Alertan de que el Gobierno crea una plaza 'ad hoc' para la exministra Pilar Llop
La expresidenta del Senado es una de las ocho candidatas a convertirse en juez de enlace con Francia y Suiza
Pilar Llop entrega su cartera ministerial a Félix Bolaños. | Carlos Luján (Europa Press)
El Gobierno pretende que Pilar Llop sea la nueva juez de enlace con Francia. La exministra de Justicia es una de los ocho aspirantes a la plaza convocada, aunque los jueces y fiscales consultados por THE OBJECTIVE sostienen que parece hecha ad hoc para ella. La acreditación se extiende a Suiza, algo que le favorece ya que no domina el francés, pero sí el alemán. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial subraya que si acaba siendo elegida el proceso carecerá de garantías y de transparencia y alerta de que pone en riesgo la cooperación internacional encaminada al enjuiciamiento de las causas en la que están implicados los independentistas catalanes y los terroristas etarras.
Llop dejó la cartera de Justicia el pasado 21 de noviembre y pidió reincorporarse a la carrera judicial tras ocho años encadenando puestos políticos (diputada regional, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, presidenta del Senado y ministra). El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 22 de febrero su nuevo destino como magistrada en una sección penal de la Audiencia Provincial de Madrid mientras su titular, Carlos Prat Westerlindh, se encuentre en situación de servicios especiales.
La exministra de Justicia es una de las ocho personas que pugna por convertirse en la próxima juez de enlace con Francia, según avanzó El Español. Se trata de una plaza codiciada, ya que cuenta con una retribución mensual de 12.000 euros, superior a la de cualquier puesto de juez o fiscal y por encima de los presidentes del Supremo y del Tribunal Constitucional. Para solicitarla es necesario pertenecer a la carrera judicial o fiscal, tener una antigüedad de 10 años, acreditar experiencia en materia de cooperación jurídica y un conocimiento suficiente de francés.
Los idiomas de Llop
En esta ocasión se extiende la competencia a Suiza, por lo que se podrá concurrir en igualdad de condiciones si se domina el alemán o el italiano, como es el caso de Llop. Un escenario que ha soliviantado a buena parte de sus compañeros, pero también a asociaciones como la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, para quien la condiciones en las que se ha diseñado la plaza favorecen a la exministra «en detrimento de otros aspirantes».
La plataforma presidida por el exeurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner y de la que forman parte prestigiosos juristas como Fernando Gomá, Eloy Velasco, Elena Corral o Julia Patricia Santamaría, consideran que se trata de una convocatoria «desprovista de las mínimas garantías de transparencia». El puesto, vacante desde hace más de dos años, depende del Ministerio de Justicia que ella misma abandonó hace apenas tres meses.
El encargado de designar al nuevo juez de enlace en Francia será su sucesor, Félix Bolaños. Deberá elegir el nombre de una terna que seleccionará una comisión integrada por un representante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), otro de la Fiscalía, la subdirectora general de Cooperación Jurídica Internacional y el director general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que fue nombrado para el cargo por la propia Llop en junio de 2023.
«El procedimiento de adjudicación queda en manos de personas en mayor o menor medida sometidas a la esfera de influencia de la candidata. El presidente de la comisión selectiva debe su cargo a la designación de la exministra. Y uno de los fiscales que la integran accedió a la categoría de Fiscal de Sala a propuesta de ella misma. Por último, la decisión final corresponde al actual ministro de Justicia, compañero suyo de gabinete», insiste la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.
«Asuntos sensibles»
La labor del juez de enlace es apoyar a los juzgados y tribunales en las peticiones de auxilio internacional y reconocimiento mutuo de decisiones judiciales. La plataforma teme que si el nombramiento termina recayendo en Llop el cargo quedará «desacreditado». Además, consideran que pondría en riesgo «asuntos tan sensibles» como la solicitud a las autoridades de Suiza informaciones del caso Tsunami Democràtic, como las denegadas recientemente al juez Manuel García-Castellón, y causas de etarras condenados o pendientes de penas en territorio francés.
García-Castellón cursó una comisión rogatoria a Suiza a finales de noviembre. Las autoridades helvéticas respondieron que suspendía el auxilio hasta que la Audiencia Nacional respondiera a sus preguntas porque, tras «examinarla con la máxima atención», entiende que su contenido era muy similar a la que realizó este magistrado en diciembre de 2019, cuando ya denegó la asistencia. Tampoco aprecia delito de terrorismo, como pretende imputar al expresidente catalán Carles Puigdemont.
«Las labores de los magistrados de enlace son esencialmente jurídicas y debe prevalecer el perfil técnico sobre cualesquiera otras consideraciones y, especialmente, sobre afinidades políticas o ideológicas», señala la plataforma presidida por Sosa Wagner. La organización ha hecho un llamamiento a la comunidad jurídica para reclamar «la urgente regulación de las puertas giratorias» pare evitar que se repitan situaciones que menoscaban los principios de mérito y capacidad.
