Suiza pone en duda la investigación por terrorismo de García-Castellón en ‘Tsunami’

La Oficina Federal de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia suizo, ha puesto en duda la investigación por terrorismo que el juez Manuel García-Castellón instruye en España en el marco del ‘caso Tsunami Democrátic‘ contra 12 personas, entre ellas el expresidente catalán Carles Puigdemont y la líder de ERC, Marta Rovira.

Así, según ha adelantado El País, las autoridades helvéticas han rechazado la petición de colaboración que el pasado mes de noviembre remitió el magistrado español para localizar a Rovira, al considerar que «no está clara» la participación de la líder independentista en la plataforma y al constatar que la causa puede verse afectada por la ley de amnistía. Rovira se mudó a Ginebra en marzo de 2018 para eludir a la justicia española.

Suiza se niega también a dar información sobre una cuenta bancaria presuntamente usada para financiar las protestas que organizó Tsunami en 2019 tras la sentencia del procés. De esta manera, recuerda que en 2020 denegó una petición de asistencia similar cuando no vio indicios de terrorismo en los hechos descritos.

Las autoridades competentes suizas solicitan en la carta información sobre cómo puede afectar la ley de amnistía que se tramita en el Congreso de los Diputados «para varios separatistas catalanes» a esta causa en concreto. Y abunda en que sería conveniente que les explicaran las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de la plataforma Tsunami y en concreto sobre Marta Rovira, «cuya pertenencia a dicha plataforma no está clara».

De esta forma, Suiza suspende el auxilio solicitado por el magistrado hasta que España y en concreto la Audiencia Nacional responda a sus preguntas porque entienden, tras «examinar con la máxima atención» la comisión rogatoria, que el contenido es muy similar a la de 3 de diciembre de 2019 que ya dio lugar a una denegación de asistencia.

En concreto, explica que antes de decidir si la comisión rogatoria tiene un carácter político que impediría conceder la asistencia en virtud de la legislación suiza sobre asistencia mutua en materia penal, necesitan saber para qué quiere García Castellón conocer el paradero de Rovira y por qué lo hace por este conducto cuando esta medida puede llevarse a cabo mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial.

Sobre la petición de información bancaria, se preguntan por qué el magistrado quiere tener movimientos hasta junio de 2020 si los eventos organizados por Tsunami en los aeropuertos de El Prat de Barcelona y en Barajas (Madrid) y que «supuestamente debían haber recibido apoyo financiero a través de la citada cuenta» tuvieron lugar el 14 de octubre de 2019.

Al hilo, quiere conocer también la relación exacta entre Rovira y las manifestaciones en los dos aeropuertos que se citan en la comisión rogatoria. Para Suiza, es importante conocer la implicación precisa de Rovira en esos hechos «y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto».

Suiza ya se negó a prestar asistencia jurídica a España en 2020

Ya en 2020 las autoridades judiciales de Suiza se negaron a prestar asistencia jurídica a España en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional sobre ‘Tsunami Democràtic’ al entender que el procedimiento tiene «un carácter político preponderante».

En la respuesta que dio el país helvético al Juzgado Central de Instrucción número 6, al que tuvo acceso Europa Press, se indicaba que el convenio europeo por el que se rigen las relaciones entre ambos países dispone que la asistencia jurídica podrá denegarse «si la solicitud se refiere a infracciones consideradas por la parte requerida como infracciones políticas o como infracciones relacionadas con infracciones políticas».

García-Castellón defiende que hay delito de terrorismo

García-Castellón ya aseguró a principios de febrero que la calificación de los hechos imputados a ‘Tsunami’ como delito de terrorismo se puede constatar desde poco después de acordarse la incoación de este procedimiento, en octubre de 2019. El magistrado añadió que unos días más tarde, el 19 de noviembre, ya apreció la presencia de unos hechos susceptibles de incardinarse en infracciones susceptibles de constituir una alteración grave de la paz pública (como señala el artículo 573 del Código Penal para los delitos de terrorismo).

Así, explicó que tanto en las comisiones rogatorias enviadas a Suiza, en diciembre de ese año, como en la cursada a Estados Unidos, ya se hablaba expresamente de delito de terrorismo.