CCOO amenaza a Bolaños con volver a la huelga si Justicia no negocia la subida salarial
Solicita que la mesa sectorial prevista la próxima semana aborde el incremento retributivo y la carrera profesional
CCOO amenaza con volver a la huelga. El sindicato que lidera Unai Sordo retomará las movilizaciones si el Ministerio de Justicia no incluye la negociación del aumento salarial y de la carrera profesional en la mesa sectorial prevista para el próximo miércoles. Considera que se trata de una cuestión prioritaria, aunque el departamento que dirige Félix Bolaños no parece dispuesto a acometer estas cuestiones por el momento, sino a abordar las conclusiones de los grupos de trabajo que se han reunido en enero.
En un escrito que ha presentado este miércoles al número dos de Bolaños, Manuel Olmedo, CCOO solicita que el orden del día de la reunión de la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia de la próxima semana incluya como primer punto del orden del día la negociación de la subida retributiva de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia. El sindicato también pide un segundo punto para abordar un calendario de negociación de otras materias que reivindicó durante la huelga que mantuvieron estos trabajadores entre abril y julio, suspendida por la convocatoria electoral.
Entre las demandas que solicitaban se encontraba el proyecto de ley de Eficiencia Organizativa, la redefinición y reconocimiento profesional y retributivo de las funciones de cada Cuerpo, la carrera profesional, el Reglamento y Relaciones de Puestos de Trabajo del Registro Civil y la eliminación de las diferencias retributivas por grupos de población. CCOO exige a Bolaños que cumpla el compromiso de negociar las retribuciones que asumió ante la comisión de Justicia del Congreso el pasado 21 de diciembre.
El compromiso de Bolaños
Durante la comparecencia, Bolaños estableció como prioridad que los profesionales de la Justicia estén adecuadamente retribuidos y motivados, retomando las conversaciones para tratar las reivindicaciones salariales de los Cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia, que según CCOO aún no se han iniciado. En una nota a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el sindicato exige «hechos y no solo palabras».
«Ni siquiera sabemos si se hablará de retribuciones en la reunión anunciada el 21 de febrero. Ese día se cumplen dos meses de que el ministro Bolaños se comprometiera en el Congreso a abordar el tema retributivo y más de 10 desde que empezó la huelga y el conflicto», lamenta Luis Calero, portavoz de Justicia de CCOO. El representante sindical explica que su organización propuso en la mesa sectorial celebrada el 10 de enero que se abordara la cuestión del aumento retributivo, pero que se rechazó.
Calero subraya que «ya se ha agotado el plazo de las buenas palabras y hay que pasar a los hechos». Solicita a Bolaños que negocié «de una vez» una subida para todo el personal equiparable a la que acordaron en marzo del año pasado con los letrados de la Administración de Justicia, que vieron incrementados sus salarios en unos 450 euros al mes. E insiste: «Con su actitud, el Ministerio de Justicia, nos está abocando a un nuevo proceso de movilizaciones».
Los desencuentros entre CCOO y Bolaños comenzaron a principios de diciembre, cuando el sindicato convocó una concentración frente a la sede ministerial, tal y como había amenazado si el Gobierno no convocaba de forma inminente una reunión para tratar las reivindicaciones laborales de los funcionarios de la Administración de Justicia. El resto de sindicatos se desmarcaron de ese «movimiento unilateral» y acusaron a la organización de Sordo de romper la unidad de acción.
La protesta de CCOO
El departamento que dirige Bolaños emplazó a los sindicatos por separado días más tarde para «intercambiar pareceres» y aplacar sus ánimos ante la amenaza de huelga. Todos acudieron a la cita, pero la convocatoria no sirvió para que CCOO cancelara su protesta. Ya había advertido de que no otorgaría ni un solo día de gracia al nuevo ministro ya que su número dos, Manuel Olmedo, ya conocía sus reivindicaciones.
En la anterior legislatura Olmedo ocupó el cargo de secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público y fue el interlocutor del Gobierno que negó el aumento salarial a los funcionarios de la Administración de Justicia. No obstante, semanas antes de la nueva investidura de Pedro Sánchez se comunicó por teléfono con los representantes de los trabajadores para asegurarles que se llegaría a un acuerdo inminente, que aún no se ha producido.
El conflicto se originó hace casi dos años, cuando los sindicatos se sintieron desplazados en la negociación colectiva del proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público, uno de los planes estrella de Pilar Llop, predecesora de Bolaños. Los representantes sindicales denunciaron que la norma, que no llegó a aprobarse, se remitió a las Cortes «sin haber sido negociado a pesar de afectar de forma directa a nuestras condiciones laborales».
El aumento salarial de los letrados de la Administración de Justicia les llevó a convocar paros a partir de abril. Se convirtieron en una huelga indefinida el 22 de mayo, días después de que el Gobierno aceptara subir los sueldos de jueces y fiscales, que amenazaron con ir a la huelga. Los sindicatos intensificaron sus protestas, que acordaron suspender por la inminencia de las elecciones generales, aunque prometieron retomarlas si el nuevo ministro rechazaba sentarse a negociar.