Los minoritarios del Popular piden procesar a Saracho: «Generó pánico deliberado»
El juez propone sentar en el banquillo a Ángel Ron, pero archiva la causa para el último presidente del banco
Los expresidentes del Banco Popular Emilio Saracho y Ángel Ron (de espaldas). | Europa Press
Los accionistas minoritarios del Banco Popular se revelan. Han recurrido la decisión del juez José Luis Calama, que la semana pasada propuso archivar la causa contra su último presidente, Emilio Saracho, al no apreciar indicios de delito en su gestión. Unos 7.000 socios piden procesarle porque «generó pánico deliberado» que motivó la salida de depósitos. Le acusan de administración desleal por «no elaborar ningún plan de negocio» y «desechar maliciosamente el existente» para acabar «entregando la entidad a un tercero a coste cero». El Banco Santander la compró en 2018 por la cantidad simbólica de un euro.
Calama propuso el pasado 4 de marzo juzgar al expresidente del Popular Ángel Ron y a otros 12 exdirectivos por estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016. El magistrado considera que los accionistas participaron en la operación «engañados» porque los estados financieros de ese año y del anterior «no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio». También propuso imputar a PwC, que auditó sus cuentas sin advertir de la situación.
En cambio, el juez acordó el sobreseimiento provisional para Saracho (que presidió la entidad entre febrero y junio de 2017) al entender que no intervino en las vulneraciones de la normativa contable. Calama sostiene que el último presidente del Popular tomó medidas, mientras que los minoritarios piden procesarle porque concurren «suficientes evidencias de haber incurrido en un delito de administración desleal», afirma el recurso al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Saracho y la quiebra del Popular
Los recurrentes señalan como «decisivo en la caída de la acción y producción de pánico generalizado entre los clientes» la publicación de una noticia en mayo de 2017 que advertía de que Saracho había encargado vender urgentemente el Popular «por riesgo de quiebra». Consideran que la filtración habría partido del propio presidente, algo que Calama no ha podido constatar durante la instrucción.
Los minoritarios sostienen que el último presidente condujo a la entidad a la bancarrota «por falta de liquidez, no de solvencia». El recurso subraya que un informe pericial del Banco de España que ratificaron y ampliaron dos peritos ante Calama establecía que desde el momento en que Saracho fue propuesto como presidente del Popular el 28 de diciembre de 2016 hasta su toma de posesión la entidad tenía «capacidad de generación de provisiones de 100.000 millones (…) y la liquidez era estable».
Destacan que la capitalización de 3.000 millones pasó a ser de apenas 1.330 durante su presidencia. Los recurrentes destacan que los peritos dijeron que durante ese periodo se incumplió el plan de negocio. También destacan que la publicación del hecho relevante provocó «más inquietud sobre si las pérdidas que se habían comunicado el año anterior habían sido suficientes» y que les perjudicó «un continuo goteo de malas noticias».
«Saracho no elaboro ningún plan de negocio alternativo y, no contento con eso, desechó maliciosamente el existente con el fin de llevar a cabo una operación corporativa a bajo precio o resolver el banco a costa de los accionistas para acabar entregándolo a un tercero a coste cero», destacan los recurrentes. En su opinión, traicionó el principio de confianza legítima y generó «el pánico de forma presuntamente deliberada, ocasionando la salida de depósitos».
«Gestión nefasta y fraudulenta»
Se quejan de que Saracho actuó a espaldas del Consejo de Administración. «Tan nefasta y fraudulenta gestión, consistente, entre otras cosas, en hacer caer el valor de la cotización de la acción del banco, ha tenido como finalidad la de facilitar una ampliación de capital al coste más bajo posible, y propiciar a continuación una operación corporativa, es decir, una venta del banco en el que aflorara después todo el valor subyacente del mismo».
«Esta operación, cuyo fin último resultó frustrado por la impugnable intervención regulatoria europea del banco, ha supuesto un perjuicio tan grande para los accionistas que se han quedado finalmente con la valoración de su acción a cero, y demuestra la mala y maliciosa administración realizada por el presidente del Consejo», insiste el recurso presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
Los recurrentes destacan que, hasta la toma de posesión de Saracho en febrero de 2017, el Popular era un banco solvente que superó con holgura las pruebas de estrés y solvencia a las que venía siendo sometido por las autoridades competentes. No obstante, los accionistas minoritarios reconocen que se vio afectado por la crisis como otras entidades españolas.
«En todo caso, existía un ambicioso plan aprobado por el anterior Consejo de Administración destinado a la recuperación de los efectos negativos que la crisis había producido en el banco que jamás llegó a ejecutarse por la negativa del nuevo presidente a llevarlo a cabo», subrayan los recurrentes. Estos consideran que la entidad disponía de «un elevado patrimonio» y «una enorme capacidad de generar beneficios recurrentes», por lo que no se explica la decisión de Saracho.
«Gestión corta»
Calama afirma que durante la instrucción no se ha podido constatar si la «corta gestión» de Saracho fue correcta, algo que ha soliviantado a los accionistas minoritarios, que consideran que fueron perjudicados por sus filtraciones. Además, reconocen que les causó «sorpresa» que se excusase en un hipotético banco malo europeo «del que nunca se supo ni se ha sabido nada», como argumento defensivo para avalar el retraso de una solución para la entidad.
«Las alternativas de operación corporativa o resolución resultan claramente ajenas a la gestión de un leal administrador; y, obviamente no precisaban de un plan de negocio nuevo a desarrollar, y menos aún elaborarlo en ese momento cuando había ya uno aprobado. Pero en todo caso, ambas alternativas son incompatibles con la adecuada gestión de un patrimonio ajeno, y menos aún si lo que se dice y pretende desde un principio es bajar el valor de la acción».
Los socios minoritarios también reprochan que la nueva dirección les hiciera ver que trabajaban en el plan de negocio mientras preparaban uno nuevo, lo que «choca frontalmente» con las declaraciones del inspector del Banco Central Europeo (BCE) Jesús Martínez Usano, que aseguró en un informe que el último presidente del Popular «no tenía intención de ejecutar un plan de negocio ni de elaborar uno».
De las actas del Consejo de Administración se deduce que Saracho «nunca comentó con sus consejeros que en su viaje al BCE en marzo había planteado la resolución como una posibilidad viable». Por el contrario, el último presidente del Popular comunicó a sus consejeros «que no había problema con la liquidez» y que no sería necesario solicitar ayuda estatal. Un mes después, recuerda el recurso, el banco carecía de liquidez para abrir sus oficinas.
