La justicia alemana tumba la estrategia de España contra los laudos por las renovables
El Gobierno llegó a solicitar penas de prisión y hasta 250.000 euros de multa para los abogados de RWE
Aerogeneradores en una finca de Illinois, en Estados Unidos. | Stacey Wescott (Zuma Press)
La justicia alemana tumba la estrategia de España. El Gobierno de Pedro Sánchez solicitó a la Corte Regional de Essen, al Oeste de Alemania, que impidiera a RWE solicitar a los tribunales de Estados Unidos el embargo de bienes e inmuebles españoles en ese país para cobrar la deuda de 28 millones de euros por la retirada de primas a las compañías de energías renovables. La Abogacía del Estado incluso reclamó para los abogados de la empresa germana penas de prisión de dos años y una multa de 250.000 euros si proseguían en esa línea. Un tribunal internacional ratificó hace unas semanas la condena, lo que elevó el adeudo a lo que elevó el adeudo a 1.800 millones.
Los jueces establecen en la sentencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que España no tiene derecho a emprender este proceso judicial contra RWE. En su opinión, no puede impedir ejecutar un laudo arbitral. La resolución sostiene que tampoco existe una base nacional para la reclamación de las compañías afectadas por la retirada de ayudas a las renovables y que las autoridades comunitarias niegan que estas cuestiones se diriman en tribunales internacionales cuando las partes implicadas residen en zona comunitaria.
RWE es la segunda empresa del sector energético en Alemania tras E.ON, también afectada por la retirada retroactiva de ayudas a las renovables en España. Opera en una decena de países y cuenta con más de 20.000 empleados. En su último informe anual, el del año pasado, comunica ventas por valor de 28.000 millones de euros. La compañía desarrolló distintas instalaciones de energía verde en nuestro país arrastrada por las ayudas al sector.
Ayudas a las renovables
La retirada de estas primas motivó que RWE denunciara a España invocando al artículo 10 del Tratado de la Carta de la Energía, que obliga a los países firmantes a respetar las condiciones de seguridad jurídica. El arbitraje arrancó en diciembre de 2014. La sentencia original se publicó en 2019 y exigió a España una serie de compensaciones en relación con siete plantas de energía renovable que vieron alteradas sus condiciones financieras.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) condenó a España a pagar 28 millones de euros a la empresa alemana, cantidad a la que había que sumar las costas del procedimiento (otros 700.000 euros) y los honorarios legales en los que incurrió RWE (2 millones). Sin embargo, el Gobierno recurrió la decisión en abril de 2021. El proceso se alargó durante casi dos años. A principios de este mes, el organismo dependiente del Banco Mundial ratificó la sanción.
Para entonces, RWE ya había iniciado (lo hizo en marzo del año pasado) la tramitación del litigio a un tribunal de distrito de Washington con la intención de que se embargaran bienes e inmuebles españoles en Estados Unidos ante la negativa de España de cumplir la resolución del Ciadi. Una fórmula que ya siguieron otras empresas afectadas por los impagos de los laudos por la retirada de ayudas a las renovables.
«Este tipo de procedimiento puede resultar en la activación de medidas extraordinarias orientadas a resarcir a las empresas afectadas por este tipo de incumplimientos. Un ejemplo de tales mecanismos sería el embargo de bienes y activos de España, procedimiento que ya han autorizado los tribunales supremos de Australia y Reino Unido y que, de hecho, ya está en marcha en las islas británicas, donde se ha producido la incautación cautelar de distintas propiedades y activos financieros», destacan fuentes de RWE.
Una deuda de 1.800 millones
Las empresas de energías renovables perjudicadas por la retirada de ayudas han conseguido 26 victorias en el Ciadi, más de la mitad de los procesos que se elevaron ante este tribunal. No obstante, aún queda una docena de laudos por dirimir. España ha sido condenada por el momento a abonar 1.600 millones, cifra a la que hay que sumar al menos otros 200 en concepto de indemnizaciones, condenas en costas, honorarios de abogados y consultores e intereses de demora.
El Gobierno se niega a hacer frente a los pagos. Esa posición ha llevado a muchas compañías a elevar las cuestiones a tribunales ordinarios, que ya han abierto la puerta a embargar activos españoles en esos territorios. Reino Unido y Australia decidieron embargar activos españoles para contrarrestar los impagos. Entre los inmuebles más relevantes destaca el Instituto Cervantes de Reino Unido o la sede del Instituto Vicente Cañada Blanch en Londres. A eso hay que añadir el daño a la reputación del país.
El origen de la situación se remonta a 2007, cuando el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un ambicioso programa de primas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios. Las compañías alegaban que la reforma legislativa del gobierno del PP reducía la rentabilidad prevista por numerosas instalaciones renovables.
Los inversores acudieron a la corte de arbitraje reclamando pérdidas superiores a los 10.000 millones. Para no pagar, el Gobierno apela a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que data de septiembre de 2021. La resolución limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria. La Comisión Europea ya anunció en julio su intención de abandonar el Tratado de la Carta de la Energía.
