Una asociación de fiscales recurre al Supremo el nombramiento de García Ortiz
APIF recuerda que el CGPJ ya dictaminó que «no reúne las cualidades necesarias para ser nombrado fiscal general»
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz | Eduardo Parra (Europa Press)
El fiscal general del Estado está en el ojo del huracán. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el nombramiento de Álvaro García Ortiz, que fue renovado en el cargo en diciembre por el Gobierno. La organización argumenta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no lo consideró idóneo para el puesto después de que el alto tribunal le condenara por incurrir en «desviación de poder» cuando promocionó a la máxima categoría de la carrera fiscal a la ex ministra socialista Dolores Delgado, su antecesora en el cargo.
APIF interpuso el recurso ante el Supremo este jueves, según lo acordado en el congreso que celebró en Las Palmas en noviembre. En ese cónclave, la primera de las conclusiones aprobadas señalaba a García Ortiz por haberse mostrado «descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno». En una nota de prensa, la organización considera que «no reúne las cualidades necesarias para ser nombrado» y reprocha diferentes actuaciones desde que fue elegido para el cargo en junio de 2022 (y renovado el pasado diciembre).
El comunicado al que ha accedido THE OBJECTIVE menciona la anulación de nombramientos de fiscales de Sala por desviación de poder, como en el caso de Delgado. También incide en que una vez que fue renovado por el Ejecutivo como fiscal general, decidió «privar» al Consejo Fiscal de la posibilidad de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de ley de amnistía. «A nuestro juicio no hace más que reafirmarnos en la urgente y necesaria interposición de este recurso», asegura APIF.
Sentencia del Supremo
La asociación que preside Miguel Pallarés desde noviembre hace hincapié en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige en su artículo 29 que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio. Según APIF, si en García Ortiz hubiese concurrido tal requisito «decae desde el momento que ha sido condenado por el Supremo como autoridad que actúa con desviación de poder, utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento». Considera, por tanto, que el nombramiento «no es conforme a ley».
A finales de noviembre, el alto tribunal estimó parcialmente el recurso presentado por otro candidato a fiscal de la Sala de lo Militar al entender que apreciaba «desviación de poder» en la propuesta que realizó García Ortiz en «el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico». La sentencia concluye que la designación de Delgado no atendió a razones de mérito, por lo que ordenaba la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la propuesta.
APIF subraya que la Fiscalía se configura como una institución esencial dentro del Poder Judicial, por lo que «no puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del fiscal general del Estado, cúspide del Ministerio Público, queda dentro o en la órbita del Gobierno». Además, señala que coincide con el CGPJ, al no considerarlo idóneo para el cargo que desempeña.
García Ortiz se ha convertido en la diana de las críticas de sus compañeros en los últimos días por el polémico informe fiscal sobre la decisión de imputar a Carles Puigdemont por terrorismo en Tsunami Democràtic. El fiscal encargado, Álvaro Redondo, solo observó desórdenes públicos en las protestas que organizó la plataforma tras la sentencia del procés. Una conclusión que fue enmendada por la junta de fiscales del Supremo.
El polémico informe
Al existir discrepancias entre los dos fiscales jefe, la decisión final se elevó a la superior jerárquica. Miembros del Ministerio Fiscal acusan al fiscal general de reinterpretar el reglamento por ello.
La polémica comenzó realmente días antes, cuando una información periodística reveló que Redondo preparó dos informes distintos y que optó por dar un giro a sus planteamientos tras reunirse con el fiscal general. Según El Mundo, el fiscal del Supremo aseguraba en un primer informe que las actuaciones de Tsunami tenían encaje como delito de terrorismo.
El encargado del informe se retractó apenas 72 horas después, tras una reunión con García Ortiz el día 30. Ambos protagonistas descartan que se realizaran recomendaciones o que el fiscal general diese instrucciones. «Reitero: no recibí, no ya una instrucción, sino siquiera una mínima sugerencia por parte del fiscal general del Estado sobre la postura jurídica que debía asumir, como ponente, ante la junta de fiscales del Tribunal Supremo», insistió Redondo en una carta enviada los medios de comunicación.
Ánimo ortiz, que aunque le echen de la Fiscalía General, siempre podrá pedir que le acojan en el psoe
Los conservadores del sistema judicial actual son responsables del descenso en la calidad democrática de España.
En el ranking correspondiente al 2023 sobre percepción de la corrupción España baja un puesto en su posición en el ranking mundial (36/180) y cuatro con respecto al IPC 2020 (32/180). El presidente del Comité Asesor del Transparencia Internacional ,Manuel Villoria, ha subrayado en rueda de prensa que en materia de percepción de la independencia judicial España está en la cola de Europa” por interferencias y “la constante intención de presionar del Gobierno” y los políticos en el Poder Judicial…Para Villoria , el estancamiento de este año , unido al descenso de los dos anteriores , pone de manifiesto las dificultades en la que aún se encuentran las políticas públicas en España `para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción…En concreto, Villoria plantea la necesidad de reforzar el estatuto de la Fiscalía General especialmente en materia de independencia del Gobierno y la renovación “ con carácter inmediato” del Consejo General del Poder Judicial con los estándares europeos y mejorar su independencia , lo que ha considerado” un reto, porque los partidos políticos no han estado a la altura”. ( entre otras).
.Los jueces y fiscales de la UE no deben obediencia a los políticos, esto es propio de las democracias del tercer mundo , en las que el Estado es el botín del que gana las elecciones .
Del discurso de Felipe VI del 31-1-23 «La división de poderes debe ser respetada a nivel institucional e individual “.«Desde hoy, no lo olvidéis, sois jueces europeos y deberéis recordar siempre que vuestra independencia es imprescindible para asegurar la defensa de los valores de la Unión Europea: la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos»
Hay , pues, dos opciones políticas sobre la justicia en España, los conservadores del sistema judicial actual y los partidarios de la separación de poderes y de la independencia judicial, base de la democracia, del Estado de derecho y del régimen de la Unión Europea. García Ortiz tiene mas el perfil de” dependiente” de Presidente del Gobierno , como lo definió Sánchez, que de fiscal de la Unión Europea.