El jefe de la oficina de Puigdemont, a juicio en septiembre por malversación y prevaricación
Josep Lluís Alay, presuntamente utilizó fondos públicos para un viaje personal a Nueva Caledonia
Josep Lluís Alay (i) en una imagen de 2018. | Marta Fernández (Europa Press)
Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, será juzgado los días 26 y 27 de septiembre en la Audiencia de Barcelona por presunta malversación y prevaricación por un viaje efectuado a Nueva Caledonia en 2018.
Según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Sección Quinta de la Audiencia ha cambiado la fecha del juicio, pues inicialmente coincidía «con otro juicio sumario contra la libertad sexual suspendido en dos ocasiones».
Alay llegará a juicio por presuntamente utilizar fondos públicos para un viaje personal a Nueva Caledonia y pagar peajes para visitar a los presos del ‘procés’.
El aplazamiento del juicio que debía celebrarse este mes contra Alay, también investigado en la causa abierta en la Audiencia Nacional por los disturbios de Tsunami Democràtic y en la pieza del «caso Volhov» sobre supuestos contactos con Rusia para el ‘procés’, se acordó el pasado mes de diciembre, por lo que no guarda relación con la hemorragia cerebral que sufrió la semana pasada y de la que se recupera.
La Fiscalía pide tres años de cárcel y 17 de inhabilitación para Josep Lluís Alay, al que acusa de pagar con fondos públicos un viaje de 2018 como observador del referéndum de Nueva Caledonia, pese a ser «ajeno a sus funciones».
En su escrito de acusación, el ministerio público atribuye Alay los delitos de malversación de caudales y prevaricación y pide que se le condene a indemnizar a la Generalitat con los 4.732 euros que costó el viaje, que fueron asumidos por el Departamento de Presidencia a cargo del presupuesto de la Oficina del President.
La causa se deriva de una querella por malversación que presentó la Fiscalía y en la que también estuvo investigada la actual secretaria del Departamento de Salud, Meritxell Masó, por haber autorizado los gastos cuando era secretaria general de Presidencia, aunque la juez instructora archivó la causa contra ella.
