La juez imputa a Pedro Rocha en la causa sobre presunta corrupción en la RFEF
El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) abre expediente al dirigente extremeño y podría inhabilitarle
El presidente interino de la RFEF, Pedro Rocha. | A. Pérez Meca (Europa Press)
Salta la sorpresa. La juez de Majadahonda que investiga presunta corrupción en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la gestión de Luis Rubiales ha imputado al expresidente interino y candidato a presidir la entidad, Pedro Rocha, que este viernes estaba citado para declarar como testigo. El dirigente extremeño es el único aspirante que ha conseguido los avales para optar a presidir el ente hasta los comicios que se celebran a finales de año y debería ser elegido el lunes. Fuentes del órgano explican que este obstáculo no detiene el proceso. Quien sí podría evitarlo es el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que le ha abierto expediente y podría inhabilitarle.
Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE han confirmado que la juez ha acordado la imputación de Rocha. La magistrada ha suspendido la declaración del que fue hasta hace pocos días presidente de la Comisión Gestora de la Federación tras la dimisión de Rubiales a finales del año pasado. El dirigente extremeño llegó a ser vicepresidente de la RFEF, aunque fuentes del ente federativo le desvinculan de su predecesor, que no llegó a presentar los contratos bajo sospecha por la comisión económica que presidía Rocha.
Rocha pasa a figurar en la lista de investigados en la pieza separada, conocida como Brody, que el juzgado abrió en paralelo al caso principal. Este gira en torno a las presuntas irregularidades cometidas para la celebración de la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí y a la reforma del Estado de La Cartuja en Sevilla, por la que la trama de Rubiales había recibido presuntas mordidas de la constructora.
La presidencia de Rocha
La juez investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales cometidos entre 2018 y 2023, cuando Rubiales estaba al frente de la RFEF. La imputación de Rocha ha causado sorpresa en el seno del ente federativo, donde no se esperaba este escenario. Una portavoz del órgano ha evitado hacer valoraciones de la decisión judicial, pero asegura a este diario que el procedimiento legal para que el dirigente extremeño se convierta en presidente interino sigue su curso.
Miguel Ángel Galán, cuya denuncia originó la investigación de los contratos suscritos por la RFEF en la etapa de Rubiales, asegura que la imputación de Rocha le inhabilita para presidirla. «No legalmente, pero sí a nivel ético», reconoce el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (Cenafe).
El dirigente extremeño es el único de los aspirantes a presidir de forma interina la federación que ha superado los 21 avales necesarios para presentarse al proceso. De hecho, el expresidente de la Comisión Gestora ha presentado 107 apoyos.
Como adelantó este diario, la dirección de la RFEF se encontraba al borde de la imputación después de que Galán denunciara ante la juez una presunta obstrucción a la justicia. La federación no atendió los requerimientos de documentación realizados por la magistrada desde finales del año pasado, lo que desencadenó la operación, que desembocó en el registro de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y las detenciones de varios dirigentes federativos.
Pendiente del TAD
Galán también pidió a la juez que tomara declaración a la directora de gabinete de Presidencia, Elvira Andrés; y al ex secretario general Andreu Camps. «La documentación presentada por los responsables de la RFEF no incluye los contratos celebrados para la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudí», señala el escrito que presentó su abogado. Rocha manifestó momentos antes de entrar a declarar como testigo que acudía al juzgado «muy tranquilo».
Rocha está pendiente de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) resuelva una petición para inhabilitarle por excederse de sus competencias en la RFEF, como solicitó el presidente de Cenafe. Galán sostiene que el expresidente de la Comisión Gestora se extralimitó de sus funciones a rescindir el contrato del asesor jurídico externo y apartar de sus funciones a dos empleados, todos ellos detenidos durante una operación de la Guardia Civil.
El presidente de Cenafe ya intentó sin éxito inhabilitar con anterioridad a Rocha. Denunciaba que el cometido de la Comisión Gestora que presidía el dirigente extremeño era convocar elecciones a la presidencia, como establece el artículo 31.8 de los estatutos federativos. Sin embargo, el sucesor de Rubiales demoró meses una decisión que debió tomarse en septiembre.
