Los etarras cambian de estrategia: piden perdón a sus víctimas para obtener la libertad
La Audiencia Nacional revocó progresiones al considerar que no existía arrepentimiento ni perdón a las víctimas
'Fiti', uno de los etarras a los que la Audiencia Nacional revocó su progresión al tercer grado. | Alejandra Svriz
Los presos de ETA han aprendido de sus errores. La Audiencia Nacional revocó en 2023 una quincena de progresiones al tercer grado aprobadas por el Gobierno vasco al considerar que no existía arrepentimiento suficiente ni solicitud expresa de perdón a las víctimas, requisitos necesarios. Los terroristas encarcelados ha cambiado de estrategia en los últimos meses y dirigen cartas personalizadas a los damnificados para que se incluyan en sus expedientes y obtener así la semilibertad.
El Gobierno vasco concedió el año pasado 61 terceros grados a presos de ETA, 10 repetidos tras ser revocadas por la Audiencia Nacional. Desde que asumió la competencia en materia penitenciara en octubre de 2021, ha otorgado 34 progresiones más que el Ejecutivo central durante tres años y medio. Las víctimas consideran que se trata de «una amnistía encubierta» y alertan de que muchos de beneficiarios no cumplen con los requisitos de arrepentimiento, petición de perdón y colaboración con la justicia.
La Audiencia Nacional advirtió de que los etarras estaban utilizando un atajo para beneficiarse de las progresiones. Muchas de las cartas que enviaban incluían párrafos semejantes y estructuras calcadas. Un corta-pega que podía dirigirse a cualquiera de las víctimas y que regateaba algunos de los requisitos necesarios para obtener beneficios penitenciarios. El fiscal Carlos Bautista recurrió esos terceros grados al considerar que los etarras no se mostraban arrepentidos en las misivas y, como consecuencia, comenzaron a revocarse.
Etarras con cuentas pendientes
Unos años después, el fiscal Bautista ha ganado el pulso. Desde el pasado verano, los etarras con cuentas pendientes con la justicia han comenzado a escribir cartas a las víctimas de manera individualizada y no de forma genérica, como estaban realizando hasta ahora. El arrepentimiento y la petición de perdón son dos de los requisitos que marca la ley para conceder la progresión de grado.
El artículo 62 de la Ley General Penitenciaria establece que la clasificación o progresión al tercer grado requerirá «que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído; reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales; las condiciones personales y patrimoniales del culpable; las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura; en su caso, el daño o entorpecimiento producido al servicio público, así como la naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito, el número de perjudicados y su condición».
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) aboga porque los miembros de ETA cumplan sus penas con arreglo a derecho. Le preocupa alguno de los terceros grados que se han concedido y así se lo transmitieron a la consejera de Justicia vasca, Nerea Melgosa, en una reunión el pasado 9 de enero. La organización que preside Consuelo Ordóñez considera que para que se otorgue esta clasificación a los reclusos deben darse tres circunstancias, que en muchos casos no se cumplen: arrepentimiento, petición de perdón y disposición a colaborar con la justicia.
«Ese último requisito es más difícil de comprobar. Lo que no pueden decir es que están arrepentidos cuando participan en manifestaciones y se califican como presos políticos», destacan desde Covite. El colectivo pone dos ejemplos recientes, las marchas de las pasadas Navidades en San Sebastián, donde participó el etarra Xabier Atristáin, y otra en Vitoria a la que asistió Diego Ugarte, el asesino del socialista Fernando Buesa.
379 crímenes sin aclarar
La organización que preside Ordóñez se queja de que estos y otros terroristas que han obtenido un tercer grado no reconocen sus crímenes. «Creen que están encarcelados por sus ideas, que la suya es una lucha de liberación». Las víctimas de ETA también recuerdan que todavía quedan por resolver 379 crímenes cometidos por la banda terrorista y piden colaboración tanto a quienes los materializó como a aquellos miembros de la izquierda abertzale que puedan arrojar luz sobre sus autores intelectuales.
El portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, denunció durante una marcha que concentró a 20.000 personas el pasado enero en Bilbao «a quienes están utilizando las togas con un afán de venganza y utilizando la Audiencia Nacional como una plataforma de prevaricación para impedir que los presos vascos sean sujetos de la aplicación de una política penitenciaria de carácter ordinario». E insistió: «Seguiremos trabajando para sacarlos a la calle, no los hemos traído hasta aquí para que continúen en la cárcel, los hemos traído a las cárceles vascas para que vayan saliendo».
Azkarraga criticó a la Fiscalía y la Audiencia Nacional por recurrir las concesiones del tercer grado a presos de ETA. Además, exigió que sean «las instituciones políticas y judiciales de Euskal Herria las que diseñen y faciliten el recorrido del regreso a casa de los presos». Para ello, solicitó una política judicial y penitenciaria sin normas excepcionales: «No exigimos privilegios, exigimos que se les aplique la legalidad ordinaria y se respeten los derechos que asisten a las personas privadas de libertad».
En la actualidad, 127 etarras cumplen pena en las cárceles vascas. En los dos últimos años, desde que se transfirió la competencia al Gobierno vasco, funcionarios de prisiones han denunciando privilegios a los reclusos de ETA frente a las «excepcionalidades» que se les aplica, según Sare. Y no solo ellos. Otros presos también lo han hecho tras ser testigos del trato de favor que se les dispensa: una celda individual, poseer un trabajo en la prisión remunerado o la concesión de permisos de salida exprés.
