El Gobierno presume de ahorrarse 7.500 millones en los laudos por las renovables
España se resiste a pagar los 1.500 millones estimados por los tribunales de arbitraje y se enfrenta al embargo de activos
Aerogeneradores en una planta de Indiana, Estados Unidos. | Kyle Mazza (Zuma Press)
El Gobierno presume de haberse ahorrado 7.561 millones de euros en su pulso con las renovables. La retirada de ayudas a las empresas del sector hace más de una década motivó que recurrieran a los tribunales de arbitraje para demandar 10.640 millones en concepto de indemnización. Las compañías perjudicadas han doblado el brazo del Estado en 25 ocasiones, aunque siguen sin cobrar las cantidades estimadas, casi 1.500 millones. Las han reclamado a juzgados ordinarios de Reino Unido, Australia y Estados Unidos, que han abierto la puerta a embargar activos de España para sufragar la deuda.
«La cuantía ganada o ahorrada en los procedimientos arbitrales y subsiguientes anulaciones es de 7.561 millones de euros, que representa un 84% de la cantidad que estaba en litigio (9.004 millones)», reconoce el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Se trata de una réplica a una pregunta formulada por el PP.
El texto, fechado el pasado 12 de abril, relata que se han iniciado 52 arbitrajes bajo el Tratado de la Carta de la Energía, un acuerdo multilateral que ofrece seguridad jurídica a los inversores del sector energético y que vincula a los países firmantes. De todos esos laudos, España ha ganado 14, bien en fase de arbitraje o de anulación. Otros 25 han sido parcialmente estimados, por lo que «se ha conseguido una rebaja sustancial de la cantidad reclamada» y 13 continúan pendientes de resolución.
La deuda del Gobierno
La respuesta del Gobierno incide en que la cuantía litigiosa pendiente de laudo asciende a 1.636 millones. Incluso estimándose esa cantidad, España solo tendría que abonar el 29% de la cifra que demandaban las renovables en concepto de indemnización. El porcentaje estimado hasta el momento por los tribunales de arbitraje apenas supera el 13%.
Un montante que no incluye los intereses de demora, condenas en costas ni honorarios de abogados, denuncian las empresas afectadas. Sumando todo eso, la cifra aumenta a los 1.800 millones. El Gobierno se resiste a pagar alegando a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que data de septiembre de 2021. La resolución limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria.
España y la Comisión Europea ya han anunciado su intención de abandonar el Tratado de la Carta de la Energía. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, envió una carta al Ejecutivo comunitario en octubre de 2022 anunciando la decisión de que nuestro país abandonaría el acuerdo alertando de que «el resultado del proceso de modernización ha sido altamente insuficiente».
Las empresas afectadas cifran en 26 los laudos favorables (uno más que el Gobierno), lo que supondría una indemnización de 1.636 millones de euros. Las compañías que han logrado torcer el brazo del Estado son Antin, RREEF, NextEra, 9REN, Cube, Soles Badajoz, Blaskett, Operafund, Watkins, PV Investors, Hydro Energy, RWE, Cavalum, STEAG, BayWa, Eurus, JGC, Renergy, Sunflower, Foresight, Sevilla Beheer, Infracapital, Kruck, Canepa y E.ON.
Más laudos que nadie
«El impago de estos laudos sitúa a España a la altura de Venezuela o Rusia en los rankings de cumplimiento de arbitrajes internacionales», denuncian las compañías afectadas. Un estudio elaborado a finales del año pasado por NL Consulting, la compañía que dirige Nikos Lavranos, experto en arbitrajes, afirma que nuestro país es el que acumula más laudos pendiente de pago, un total de 15. En cuanto a montante económico sería el tercero.
Las compañías afectadas han iniciado con éxito distintos procedimiento de embargo de bienes que ya han sido autorizados por la justicia británica y ya tienen plena cobertura en los tribunales australianos. En las próximas fechas esperan «nuevas decisiones judiciales en Estados Unidos que pueden avanzar en la misma línea». En las islas británicas, el Gobierno ha visto cómo se ha iniciado el proceso para confiscar el Instituto Cervantes o la sede del Instituto Vicente Cañada Blanch en Londres.
A todo eso hay que añadir el daño a la reputación del país. Las empresas afectadas activaron un default técnico que, solo en 2023, supuso un coste directo de 4.660 millones en la financiación del Tesoro, amén de otros 2.560 millones de impacto sobre el PIB debido a la inseguridad jurídica generada. Los compañías perjudicadas sostienen que «no tiene sentido seguir manteniendo esta situación por una deuda que apenas supone el 0,1% del PIB».
«El Gobierno ha exigido a las empresas que fueron derrotadas que le embolsen las condenas en costas, pero sigue sin resarcir a las 26 compañías que se han impuesto. Los afectados, que invirtieron más de 70.000 millones de euros en desarrollar energía verde en España, abogan por una solución negociada», explica a este diario un portavoz de las firmas afectadas. E insiste: «En vez de solucionar la actual situación a través de más litigios y embargos, su mano está tendida».
El origen se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un ambicioso programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios. Las compañías alegaban que la reforma legislativa del gobierno del PP reducía la rentabilidad prevista por numerosas instalaciones renovables.
