Koldo pide al juez que desbloquee las nóminas que le paga la empresa de su pareja
El supuesto cabecilla del ‘caso Koldo’ está pendiente de cobrar 2.970 euros de los meses de febrero y marzo
Koldo García y su esposa, Patricia Úriz. | Ilustración de Alejandra Svriz
Koldo García necesita una fuente de ingresos. El antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos ha solicitado al juez que le permita cobrar las nóminas que bloqueó tras su detención el pasado 20 de febrero. Los agentes de la Guardia Civil también registraron la empresa para la que trabaja como asesor, Erikapat Consultoría Internacional, cuya administradora única es su pareja, Patricia Úriz, otras de las investigadas por beneficiarse, presuntamente, con las adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia. La Audiencia Nacional permitió hace dos semanas que el supuesto cerebro de la trama recuperara varios vehículos.
La empresa fue constituida en Alicante en marzo de 2022, meses después de que Koldo dejase de ser asesor en el Ministerio de Transportes. El asesor de Ábalos fue contratado el 9 de diciembre del año pasado, pero su detención y el registro de la compañía dieron al traste con su actividad. En las alegaciones a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Koldo solicita al juez que autorice el pago de las dos nóminas que tiene pendiente de cobro «así como las sucesivas que pudieran generarse mensualmente».
La cantidad pendiente de cobro asciende a los 2.970 euros. El juez que instruye el caso Koldo denegó los pagos de Erikapat el pasado 15 de abril a través de una providencia. No solo bloqueó el abono de las nóminas, también impidió las cotizaciones a la Seguridad Social porque no se acreditaba «fehacientemente» la actividad de la mercantil ni los servicios que presta el antiguo asesor de Ábalos.
El sueldo de Koldo
La primera nómina que se le adeuda se corresponde con los 1.328 euros de su salario de febrero. La segunda, de marzo, alcanza los 1.642. Koldo también advierte al juez de que «ya se están produciendo apremios» por los impagos de las cotizaciones a la Seguridad Social, a la que se adeuda más de 2.275 euros. Esta situación «no hacen sino ahogar a una empresa que a día de hoy, fruto de la situación actualmente existente, carece de actividad».
En las alegaciones que presentó ante el juez el pasado miércoles, Koldo acredita su relación laboral con la empresa. También da cuenta de los viajes que realizó desde noviembre como asesor de esta consultora orientada a proyectos de movilidad y obras públicas. Entre los trayectos destaca uno a Quito (Ecuador) el pasado 7 de diciembre y otro a Santiago de Chile apenas unos días antes.
La Guardia Civil ha acreditado en los informes elaborados tras las escuchas a los miembros de la trama que Koldo explicó a sus interlocutores que tenía un viaje de una semana a Chile donde «se reunirá con el presidente y con el ministro de Agricultura» porque tiene que «solucionar un par de proyectos que nos han pedido (…) para unos proyectos de microempresas de agricultura». No obstante, no hay ninguna prueba de que esos encuentros se produjeran.
Los investigadores acusan a la pareja de beneficiarse con un notable incremento patrimonial durante la pandemia que estiman en 1,5 millones de euros. Un dinero que, señalan, podrían haber recibido a través de mordidas por la adjudicación de nueve contratos públicos durante la pandemia por valor de 53 millones a Soluciones de Gestión. La Guardia Civil sostiene que Koldo habría tenido un papel esencial en estas operaciones al ser la persona que avisó al empresario Víctor de Aldama de las necesidades del Ministerio de Transportes.
Una firma fantasma
La sede de Erikapat está ubicada en la primera planta de un edificio de apartamentos turísticos de la Avenida de Almería de Alicante. El local pertenecía a la familia del asesor de Ábalos. Los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil investigan si pudo ser utilizada por la pareja como tapadera para el cobro de comisiones de la trama. Los agentes indagan en las finanzas para averiguar si Koldo y Patricia Úriz canalizaron las mordidas de los contratos a través de esta firma fantasma.
Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil en 2022, Erikapat se constituyó con un préstamo de 17.000 euros, no tuvo ninguna facturación y, pese a esto último y no tener ningún trabajador a cuenta, tuvo pérdidas de 16.580 euros. El objeto social de la empresa es variado, entre ellas la prevención de riesgos laborales, de seguridad, higiene y varias aspectos relacionados con la formación».
Una serie de funciones que guardan poca relación con la propietaria, Patricia Úriz, vinculada al PSOE, donde ha ocupado distintos cargos, y al Ministerio de Transportes, en el que trabajó como ayudante de secretaría durante la etapa de Ábalos. La creación de esta empresa no sería la única actividad que habrían desarrollado Koldo y su esposa en el levante español.
La pareja habría comprado dos viviendas en Benidorm, una por valor de 365.000 euros pagada al contado, y otras tres propiedades en la provincia de Alicante tras la pandemia por importes que no se corresponden con sus ingresos declarados. Una serie de adquisiciones para las que se habría utilizado supuestamente el dinero de las mordidas en las adjudicaciones de los contratos por la vía de urgencia, por tanto a dedo, para la compra de material sanitario durante la covid.
Recupera vehículos
Koldo y su esposa recuperaron hace dos semanas varios vehículos embargados: una motocicleta Suzuki al nombre del antiguo asesor de Ábalos y un coche KIA, titularidad de Úriz. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó su recurso de apelación.
La pareja consideró «de extrema gravedad» que el juez que investiga el reparto de comisiones en las adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia mantuviera bloqueados sus bienes. El presunto cabecilla de la trama se quejó a los magistrados del órgano judicial de que esa decisión perjudicaba su «vida cotidiana y labor profesional».
