Alarma entre la Policía porque la UDEF ha dejado de investigar la corrupción política
La Unidad Central de Delincuencia Económica ha desaparecido de los juzgados desde la llegada de un afín al PSOE
Fernando Alonso, jefe de de la UDEF | Foto UIMP
«¿Qué coño es eso de la UDEF?», la famosa frase de Jordi Pujol vuelve a ser recordada estos días por numerosos agentes de la policía y funcionarios de la Audiencia Nacional. Y es que esta unidad de élite, encargada de investigar la corrupción en España, ha desaparecido en los juzgados desde la llegada de Fernando Alonso a su cúpula. Un hombre afín al partido socialista que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, puso en el puesto a mediados de 2022 con un objetivo claro: impedir que se indagara sobre los casos que afecten al PSOE, según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. Y, a tenor de su ausencia de actuaciones, parece que lo ha conseguido.
Lejos quedan los tiempos en los que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) era un referente en la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción. Los agentes de esta unidad estuvieron al frente de macrocausas como la Operación Malaya, la trama Gürtel; el caso Pujol; el caso PDVSA sobre la investigación abierta a la petrolera venezolana, el caso Idental, el caso Carreteras que afectó al Gobierno de Miguel Revilla, el caso Neurona sobre la corrupción en Podemos, el caso Viu Europa vinculado a Juan Carlos Monedero y, más recientemente, el caso Tito Berni o la compra de votos por correo en Melilla.
Desaparece la UDEF
Sin embargo, en los últimos meses la UDEF ha desaparecido del mapa. No está llevando ni una de las grandes y, por ende, mediáticas causas de corrupción como la trama Koldo, que investiga la adjudicación de contratos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia; el caso Negreira, sobre los pagos del FC Barcelona al ex número dos de los árbitros; el caso Rubiales, en el que se investigan los contratos de la Real Federación Española de Fútbol; o la operación Soule, en la que se investiga al expresidente de la Federación de Fútbol, Ángel María Villar, y su hijo, Gorka Villar. Es la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quien está investigando estas causas y trabajando a destajo.
Fuentes policiales y judiciales señalan que el responsable de la casi desaparición de la Policía Nacional en la lucha contra la corrupción es Fernando Alonso. «Casi ni le conocemos en la Audiencia Nacional ni en la Fiscalía Anticorrupción», señalan fuentes judiciales a THE OBJECTIVE. Y es que, añaden, «la tierra es para quien se la trabaja y la Guardia Civil lo hace».
Reducción de plantilla
Un dato revelador, que se suma al descenso de casos asumidos por la UDEF, es la reducción de los agentes que trabajaban en esta unidad. La unidad ha reducido su personal en un 50% y es que ha habido una fuga de agentes que han solicitado el traslado a otros destinos donde pueden «sentirse más realizados», aseguran a este periódico.
Alonso llegó a la UDEF hace un año y medio para ocupar la vacante que dejó libre Fernando Moré. Contó con la ayuda de Marlaska que le promocionó a la categoría de comisario principal, para que pudiera ocupar el puesto de jefe de la unidad.
«Alonso carece de la experiencia necesaria para dirigir una unidad tan especializada como la UDEF», señalan fuentes solventes. Añaden que «nunca ha desempeñado puestos en delincuencia económica ni en ninguna otra rama de la policía judicial». De hecho, antes de desembarcar en el complejo policial de Canillas, provenía de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, dentro de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que nada tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Pero eso era justo lo que estaba buscando Marlaska: colocar al menos capacitado para el cargo y reducir al mínimo la productividad de esta unidad.
La falta de formación del jefe de la UDEF en materia de anticorrupción no es novedosa para los mandos policiales. Las mismas fuentes advierten que Marlaska le nombró en contra del criterio del comisario general de la Policía Judicial, Rafael Pérez, y del director adjunto operativo (DAO), José Ángel González. Estos mandos, explican a este periódico, «conocían la evidente falta de capacitación de Fernando Alonso para el puesto, pero les fue definitivamente impuesto por Marlaska».
