El juez del 'caso Koldo' llama a declarar a un empresario imputado por vender armas
Anticorrupción apunta a Cueto como cerebro de la trama que cobró supuestas comisiones por la compra de mascarillas
El juez del caso Koldo sigue estrechando el cerco. Ismael Moreno ha llamado a declarar como imputado al empresario Juan Carlos Cueto, uno de los principales investigados por el cobro de presuntas mordidas derivadas de la compra de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción lo tenía en su radar, pero se encontraba fuera de España cuanto la Guardia Civil efectuó la semana pasada 20 detenciones en la operación Delorme. El empresario también está imputado en el caso Defex por la venta de armas a Angola.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha citado a Cueto este miércoles a las 9:30 horas. El pasado martes, durante los registros y la veintena de detenciones, entre ellas la de Koldo García, asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se encontraba fuera de España en un viaje de negocios, apuntan las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE.
Cueto era la persona que, supuestamente, controlaba la estructura de Soluciones de Gestión, la empresa zaragozana a la que Transportes y otras administraciones gobernadas por los socialistas adjudicaron los contratos investigados, con un montante cercano a los 53 millones de euros. Los investigadores apuntan como el cerebro de la trama en la sombra, junto al presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama. La Fiscalía apunta a que habrían conseguido que Koldo García mediara para conseguir esos contratos en lo peor de la pandemia.
La mediación de Koldo
El Ministerio Público ya apuntaba a Cueto, imputado por el caso Defex de venta de armas a Angola como el cerebro de la supuesta trama de ventas de mascarillas durante la pandemia. Anticorrupción sospecha que la empresa Comercial Cueto 92 controlaba la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, que fue quien facturó 53 millones por la venta de las mascarillas que ahora se investiga.
La Fiscalía relaciona ambas empresas por diferentes indicios. El primero es que la sede de Soluciones de Gestión es propiedad de Inmocue, del Grupo Cueto. El segundo es que varios nombres surgidos en la investigación aparecen relacionados con ambas empresas. El papel de Koldo sería supuestamente el de conseguidor de adjudicaciones públicas. Gracias a él la empresa habría recibido los contratos de Adif y Puertos del Estado, organismos vinculados al Ministerio de Transportes, donde asesoraba a Ábalos. Su mediación también habría tenido impacto en las adjudicaciones de Interior y de los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares.
En una conversación interceptada por la Guardia Civil el pasado 4 de diciembre, Cueto y otro de los empresarios vinculado a Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, hablan de «un favor» que le habría pedido Koldo y su «exjefe», aunque no especifica de qué ni de quién se trata. Los investigadores sospechan que podría tratarse del exministro Ábalos. Anticorrupción asegura que Soluciones de Gestión habría sido empleada como «una empresa instrumental en un proyecto común» entre Aldama y Cueto y que, a pesar de «no figurar documentalmente, habrían sido los responsables» de los contratos sobre los que indaga el juez.
Cueto ya está imputado en la Audiencia Nacional por el caso Defex, que atañe la venta irregular de armas a Angola. La Fiscalía pidió en marzo de 2019 hasta 50 años de cárcel para el empresario. El juez José de la Mata ha investigado los contratos firmados por la UTE Cueto-Defex y el comando general de Policía Nacional de Angola, firmado el 12 de junio de 2008, de suministro de equipamientos y material policial, por importe superior a los 152 millones de euros, cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones (38,6%) y el beneficio obtenido de casi 9,4 millones (61,3%).
Amaño de contratos
El empresario, según detalla el escrito de Anticorrupción en la trama de las mascarillas, «dejó de figurar en los órganos sociales de las mercantiles de este grupo a partir de la investigación policial Trajano», que fue la que investigó la venta de armas a Angola. No obstante, la investigación apunta a que Cueto siguió dirigiendo empresas de su grupo desde su puesto de gerente. Los escándalos de corrupción en la cúpula de Defex y el entramado societario provocaron que en septiembre de 2017 el Gobierno aprobará la disolución y liquidación de la compañía, participada al 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Defex está investigada desde 2014 en la Audiencia Nacional por el amaño de contratos en Angola, Camerún, Egipto, Brasil y Arabia Saudí en la venta de armas y material de defensa. El juez abrió piezas separadas para investigar de forma segregada cada caso. Los negocios que alertaron a Anticorrupción fueron precisamente los que se desarrollaron en Angola, después de que Luxemburgo avisara de una transferencia sospechosa. Hace un añ el exdirector comercial de Defex y un subcontratista fueron condenado a dos años de prisión por la venta de armas, pero absolvió a la empresa semipública como persona jurídica.