Bolaños ocultó dos meses la respuesta suiza al juez del 'caso Tsunami' para presionar a Junts
La Audiencia investigará una revelación de secretos porque la carta se publicó antes de que la recibiera García-Castellón
Bolaños este martes, en la sesión de control al Gobierno en el Senado. | Carlos Luján (Europa Press)
El juez Manuel García-Castellón se enteró por la prensa de que la Oficina Federal de Justicia de Suiza rechaza darle información para esclarecer el caso Tsunami. Fuentes judiciales reprochan al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que recibiera la misiva el 29 de diciembre y la mantuviera en un cajón. El texto se ha conocido tras una filtración periodística este martes, el mismo día que la ha recibido la Audiencia Nacional, que investigará una presunta revelación de secretos. El país helvético ha suspendido la comisión rogatoria que pedía localizar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a quien el magistrado imputa un delito de terrorismo que puede impedir que se beneficie de la ley de amnistía que se tramita en el Congreso.
La Oficina Federal de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de Suiza, ha suspendido la comisión rogatoria cursada el pasado noviembre por García-Castellón. En ella pedía al país helvético que le facilitara la localización de Rovira e información sobre una cuenta bancaria que supuestamente financió a la plataforma que organizó las protestas en Cataluña, algunas de ellas violentas, tras la sentencia del procés, en octubre de 2019. Además, pone en duda la investigación por terrorismo en Tsunami.
Las fuentes judiciales denuncian que el departamento que lidera Bolaños recibió la suspensión de la comisión rogatoria el 29 de diciembre, según el documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Sin embargo, lo ocultó casi dos meses antes de enviarla este martes a la Audiencia Nacional. El mismo día que publicó su contenido El País tras una filtración, lo que podría constituir un delito porque la causa continúa secreta y tiene carácter reservado.
«Carácter político»
La Audiencia Nacional ha avanzado que investigará una presunta revelación de secretos. Según ha adelantado El Debate, García-Castellón baraja incluso abrir una pieza separada. En la misiva, la Oficina Federal de Justicia de Suiza se desmarca de su petición sobre Rovira hasta verificar si la petición tiene «carácter político». De acuerdo con el convenio europeo por el que se rigen las relaciones entre ambos países, la asistencia jurídica puede denegarse si la solicitud se refiere a «infracciones políticas».
Las autoridades helvéticas critican al magistrado por utilizar este método, el de la comisión rogatoria, cuando podría haberse llevarse a cabo mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial. El proceso elegido por García-Castellón supone la intermediación del departamento que dirige Bolaños, que es a quien compete hacer de intermediario ante terceros países con la intervención de Eurojust.
Los procedimientos judiciales requieren unos tiempos, pero las fuentes consultadas por este diario sostienen que la demora «no es normal». Achacan que la denegación de la comisión rogatoria se ha retenido estos dos meses para presionar a Junts en las negociaciones por la ley de amnistía que tramita el Congreso desde hace tres meses. «Bolaños buscaba señalar a García-Castellón por lawfare», admiten esas fuentes. Otra de las causas para revelar ahora el texto sería, subrayan, la debacle del PSOE en las elecciones del pasado domingo.
Suiza suspende el auxilio solicitado por García-Castellón hasta que la Audiencia Nacional responda a sus preguntas porque, tras «examinarla con la máxima atención», entiende que el contenido de la comisión rogatoria es muy similar a la que realizó en diciembre de 2019, cuando ya denegó la asistencia. Tampoco aprecia delito de terrorismo, como pretende imputar el juez a Rovira y al expresidente catalán Carles Puigdemont, lo que impediría que se beneficien de la ley de amnistía. Ambos dirigentes independentistas huyeron hace más de seis años a Bélgica para regatear la justicia española.
La ley de amnistía
«En un plano más general, también desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, nos gustaría saber la relación exacta entre Rovira, objeto tanto de la investigación penal como de una de las de las medidas de asistencia mutua, y las manifestaciones en los dos aeropuertos mencionados (El Prat y Barajas) que constituyen los hechos descritos en la comisión rogatoria», insiste la misiva que ya ha sido trasladada a la Audiencia Nacional.
Las autoridades helvéticas también solicitan información sobre cómo puede afectar la amnistía que se tramita en el Congreso. «Sería conveniente que nos explicaran las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de Tsunami, así como contra Rovira, cuya pertenencia a dicha plataforma no está clara». García-Castellón apunta a la líder de ERC porque fue la primera en tuitear el primer mensaje de la plataforma por lo que se sospecha que pudo estar en la reunión organizativa de Ginebra, algo que rechaza el fiscal.
En cuanto a la petición de información bancaria, las autoridades helvéticas preguntan por qué se solicitan movimientos en la cuenta en cuestión hasta junio de 2020 cuando «los eventos organizados en los respectivos aeropuertos de Barcelona y Madrid que supuestamente debían haber recibido apoyo financiero a través de la citada cuenta habían tenido lugar el 14 de octubre de 2019».
Suiza ya se negó en 2020 a prestar asistencia jurídica a España en la causa que instruye García-Castellón en la Audiencia Nacional al entender que el procedimiento tiene «un carácter político preponderante». Un escenario en el que han coincidido este martes el PSOE y sus socios, que dudan de la implicación de Rovira en Tsunami. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha reafirmado su «convencimiento profundo» de que no existió terrorismo e Íñigo Errejón, de Sumar, ha sostenido que el juez intenta «zancadillar» la tramitación de la ley de amnistía.
