Rubiales evitó que la comisión económica de la RFEF revisara los contratos bajo sospecha
El órgano delegado estaba liderado desde octubre de 2020 por el actual presidente de la Comisión Gestora
Luis Rubiales en un acto de la RFEF en diciembre de 2022. | Zuma Press
Los contratos bajo sospecha de la era Luis Rubiales no pasaron por la comisión económica de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Los textos eran confidenciales y el entonces presidente del ente federativo tenía competencias para no presentarlos ante el órgano delegado que lideró desde octubre de 2020 el actual presidente de la Comisión Gestora, Pedro Rocha. Los registros y las detenciones del pasado miércoles han soliviantado los ánimos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde desvinculan al dirigente extremeño de la gestión de su predecesor.
Una de las primeras decisiones de Rubiales, al frente de la RFEF desde mayo de 2018, fue trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí, un país en el que se vulneran los derechos humanos y existe pena de muerte. El acuerdo alcanzado a finales de ese curso se cerró para seis años por un total de 240 millones de euros, a razón de 40 por temporada. La adjudicación, a dedo, tuvo otro actor importante, el futbolista Gerard Piqué, que consiguió una comisión millonaria por mediar en la operación.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda investiga tres supuestos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. No es el único contrato bajo lupa. Otro que se está estudiando es el de las reformas del Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Alcanzó los 5 millones, pero 900.000 euros fueron adjudicados a la empresa del hermano de uno de los hombres de confianza de Rubiales, Pedro González Segura, uno de los detenidos.
La era Rubiales
La Eurocopa de 2020 había quedado aplazada por la pandemia y La Cartuja se barajaba como uno de los estadios para albergar la competición. La Junta de Andalucía destinó una partida extraordinaria de 4,9 millones de euros a las obras de remodelación al considerarlas «urgentes». El Gobierno andaluz encomendó los trabajos a la RFEF el mismo día que aprobó la subvención. El convenio no se hizo público alegando que era «altamente confidencial».
Tan secreto que ninguno de los contratos pasaron por la comisión económica delegada de la RFEF, que presidía Rocha desde octubre de 2020. El entorno del actual presidente de la Comisión Gestora explica a THE OBJECTIVE que desconocía el contenido de ambos contratos. Rubiales decidió regatear el órgano que lideraba, una decisión que extrañó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas por considerarse de vital trascendencia, aunque reconocen que tenía potestad para hacerlo.
La Asamblea General, su comisión delegada y el presidente son órganos de Gobierno y representación de la RFEF, según su propia normativa. Como complementarios figuran la Junta Directiva y la Comisión de Presidentes Autonómicos. Les corresponde, según los casos, la administración, la gestión, la organización y la reglamentación del fútbol. Además, la federación cuenta con otros órganos de carácter técnico, como el de los árbitros y el de los Entrenadores.
Fuentes del ente federativo aseguran que Rocha tampoco tenía conocimiento de que los responsables jurídicos estaban ocultando información al juzgado, que llevaba meses solicitando los contratos bajo sospecha. Eso produjo que activara una operación el pasado miércoles que dio lugar a registros, entre ellos la sede de la RFEF, y cinco detenciones.
El abogado que destapó el caso Rubiales ha solicitado a la juez que tome declaración a Rocha, a su directora de gabinete y al ex secretario general Andreu Camps para determinar su responsabilidad en la demora en mandar la documentación solicitada. Horas después del registro, la RFEF tomó una decisión salomónica con los detenidos al rescindir el contrato con el despacho GC Legal, dirigido por Tomás González Cueto, asesor jurídico externo y persona de confianza del expresidente.
Inhabilitar a Rocha
El ente federativo también abrió un expediente sancionador al director de los Servicios Jurídicos, Pedro González Segura, y al director de Recursos Humanos, José Javier Jiménez. Explican que han sido apartados temporalmente de sus funciones, respetando así la presunción de inocencia. La RFEF intenta desmarcarse por completo de la era Rubiales. Fuentes del órgano recuerdan que se ha tomado las decisiones correspondientes en ese sentido, pero que Rocha tiene las manos atadas porque al ser presidente interino
Galán ha puesto en duda la decisión de apartar a los detenidos. Ha solicitado al Gobierno que eleve una denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para inhabilitar a Rocha durante un año por falta «muy grave», lo que le impediría presentarse a las elecciones, que iban a ser convocadas el miércoles. El mismo día del registro. El abogado que destapó el caso Rubiales argumenta que el presidente de la Comisión Gestora se excedió de sus funciones, que son limitadas tal y como reconocido el propio TAD en una resolución del pasado 7 de marzo.
