El PP destapa la cercanía al PSOE del fiscal europeo que supervisará el 'caso Koldo'
Exige al Gobierno el expediente del nombramiento de Ignacio de Lucas, hermano de un exsenador socialista por Valencia
Ignacio de Lucas. | Zuma Press
El PP pone en la diana al encargado de supervisar desde la Fiscalía Europea dos piezas separadas del caso Koldo, las referentes a Baleares y Canarias, y pide al Gobierno «el expediente completo» de su nombramiento en esa institución europea el pasado mes de julio, apenas cuatro días antes de las últimas elecciones generales. Se trata de Ignacio de Lucas, hermano de un exsenador valenciano del PSOE y considerado del círculo cercano a Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado (FGE). Además, según documentos públicos, percibió al menos 26.000 euros procedentes de fondos europeos -entre 2017 y 2020- por participar en eventos, cursos y conferencias pagadas con ellos a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), que se encuentra también salpicada por la presunta malversación de contratos en el caso Tito Berni.
Como parte del plan de trabajo registrado este lunes para la comisión de investigación del caso Koldo, según los documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el PP ha solicitado al Ministerio de Justicia que lleve al Senado «el expediente completo en virtud del cual se nomina/propone a Ignacio de Lucas» para representar a España en el Colegio de Fiscales Europeos. «Con detalle de los méritos acreditados por el interesado, de las características del proceso selectivo que se llevó a término y del resultado final de las calificaciones obtenidas por los aspirantes».
De Lucas, ascendido a número dos de la Fiscalía Antidroga por Dolores Delgado en marzo de 2022, pese a ocupar por escalafón el puesto 11 entre 13 candidatos, fue el que más puntuación obtuvo entre todos los candidatos presentados por nuestro país para ocupar la plaza en el Colegio de Fiscales Europeos, según fuentes comunitarias, y por eso fue elegido. No obstante, sus vínculos con el PSOE hacen dudar al PP y otros partidos de la oposición sobre la apariencia de imparcialidad e idoneidad del fiscal que se encarga de supervisar desde Luxemburgo, entre otros, el caso Koldo. De ahí que la investigación del Senado vaya a poner el foco en su actuación y en la forma en la que se produjeron sus dos ascensos en 2022 y 2023. Los populares han solicitado a Justicia también información sobre el nombramiento por el cual Dolores Delgado le ascendió a teniente fiscal de Antidroga un año y medio antes de ser designado como fiscal europeo.
Investiga a Armengol y Torres
Según confirman a este diario fuentes jurídicas y parlamentarias, la Fiscalía Europea -que ya asumió en marzo investigar la pieza balear y canaria del caso Koldo– es la única institución al margen del Tribunal Supremo que tiene competencia para investigar a los políticos aforados que estén relacionados con los contratos de mascarillas adjudicados a dedo por los gobiernos de Baleares y Canarias a la trama presuntamente liderada por Koldo García, exasesor personal del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. Incluidos quienes presidían ambas comunidades autónomas, que otorgaron algo más de 15 millones de euros a la empresa zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL: la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Para despejar las dudas o el temor a un posible cierre en falso de la investigación de la Fiscalía Europea en relación a Armengol y Torres, además de citar a declarar a estos dos últimos, el PP ha solicitado al Gobierno que revele los expedientes y puntuaciones que el Ministerio de Justicia dio a todos los fiscales que se presentaron hace un año como candidatos a representar a España en el Colegio de Fiscales Europeos.
El pasado 19 de junio, cuatro días antes de las elecciones generales que permitieron a Pedro Sánchez mantenerse en Moncloa, a cambio de aprobar la ley de amnistía exigida por Carles Puigdemont, el Consejo de Europa anunciaba el nombramiento de Ignacio de Lucas y del portugués José António Lopes Ranito, para ocupar dos plazas que estaban vacantes en el Colegio de Fiscales Europeos y que habían sido asignadas por sorteo meses antes a España y Portugal.
Se trata del organismo encargado de supervisar las investigaciones y las diligencias que realizan a escala nacional los fiscales europeos delegados en las causas sobre presunta malversación de fondos europeos. En el caso de España, entre otras, la Fiscalía Europea investiga actualmente las piezas separadas del caso Koldo sobre Canarias y Baleares, así como una pieza separada del caso Tito Berni que afecta a un general de la Guardia Civil y a una fundación cuyo patronato presidió la exvicepresidenta y exministra de Economía Nadia Calviño, por la presunta malversación de contratos de drones y equipos de seguridad en el Sahel: la Fundación Iberoamericana Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp).
El fiscal y la Fiiap
Una entidad de la que precisamente De Lucas, según consta en documentos publicados por la propia Fiiap, había percibido al menos 26.000 euros por participar en distintos grupos de trabajos, eventos y programas de formación para fiscales antidroga en países tan diversos como Tanzania, Ucrania, Bulgaria o Perú, entre otros países africanos, iberoamericanos y de Europa del este.
Todos los pagos al ahora fiscal europeo por estos cursos y formaciones fueron adjudicados a dedo, se produjeron con fondos europeos y a través de la Fiiap, algunos de ellos por importe de hasta 6.800 euros. Se suscribieron entre 2017 y el primer semestre de 2020, último periodo del que constan publicados datos de contratos menores de esa fundación para el desarrollo, cuyo patronato está controlado desde su creación por el gobierno de turno y cuya opacidad en la contratación de personal externo fue cuestionada en 2022 por el Tribunal de Cuentas en un informe.
