La RFEF sopesa querellarse contra los empleados apartados para salvar a Rocha

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contraataca. Los miembros del ente federativo sopesan querellarse contra los empleados apartados temporalmente tras los registros del pasado miércoles por una posible obstrucción a la justicia. La juez activó la operación tras varios meses solicitando sin éxito los contratos bajo sospecha de la etapa de Luis Rubiales. Los registros acabaron con cinco detenidos. Algunos de ellos podrían ser responsables de la demora en la entrega de los documentos. El ente federativo desvincula al presidente de la Comisión Gestora, Pedro Rocha, al que una asociación pide inhabilitar, lo que le impediría presentarse a las elecciones.

La RFEF tomó una decisión salomónica horas después de que la Guardia Civil finalizara el registro en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. La intención era evitar una mancha en la reputación de la institución, pero también de Rocha, uno de los cuatro vicepresidentes de Rubiales. Los responsables federativos rescindieron el contrato con el despacho GC Legal, dirigido por Tomás González Cueto, asesor jurídico externo y una de las personas de confianza del expresidente.

La decisión tuvo trascendencia en el organigrama interno. La RFEF también abrió un expediente sancionador al director de Recursos Humanos, José Javier Jiménez y al director de los Servicios Jurídicos, Pedro González Segura, cuyo hermano recibió a dedo una adjudicación por valor de 900.000 euros para reformar el Estadio de La Cartuja en Sevilla. Fuentes del ente federativo explican a THE OBJECTIVE que han sido apartados temporalmente respetando así la presunción de inocencia.

Los contratos de Rubiales

Las mismas fuentes aseguran que Rocha desconocía que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda había solicitado documentos a la RFEF. Mucho menos que estos no habían sido enviados, lo que podría suponer un delito de obstrucción a la justicia regulado por los artículos 463 y 464 del Código Penal y castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años o multa de seis a 24 meses.

Desde la RFEF esgrimen que Rocha era ajeno a los procesos en los que estaban trabajando los servicios jurídicos, por lo que no tendría ninguna responsabilidad en la demora en la entrega de los contratos. Unos documentos que, además, eran confidenciales y que nunca pasaron por la comisión económica, un órgano delegado que el ahora presidente de la Comisión Gestora lideró a partir de octubre de 2020.

«Es necesario depurar todas las responsabilidades; caiga quien caiga», responden los dirigentes consultados por este diario. Creen están siendo injustos con los trabajadores de la RFEF, especialmente con Rocha. Sus detractores sostienen que el presidente de la Comisión Gestora trata de salvarse de la quema en un momento clave, con las elecciones en el horizonte. De hecho, el mismo día del registro estaba previsto que se convocaran los comicios, pospuestos sine die.

La sombra de la sospecha planea sobre Rocha, uno de los hombres de confianza de su predecesor. El empresario extremeño asumió la presidencia interina de la RFEF en octubre del año pasado. Hasta entonces había sido su responsable económico y el único vicepresidente que no fue destituido la noche previa a la Asamblea Extraordinaria de agosto en la que iba a dimitir Rubiales. El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) ha reconocido que está en conversaciones con la FIFA para intervenir la federación, según avanzó El País.

Ese movimiento supondría que, en lugar de celebrarse dos elecciones (una para cubrir la vacante de Rubiales por el tiempo que le quedaba de mandato y la otra para formalizar nueva asamblea y presidente), solo se convocaría una, como defendía Miguel Ángel Galán. El abogado que destapó el caso ha solicitado al Gobierno que eleve una denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para inhabilitar a Rocha durante un año por falta «muy grave». Sostiene que ha cometido una infracción muy grave recogida en el artículo 76.2a de la Ley del Deporte de 1990.

Funciones limitadas

Dicho precepto otorga esa calificación a los abusos de autoridad, como el que a su entender se ha cometido al apartar a dos empleados y rescindir el contrato al asesor jurídico externo, ya que tendría funciones limitadas. El CSD ha anunciado que elevará esta semana al TAD la petición razonada en la que solicita la inhabilitación de Rocha. El entorno del presidente de la Comisión Gestora insiste en que desconocía el contenido de los contratos bajo sospecha de la era Rubiales. Todos ellos eran confidenciales y ninguno paso por la comisión económica, el órgano delegado que lideró Rocha desde octubre de 2020.

Rubiales se convirtió en presidente de la RFEF en mayo de 2018. Una de sus primeras decisiones fue trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí. El acuerdo alcanzado a finales de ese curso se cerró para seis años por un total de 240 millones de euros, a razón de 40 por temporada. La adjudicación, a dedo, tuvo otro actor importante, el futbolista Gerard Piqué, que consiguió una comisión millonaria por mediar en la operación.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda investiga tres supuestos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. Otro contrato bajo la lupa es el de la reforma del Estadio de La Cartuja. La Junta de Andalucía destinó una partida extraordinaria de 4,9 millones a las obras al considerarlas «urgentes», ya que tras aplazarse la Eurocopa 2020 por la pandemia se barajaba Sevilla como una de las potenciales sedes.

El Gobierno andaluz encomendó los trabajos a la RFEF el mismo día que aprobó la subvención. El convenio no se hizo público alegando que era «altamente confidencial». La partida alcanzó los cinco millones de euros, pero 900.000 euros fueron adjudicados a la empresa del hermano de uno de los hombres de confianza de Rubiales, Pedro González Segura, uno de los detenidos. El ente federativo no tardó ni 24 horas en abrirle expediente y apartarlo de su cargo.