La conexión rusa de Puigdemont allana el camino para frenar la amnistía en la UE
Los expertos consideran que la redacción del último auto cobra especial relevancia si se plantea una cuestión prejudicial
Carles Puigdemont durante las jornadas interparlamentarias de Junts per Cataluña en Bruselas. | Europa Press
Las «estrechas relaciones» del independentismo catalán con Rusia abren la puerta a actuar contra Carles Puigdemont por traición. El delito, recogido en el título XIII del Código Penal, ha quedado excluido de la ley de amnistía que se debate este martes en el Pleno del Congreso. Los penalistas consultados por THE OBJECTIVE sostienen que el último auto del juez del caso Voloh solo prorroga la investigación sobre las injerencias del Kremlin y sus intenciones de desestabilizar España, pero reconocen que su redacción cobra una especial relevancia si un juez plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (UE).
El magistrado Joaquín Aguirre prorrogó este lunes por otros seis meses las pesquisas por las posibles injerencias de Rusia a través del procés. El juez del caso Voloh mantiene que Puigdemont y su entorno tuvieron contactos con altos cargos del Kremlin con el objetivo de impulsar una alianza estratégica para desestabilizar a la UE. Además, apunta a que varios miembros del entorno del expresident se acercaron a individuos de nacionalidad alemana e italiana relacionados con la extrema derecha.
«El auto no hace ninguna imputación en concreto, tan solo se prorroga el sumario. Habla de la necesidad de seguir investigando. No aporta nada nuevo ni efectivo ante la jurisdicción española, pero puede suponer un cambio en Europa», admite un prestigioso penalista que prefiere mantener el anonimato. En su opinión, Aguirre abre con este texto una nueva vía, ya que en caso de que se apruebe la ley de amnistía su contenido sería «muy importante» en caso de que un juez español plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE.
La vuelta de Puigdemont
En su opinión, de la redacción del auto se desprende que estas conexiones no solo supusieron un riesgo para los intereses de España, sino que también afectó a los europeos. Eso supondría allanar el camino para frenar la amnistía, que pretende dejar sin efectos los delitos cometidos por Puigdemont, huido a Bélgica desde octubre de 2017, y el resto de independentistas. Sin aplicar la ley, que podría estar en vigor en primavera, el expresident no puede volver sin ser arrestado.
Las fuerzas nacionalistas presionarán hasta el último momento a Pedro Sánchez para incluir alguna enmienda transaccional, pero el PSOE da por cerrada las negociaciones y rechaza nuevas modificaciones. La ley de amnistía será votada este martes por el Pleno del Congreso para seguir el trámite parlamentario. Ahora irá al Senado, donde el PP impondrá su mayoría para dilatarla durante dos meses, el máximo posible tras el cambio del Reglamento de la Cámara Alta recurrido ante el Tribunal Constitucional.
El último auto del juez del caso Voloh, que ha visto la luz apenas 24 horas de la votación, desnuda la redacción de la ley de amnistía, ya que en caso de que Puigdemont sea imputado por traición no se podría beneficiar de ella. Su abogado, Gonzalo Boye, ya había advertido de las grietas de la norma. El Código Penal castiga con penas de entre 15 a 20 años a quien «indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin».
El texto legal establece penas de 12 a 20 años para quienes «faciliten al enemigo la entrada en España» o «reclute gente o suministre armas u otros medios eficaces para hacer la guerra a España». La misma condena que se impone a quienes tomen las armas contra la patria bajo banderas enemigas o suministre armas o planos a un tercer país. La sanción es más reducida, de seis a 12 años, para aquellos españoles que favorezcan a una potencia extranjera para «perjudicar la seguridad o la defensa nacional». Por el momento se desconoce qué supuesto achaca el juez a Puigdemont y su entorno.
Un delito «muy grave»
«La traición es un delito no incluido en la amnistía. Es muy grave», advierte Alfredo Arrien, penalista en Paredes & Asociados. En su opinión, es complicado que se acabe imputando a Puigdemont y al resto de independentistas por esta cuestión, ya que los contactos al más alto nivel suelen ser habituales. Habrá que determinar las comunicaciones interceptadas con permiso judicial. Aún así, considera que la redacción del último auto del juez abre una nueva vía en cuanto al escenario comunitario se refiere.
Los jueces españoles tienen dos opciones para no aplicar la amnistía cuando se apruebe. La primera, a través de un recurso de inconstitucionalidad, aunque los expertos consideran que la oposición va a activar esa vía, por lo que recomiendan la cuestión prejudicial ante el TJUE, que prevén más efectiva porque las instituciones comunitarias «parecen más dispuestas a valorar la intención real de la ley».
La cuestión prejudicial es una herramienta incluida en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por el que se rigen los Estados miembros. Todos los jueces europeos pueden echar mano de esta fórmula en caso de dudar en la aplicación de una normativa nacional. Mientras se resuelve, el asunto queda aplazado, aunque eso no supone suspender la norma ni las detenciones, lo que afectaría a Puigdemont. Los especialistas consideran que el último auto de Aguirre abriría, al menos un debate en el TJUE porque, de confirmarse la injerencia rusa, supondría un problema comunitario y no solo de España.
«Los delitos de traición están relacionados con comportamientos desleales de españoles en supuestos de guerra con otro país, y castigan desde la inducción a un tercer país para que declare la guerra a España, hasta el reclutamiento de gente o armas para favorecer al enemigo, o suministrarle documentación, planos o datos que pudieran favorecerle», explica Rafael Fontán, profesor de Derecho Penal en la Universidad Europea.
Trascendencia europea
El experto subraya que el único supuesto de traición ajeno a la existencia de un conflicto bélico con otra potencia está contemplado en el artículo 584 del Código Penal y castiga el hecho de revelar, procurar o facilitar información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad o la defensa nacional. En su opinión, este tipo implica muchos elementos complejos, por lo que una instrucción que intuya su comisión está abocada a una investigación larga y complicada.
«En este caso, alrededor de la posible y presunta intervención de elementos extranjeros en lo que se ha llamado la trama rusa del procés, el juez instructor parece haberse planteado la posible comisión de delitos de traición y, consciente de la complejidad encaminada a descartarlos o confirmarlos, ha decidido prorrogar los plazos de instrucción», insiste Fontán. Eso sí, ve «difícil» que pueda acusarse finalmente de traición a sus promotores, entre los que está Puigdemont, porque ese delito es «muy concreto» y «no incluye cualquier tipo de relación».
Ibor Fernandes, profesor de Derecho Constitucional en el CES Cardenal Cisneros, considera que la investigación de la trama rusa es de «una singular gravedad», especialmente considerando la situación geopolítica actual y la que se atisbaba en ese momento, en relación con la desestabilización de España y de la UE. Y concluye: «La trascendencia de eventuales acciones concebidas para subvertir el Estado de derecho en el marco de un conflicto a gran escala desbordan la afección a intereses local, para abarcar al conjunto de Estados miembros en el marco de la política común de seguridad y defensa».