En ese documento, el organismo fiscalizador hizo hincapié en el «número muy elevado de actuaciones de asesoramiento» dedicado por la Fiiap para contratar personal externo en calidad de experto, sin concurso público y sin justificar de ninguna forma los méritos de los expertos contratados para sus distintos programas, entre ellos los dedicados a cooperación judicial y lucha antidroga.
Opacidad con fondos UE
El propio informe del Tribunal de Cuentas revelaba en 2022 que, ante esta falta procesos selectivos de los que se beneficiaron como expertos varios fiscales, jueces y magistrados (entre los cuales el propio De Lucas se sitúa entre los principales adjudicatarios), la fundación dependiente del Gobierno se había comprometido a poner en marcha un nuevo Manual de Selección y contratación «que se encuentra en fase final de negociación colectiva». En él, «se ha introducido como requisito la participación de la Fiiap en la selección del personal designado».
A diferencia de lo ocurrido durante los años en los que De Lucas recibió contratos de la Fiiap, como asesor externo de los programas EU-Act o COPOLAD, en el nuevo manual de contratación prometido al Tribunal de Cuentas por la Fiiap se exigirá tener en cuenta a varios candidatos que deberán ser elegidos por criterios de méritos objetivos y otras cuestiones profesionales.
«La Administración que colabora en el proyecto propondrá una terna de candidaturas, procurando siempre paridad. Las personas realizarán un proceso de selección diseñado por Fiiap, en el que se valorarán idiomas, competencias profesionales y entrevista personal», añade el Tribunal de Cuentas. Su informe revela que, durante la época en la que el ahora fiscal europeo del caso Koldo y del caso Tito Berni era contratado como personal externo por la Fiiap, las designaciones se producían a dedo.
«Sin la Fiiap no hubiera surgido»
Los responsables de los proyectos internacionales en materia de persecución del narcotráfico en los que participaba De Lucas como fiscal experto antidroga en América Latina, África y Europa del Este, entre otros lugares, eran quienes decidían el importe y pagaron al ahora fiscal europeo para cualquiera de las actividades en las que participaba. Quien abonaba los fondos era la Fiiap.
En una entrevista publicada en la web de la FGE, en 2019, el propio De Lucas reconoció que «a raíz de la Red de fiscales de Iberoamérica» de la que formaba parte «y auspiciada por el proyecto EU-ACT que gestiona la Fiiap» había surgido también la Red de fiscales del mar Negro. Este último es otro de los proyectos liberados por el fiscal De Lucas y financiados por la fundación salpicada por el caso Tito Berni y que hizo el ahora supervisor en la Fiscalía europea del caso Koldo (en sus vertientes canarias y balear). «Sin la Fiiap y sin el proyecto EU-ACT, la red no hubiera podido surgir», aseveraba.
En 2018, el ahora fiscal europeo se adjudicó contratos para participar en actividades en Sofía (Bulgaria), Odessa y Kiev (Ucrania), además de Lima (Perú). En el primero, según consta en la memoria económica de la propia Fiiap de ese año, De Lucas fue designado por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp); en la segunda, fue contratado a dedo por la Red de fiscales del Mar Negro que él ayudó a crear; y en el caso de Perú, fue invitado por la Red de fiscales iberoamericanos de la que él era coordinador. En este último evento, estuvo del 18 al 20 de abril de 2018, y percibió 4.800 euros por ello, según la relación de contratos menores de la Fiiapp del primer semestre de ese año.
A la Fiscalía europea tras la Fiiap
Además de los contratos percibidos en concepto de asesoramiento y experto pagados por la Fiiap para asistir a los eventos de las entidades de las que formaba parte y coordinaba, según fuentes comunitarias, el ahora fiscal europeo se habría visto favorecido en su último nombramiento, precisamente, por su participación en estos eventos internacionales que financiaba la fundación salpicada por el caso Tito Berni, otra de las causas que supervisa desde el Colegio Europeo de Fiscales en la parte referente al posible fraude de fondos europeos.
El nombramiento de Ignacio de Lucas el pasado mes de junio fue una sorpresa para algunos miembros del Ministerio Público en España consultados por THE OBJECTIVE. «Normalmente el Consejo de Europa suele preferir para ese organismo a fiscales que ya estén dentro de la Fiscalía Europea. Y en este caso, en la terna de candidatos presentada por España había una fiscal que ya estaba trabajando en la casa desde hace años», indicaban fuentes de la Fiscalía.
No obstante, las mismas fuentes agregaron que la candidatura de Ignacio de Lucas había recibido la mayor puntuación entre los candidatos presentados por el Gobierno español al Consejo de Europa. La decisión final no la tomó el Ejecutivo de Pedro Sánchez ni el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Un panel compuesto por fiscales de 12 países europeos ha sido encargado de decidir entre la terna de candidatos propuestos por España. Fuentes comunitarias confirman que De Lucas había recibido la mayor puntuación entre los aspirantes españoles a esa plaza por parte del Ministerio de Justicia.
