El juez que investiga las mascarillas 'fake' de Illa imputa a cinco altos cargos del Gobierno
Estas mascarillas fueron adquiridas por Sanidad como parte de un contrato de 23,8 millones de euros
Salvador Illa comparece durante una rueda de prensa | Alberto Paredes (Europa Press)
La investigación judicial de la compra de un lote de dos millones de mascarillas defectuosas a una empresa china cuando Salvador Illa aún era ministro de Sanidad, se amplía. El juez Carlos Valle imputa ahora a cinco altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
El juez cita a siete personas a finales de abril «al objeto de recibirles declaración en calidad de investigados/as sobre los hechos», según señala OK Diario citando una resolución fechada el pasado 20 de febrero. Esas siete personas citadas son en su mayoría cargos o ex cargos de los ministerios de Sanidad, Industria y Hacienda.
El caso se refiere a una gran partida de mascarillas FPP2, de la marca Garry Galaxy, modelo N95, un material sanitario no homologado que presuntamente fue utilizado por médicos y enfermeros en hospitales públicos de distintos puntos de España en abril de 2020, poniendo en riesgo su seguridad cuando se registraban centenares de muertos diarios por la covid-19.
Estas mascarillas fueron adquiridas por Sanidad como parte de un contrato de 23,8 millones de euros adjudicado a la empresa Hangzou Ruining Trading, sin publicidad ni licitación previa, al inicio de la pandemia. Se trataba de 2,1 millones de cubrebocas defectuosos que Sanidad tardó siete días en retirar desde que supo que no estaban homologados.
La investigación
La Audiencia de Madrid corrigió al juez tras dar la razón a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y estimar su recurso. Los magistrados revocaron la resolución del instructor para que éste diera comienzo a la investigación penal. En aquel auto, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, ordenaron al juzgado que dirigiese oficios al Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST) «a fin de que se expida certificación de resultados de los análisis de las mascarillas Garry Galaxi FFP2 N95» que fueron «adquiridas por el Ministerio de Sanidad».
Asimismo, ordenaron al juzgado que dirigiera oficio al Ministerio de Sanidad para que aportase los acuerdos de distribución y entrega a las comunidades autónomas de dichas mascarillas; una copia de las comunicaciones recibidas por parte de Aragón y Cataluña el día 10 de abril de 2020; y la documentación recibida de todas las comunidades autónomas sobre la ejecución de la orden de retirada.
El juzgado así lo hizo y ahora celebrará una batería de interrogatorios para continuar con la investigación que surge a partir de la querella que presentó la CESM el 27 de abril de 2020 en el Tribunal Supremo contra Illa, que entonces era ministro de Sanidad. En la querella, se le atribuía al exministro un delito contra los derechos de los trabajadores «por haber facilitado al personal sanitario una serie de mascarillas FFP2 N95 que no cumplían con las normas de seguridad (…) sin adoptar medidas de control y verificación de su idoneidad previas a su distribución».
En diciembre de 2020, el Supremo inadmitió esta y otras querellas contra cargos aforados por la gestión de la pandemia y envió varias querellas y denuncias a los juzgados de instrucción de Madrid.
