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La Fiscalía vincula a dos altos cargos del ministro Óscar Puente con el clan de Koldo

El subsecretario de Transportes y el director general de Emfesa se vieron hace unos meses con el asesor de Ábalos

La Fiscalía vincula a dos altos cargos del ministro Óscar Puente con el clan de Koldo

Koldo García abandona la Audiencia Nacional tras ser citado este jueves. | Sergio Pérez (EFE)

La sombra de Koldo García en el Ministerio de Transportes es alargada. Los investigadores revelan que ha mantenido reuniones recientes con dos altos altos cargos del departamento que ahora dirige Óscar Puente. La querella de la Fiscalía Anticorrupción a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE desvela que a esas citas, que tuvieron lugar después de que José Luis Ábalos abandonara la cartera, acudieron Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes, y Vicente Calzado Téllez, director general de Emfesa, sociedad mercantil vinculada a Adif.

La denuncia de Anticorrupción pone de relieve los seguimientos realizados por la Policía. Los agentes han podido constatar que Koldo se reunió con dos altos cargos del actual Gobierno, aunque no ha trascendido la conversación. Uno de los encuentros se produjo el 2 de febrero de 2023 en el restaurante La Chalana de Madrid. A la cita acudieron Gómez García y el director de Emfesa, la sociedad mercantil estatal para la que trabaja el hermano del antiguo asesor de Ábalos, Joseba García, que también ha sido detenido en la operación.

«Se ha de reseñar que Koldo se ha reunido en más ocasiones con esta persona (en referencia a Calzado), debiéndose destacar también que Joseba García, hermano de Koldo, es empleado de Emfesa desde el 1 de marzo de 2022», señala el escrito de Anticorrupción. Esos encuentros se produjeron antes de la llegada de Puente al ministerio, aunque el exalcalde de Valladolid les mantiene en sus respectivos puestos.

Las reuniones con Koldo

Anticorrupción considera que el asesor de Ábalos era la persona que facilitaba información a Soluciones de Gestión sobre los procesos de adjudicación de material sanitario que se iban a abrir de forma inmediata. La tesis de la Fiscalía es que el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, habría recurrido a él para «agilizar trámites» con Transportes «en el contexto de la contratación durante la pandemia».

Otra de las personas vinculadas a Transportes con la que Koldo tenía encuentros es José Luis Rodríguez García, subteniente de la Guardia Civil en activo destinado en la Sección de Seguridad de Nuevos Ministerios, desvelan los documentos a los que ha tenido acceso este diario. Este contacto resulta «de máxima importancia» para los investigadores porque «conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos con una de las sociedades en las que se han invertido parte de los beneficios».

La primera de las reuniones entre Koldo y el guardia civil, uno de los 20 detenidos en la operación, se produjo el 2 de febrero de 2022 sobre las 21.45 horas. Rodríguez abandonó el lugar en un vehículo propiedad de Comercializadora de Pizarras Santa Bárbara, empresa del Grupo Cueto, vinculada con la investigada Soluciones de Gestión. El 8 de febrero del año siguiente el asesor de Ábalos volvió a reunirse con el subteniente de la Benemérita en el restaurante La Chalana.

A esa cita acudieron otras personas, entre ellas el empresario Víctor Gonzalo de Aldama, uno de los 20 detenidos el pasado martes por el supuesto cobro de comisiones en las adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia. Le acompañó a la reunión una persona con la que habría mantenido «algún tipo de relación comercial» a través de la mercantil Lopera Activa SL. La información aportada por la Oficina Nacional de Investigacion del Fraude (ONIF) revela que los clientes que tuvo De Aldama en 2020 a través de la mercantil MTM 180 Capital serían Globalia Corporación y la citada Lopera Activa.

Supuestas comisiones ilegales

El 15 de febrero de 2023 Koldo García, con residencia habitual en Alicante, volvió a La Chalana para reunirse con Juan Carlos Cueto, otro de los detenidos y dueño del entramado empresarial que, presuntamente, usaron los investigados para cobrar comisiones ilegales. En esta reunión mantuvieron una conversación que escucharon los agentes encargados del seguimiento. Hablaron de la inspección que tiene abierta el empresario De Aldama en la ONIF por las plusvalías obtenidas por las empresas MTM 180 Capital y Deluxe Fortune por intermediar en la adjudicación de los contratos denunciados ante la Fiscalía.

Koldo y Cueto quedaron en verse el día siguiente en el local Viena Capellanes de la madrileña calle de Génova, donde mantuvieron un encuentro de ocho minutos, según consta en la querella que presentó Anticorrupción en septiembre del año pasado. El día 16 de febrero, después del encuentro con el que fuese asesor de Ábalos, Juan Carlos Cueto se reunió con el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez en un local próximo a la sede del Ministerio de Transportes.

«Todos estos encuentros evidencian que la relación entre los investigados va más allá de la operativa que pudieron realizar para la adjudicación de los contratos de suministro de material sanitario que dio origen a esta investigación, manteniéndose tales vínculos en la actualidad», señala la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación sobre la posible trama de corrupción en la que estaría implicado Koldo García se originó con la denuncia por 13 contratos que presentó en 2022 el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción archivó la mayoría de los expedientes por ausencia de indicios, excepto los que apuntaban a Soluciones de Gestión, la empresa constituida con sede en Zaragoza y con solo cinco empleados que abasteció de mascarillas al departamento liderado por Ábalos.

La Fiscalía Anticorrupción puso el foco en tres contratos. El primero fue adjudicado el 21 de marzo de 2020 por Puertos del Estado, ente público empresarial dependiente de Transportes en el que Koldo García ejercía entonces como vocal del Consejo Rector. Su valor superaba los 20 millones de euros. El segundo contrato, de 12,5 millones, fue otorgado el 27 de marzo de ese año por ADIF, también vinculado al departamento que lideraba Ábalos. El tercero fue adjudicado el 20 de abril por la Secretaría de Estado de Seguridad, vinculado a Interior, y alcanzaba los 3,5 millones.

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