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno en funciones, D. Pedro Sánchez, con el resultado de varios heridos».
El escrito también recuerda el comunicado del 7 de noviembre del sindicato Unión Federal de la Policía, en el que exigía el cese del delegado del Gobierno en Madrid y culpaba al Ejecutivo de una «utilización partidista» para «reprimir a ciudadanos que se manifiestan legítimamente», recordando que se han vivido situaciones «bastante más graves» en materia de orden público.
UFP ponía como ejemplo las «célebres manifestaciones de ‘Rodea el Congreso’ y el asedio al que se vio sometida la Policía Nacional» de Vía Layetana con motivo del procés. Y aseguraba que en esas ocasiones las órdenes eran «aguantar» mientras que en Ferraz se había ordenado «la utilización de material antidisturbios que hacía muchos años que no se usaban». Defendía este sindicato que la Policía «está al servicio de los ciudadanos y aunque dirigida por el poder político, no puede ser utilizada para reprimir a quienes se manifiestan en contra de decisiones de esos políticos que pueden considerar injustas, inadecuadas o ilegales. Y eso es lo que ayer se hizo». A este comunicado «le sucedía, en la misma línea», el de Jupol.
«De todo lo anterior se colige que tristemente, la sala de coordinación de mando, a cuyo frente se sitúa el delegado de Gobierno, contravino los protocolos de actuación, entre otras por utilización de gas lacrimógenos», prosigue la denuncia, que recuerda que «las normas internas de intervención policial, establecen específicamente que el uso de estos gases lacrimógenos ‘no está permitido frente a meras aglomeraciones de personas’, sino sólo ante agresiones ‘violentas’ a la fuerza interviniente. Además, las órdenes contemplan que su lanzamiento ‘sólo está previsto para situaciones de emergencia’».
Los demandantes
La Asociación Raíces, autora de la denuncia, señala en comunicado compartido con este medio que «el Ministerio del Interior está rechazando constantemente las Recomendaciones del Defensor del Pueblo para que se controle el uso de material antidisturbio por la Policía al objeto de evitar las investigaciones en su seno».
Por último, llama la atención «sobre la brutalidad policial totalmente desplegada por las UIP de la Policía en la Calle FERRAZ en las manifestaciones legítimas del pueblo de Madrid contra la Ley de Amnistía que promueve Pedro Sánchez con los independentistas». «Jamás en Madrid se habían visto violencia policial de esta naturaleza y es por lo que han decidido acudir a la Justicia al objeto de su esclarecimiento y correspondiente penalización», zanjan desde Raíces.
