El Banco Mundial exonera a España de pagar 140 millones por los laudos de las renovables
Nuestro país ha perdido 26 demandas, por las que debe indemnizar a las empresas con 1.600 millones de euros
Placas solares. | Europa Press
El Banco Mundial da un respiro a España. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló en enero un laudo a favor del Estado, al que exonera de pagar una indemnización de 140 millones de euros que solicitaba la empresa suiza EBL (Genossenschart Elektra Baselland) por los recortes a las renovables en 2013. Nuestro país ha perdido 26 demandas de este tipo, por las que tendrá que pagar 1.600 millones más gastos de demora. El Gobierno se niega a hacer frente a los pagos, por lo que diversos tribunales internacionales han abierto la puerta a embargar activos españoles en esos territorios.
A finales de 2018, el tribunal internacional registró el arbitraje de la compañía suiza, junto con su socio español Tubo Sol PE2. Desde entonces, ambas empresas (con el Tratado de la Carta de la Energía bajo el brazo y defendidos por el despacho Allen & Overy) han tratado sin éxito de conseguir una compensación económica por parte del Estado. El origen de la disputa se remonta a 2012, con la construcción del proyecto Puerto Errado II, una de las mayores plantas termosolares del mundo, levantada en Murcia.
El tribunal, que estuvo presidido por el estadounidense Jean Engelmayer y tuvo como árbitros al sueco Bo Nilsson y a la francesa Hélene Ruiz, declaró concluido el procedimiento el pasado 12 de diciembre. Unos días después, el 11 de enero, se dictó el laudo, que incluyó un voto particular de Nilsson.
Laudos perdidos
Fuentes financieras subrayan la preocupación que existe en el Gobierno con respecto a los laudos renovables. Una inquietud que se acentuó a principios de 2023 cuando algunos fondos enviaron cartas a las grandes agencias crediticias para que penalizasen a España por acumular una deuda que superaba entonces los 1.000 millones de euros.
Las resoluciones favorables a las compañías ascienden ya a 26 y el montante con el que nuestro país debería indemnizarlas a 1.600 millones, a los que habría que sumar los gastos de demoras y la cantidad dedicada a los abogados. Otra docena de casos siguen aún esperando resolución, por lo que la cuantía podría aumentar considerablemente. Nuestro país se resiste a abonar las indemnizaciones, lo que supone que comparta el liderato con Venezuela como el país con más laudos pendientes de pago.
La negativa del Gobierno a pagar llevó a algunas empresas a elevar la cuestión a los tribunales ordinarios. Reino Unido y Australia decidieron embargar activos españoles para contrarrestar los impagos. Entre los inmuebles más relevantes destaca el Instituto Cervantes de Reino Unido o la sede del Instituto Vicente Cañada Blanch en Londres. A eso hay que añadir el daño a la reputación del país.
Prueba de esto último está en el gasto millonario que ha llevado a cabo el Ejecutivo subcontratando despachos de abogados para conseguir ganar los laudos. Sin embargo, hace dos semanas se hizo pública la vigésima sexta derrota de España en los tribunales internacionales por los laudos renovables. De esta forma, el grupo alemán E.ON consiguió una indemnización de hasta 300 millones de euros después de haberlo estado peleando desde 2015.
España retira las primas
El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en 2007 un ambicioso programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios. La reforma legislativa del gobierno del PP redujo la rentabilidad prevista por numerosas instalaciones renovables.
Ese escenario propició que inversores internacionales acudiesen a las cortes de arbitraje internacional para denunciar dicho agravio contra España. Desde entonces, y según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, se han presentado 52 arbitrajes en distintos tribunales, la mayoría de ellos en el Ciadi del Banco Mundial, que pedían reclamaciones por valor de 10.000 millones de euros.
En 2019 el Gobierno socialista promulgó una norma que permitió a las plantas afectadas por la reforma tener una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta el 31 de diciembre de 2031. Una medida a la que se acogieron algunos fondos y empresas. Desde entonces, las indemnizaciones de los laudos se han ido rebajado de forma sustancial hasta el punto de rondar el 15% sobre lo demandado. Es decir, unos 1.600 millones de euros.
Para no pagar la deuda, el Gobierno de Pedro Sánchez apela a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que data de septiembre de 2021. La resolución limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria al entender que las cláusulas de arbitrajes internacionales son incompatibles con el derecho de la UE.
La Comisión Europea anunció en julio su intención de abandonar el Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo multilateral que ofrece seguridad jurídica a los inversores del sector energético. No obstante, los países miembros de la UE han asumido en los últimos años numerosas indemnizaciones similares a las que ahora se reclaman a España por las renovables. Polonia zanjó el expediente Achmea desembolsando casi 4.000 millones de euros; Alemania pagó 1.365 millones para saldar el caso Vattenfall y Rumanía desembolsó unos 200 por el caso Micula.
