El juez de 'Tsunami' denuncia que Suiza actúa con «sesgo político» y debe cooperar
García-Castellón abre una pieza separada para investigar si hubo revelación de secretos con la comisión rogatoria
El juez Manuel García Castellón sale de un vehículo para entrar en la Audiencia Nacional | Gustavo Valiente (Europa Press)
Manuel García-Castellón pasa al ataque. El juez del caso Tsunami ha respondido a la Oficina Federal de Justicia de Suiza, que ha rechazado darle información sobre el papel de Marta Rovira en la plataforma que organizó las protestas tras la sentencia del procés. Acusa al país helvético de actuar con «sesgo político» y le recuerda que deber cooperar con la investigación porque los tratados internacionales suscritos entre ambos países impiden rechazar el auxilio judicial por motivos políticos en una causa de terrorismo. El magistrado ha abierto una pieza separada para esclarecer un presunto delito de revelación de secretos tras la filtración de la carta a la prensa.
En un contundente auto, el magistrado que instruye Tsunami ha respondido a la resolución de las autoridades helvéticas, conocida este martes. García-Castellón pidió en noviembre que ampliase los indicios por terrorismo contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para determinar si su petición de localizarla tiene carácter «político», lo que le impediría colaborar con la justicia española.
El juez explica que, en noviembre, fecha en la que se cursó la primera comisión rogatoria a Suiza por el caso Tsunami, también solicitó una reunión de coordinación en el marco de Eurojust con carácter urgente con la voluntad de aclarar las cuestiones relativas de auxilio judicial de la Audiencia Nacional, sin haber obtenido respuesta por parte de las autoridades suizas. García-Castellón considera que se trata de una situación «particularmente extraña atendiendo la confianza recíproca que suele caracterizar la cooperación entre ambos Estados».
Reunión por Tsunami
«Se desconoce la razón por la que no se ha efectuado hasta el momento la reunión solicitada por este instructor, pero debe recordarse que la experiencia demuestra que la mejor manera de obviar comunicaciones reiterativas, referencias a noticias de prensa o equívocos es la comunicación directa entre las autoridades competentes», apunta el auto de García-Castellón. El juez reitera la necesidad de materializar esa reunión y, mientras tanto, responde en su auto a las cuestiones planteadas por las autoridades suizas.
García-Castellón considera «llamativa» la solicitud de explicación que figura en la comunicación suiza en relación con las posibles consecuencias de una ley de amnistía para los miembros de Tsunami Democràtic, en la que está investigada Rovira y el expresidente catalán Carles Puigdemont por presuntos delitos de terrorismo. Una acusación que les impediría beneficiarse de la norma cuando entre en vigor si no cambia la redacción actual.
El juez recuerda que, en España y el resto de democracias europeas la función de los jueces «es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado», por lo que ni el Poder Judicial puede inmiscuirse en las cuestiones del Legislativo y del Ejecutivo, ni viceversa. Indica que la comunicación recibida por las autoridades suizas le insta a dar «explicaciones» sobre la ley de amnistía, una norma «que se está preparando», que desconoce y que no tiene interés «en una solicitud de naturaleza jurisdiccional».
«Debe subrayarse en la respuesta a Suiza la incongruencia que se advierte en la redacción de la petición, pues, de un lado el remitente refiere un pretendido trasfondo político de la solicitud de cooperación judicial y simultáneamente el remitente se interesa llamativamente sobre una cuestión de naturaleza eminente política ajena al estricto marco jurisdiccional en que debe ventilarse esta clase de solicitudes», insiste García-Castellón.
En relación con la petición de localización de Rovira, el juez explica que ha acudido a la vía de la cooperación judicial ya que, al tratarse de recabar información sobre el domicilio de una persona que afecta a un derecho fundamental, ha entendido que el instrumento que ofrece mayor garantía es la cooperación judicial y no la vía policial. García-Castellón también ha incoado una pieza separada para esclarecer la presunta comisión de un delito de revelación de secretos después de que la denegación de la comisión rogatoria apareciera publicada en prensa antes de que llegara a la Audiencia Nacional.
