Los jueces del Supremo decidirán sobre Puigdemont pese a lo que diga la Fiscalía

Las diferencias de criterio de los fiscales del Tribunal Supremo han generado mucho ruido estos días, aunque en balde. Su informe sobre la conveniencia de investigar a Carlos Puigdemont en el alto tribunal no es vinculante. La decisión final la tomará la Sala de Admisión de la Sección Penal. El departamento que preside Manuel Marchena tendrá la última palabra sea cual sea la recomendación del Ministerio Público. Sus representantes andan revueltos por el informe elaborado por Álvaro Redondo, que rechaza investigar al expresidente catalán por terrorismo por falta de indicios de su implicación en Tsunami Democràtic. Una opinión que ha sido enmendada por la junta de fiscales del alto tribunal.

En la junta de fiscales celebrada este martes, 12 de los 15 asistentes han apreciado delitos de terrorismo y 11 han observado indicios para incriminar a Puigdemont. Los representantes del Ministerio Público en el Supremo apoyan con esta decisión la exposición razonada que emitió en noviembre el juez instructor, Manuel García-Castellón, que solicitó al alto tribunal que continuara la investigación de Tsunami.

Redondo queda a partir de ahora fuera de la ecuación, ya que no tendrá que realizar ningún nuevo informe. Esa función ha recaído sobre la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que como superior jerárquico tendrá el cometido de resolver las discrepancias entre los dos fiscales jefes de la junta. Fidel Cadena apoyó la corriente mayoritaria de la junta de fiscales, que aboga por imputar a Puigdemont, mientras que Joaquín Sánchez-Covisa apoyó el dictamen que lo desaconsejaba.

La investigación a Puigdemont

El balón ahora sobre el tejado de Sánchez Conde, una profesional vinculada a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que fue designada teniente fiscal del alto tribunal por Dolores Delgado mientras era fiscal general del Estado, cargo que ostentó entre febrero de 2020 y julio de 2022. Ella será la encargada de elaborar el informe definitivo que hará llegar la Fiscalía a los magistrados del Supremo.

Sánchez Conde se encuentra en la dicotomía de apoyar en su informe la opinión de Redondo o elaborar uno nuevo en el que deje patente la opción mayoritaria, que aboga por elevar el asunto al Supremo e investigar a Puigdemont por un delito de terrorismo, como plantea García-Castellón. Los fiscales consultados por THE OBJECTIVE no tienen dudas de que insistirá en la cuestión de los desórdenes públicos porque, en estos casos, «siempre decide el superior jerárquico». Insiste que la decisión final vendrá marcada por el fiscal general, Álvaro García Ortiz.

«La teniente fiscal siempre sigue sus planteamientos», se lamenta un fiscal que votó por investigar a Puigdemont y elevar la causa de Tsunami al Supremo. Otro representante del Ministerio Público afirma que discrepancias se producen siempre, pero que siempre hay fórmulas para resolverlas. Eso sí, en este caso, considera que si la junta de fiscales se ha manifestado de forma tan contundente, Sánchez Conde debería respetar esa línea.

Los fiscales subrayan a este diario que es la primera vez que se aplica el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que «los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de informe, prevaleciendo después del libre debate el criterio del fiscal jefe. Sin embargo, si esta opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes, deberá someter ambas a su superior jerárquico».

Estructura anacrónica

«A veces hay discrepancias en las decisiones. Si no tuviera la trascendencia mediática que tiene, sería susceptible de tener varias visiones, pero en este caso el resultado de la junta de fiscales es mayoritario y se debería respetar», afirma un representante del Ministerio Público. Otro de sus miembros lamenta «la estructura anacrónica de la carrera fiscal». En su opinión, está diseñada «para tener un brazo controlado». E insiste: «Los problemas son menores cuando se trata de un robagallinas».

Un gran número de fiscales considera que la decisión final sobre la posición de la Fiscalía dependa de un superior jerárquico es contrario a los principios de seguridad jurídica y del funcionamiento democrático. Esperan que se modernice pronto el sistema. Ponen como ejemplo el funcionamiento de la propia Sala de Admisión de la Sección Penal del Supremo, cuyos miembros votarán si el alto tribunal asume la investigación de Tsunami y «cada voto vale lo mismo».

La junta de fiscales de este martes, que se ha extendido durante casi cuatro horas, ha supuesto un auténtico varapalo para Redondo, un fiscal con casi medio siglo de carrera a su espalda. La mayoría de miembros ha enmendado su informe final, en el que rechazaba imputar a Puigdemont por terrorismo y, por tanto, elevar las actuaciones de Tsunami al Supremo. Los asistentes lo han visto muy afectado por los acontecimientos que ha vivido estos días.

Las informaciones periodistas revelaron que Redondo preparó dos informes distintos y que optó por dar un giro a sus planteamientos tras reunirse con el fiscal general. Un escenario que ambos descartan. Según El Mundo, el fiscal del Supremo aseguraba en un primer informe, fechado el 26 de enero, que las actuaciones de Tsunami tenían encaje como delito de terrorismo. Se retractó apenas 72 horas después, tras una reunión con García Ortiz el día 30.

El cambio de criterio

En un nuevo informe concluyó que no se vislumbra un delito de terrorismo en los actos organizados por la plataforma como respuesta a la sentencia del procés en octubre de 2019 y que se trataban de meros desórdenes públicos. La opinión de Redondo coincide con la de Miguel Ángel Carballo, fiscal de Tsunami en la Audiencia Nacional, que días antes se pronunció en contra de implicar a Puigdemont en la causa ante la ausencia de indicios.

Redondo ha justificado este martes en la junta de fiscales su cambio de criterio argumentando que el primer informe era «un borrador interno» sin ningún valor procesal y que cambió de parecer al trabajar sobre el texto. Una explicación que no ha convencido a la mayoría de sus colegas. El fiscal ha reconocido que envió el primer documento a unos compañeros para que lo leyeran, y de ahí la filtración. «Es un error que no volveré a cometer», ha asegurado con una voz apagada.