Una acusación del 'caso Koldo' recurre el portazo del juez a interrogar a Javier Hidalgo

Liberum no tira la toalla. La asociación, una de las acusaciones populares del caso Koldo, va a recurrir el portazo del juez a tomar declaración en calidad de testigo al CEO de Globalia, Javier Hidalgo. La organización rechaza presentar un recurso de reforma y elevará la cuestión para solicitar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que decida. El cónclave, formado por tres magistrados, ya ha corregido al juez en dos ocasiones. En ambas para devolver los vehículos embargados a dos de los supuestos cabecillas de la trama, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

El juez que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, se posiciona con la Fiscalía y rechaza citar a Hidalgo, hijo del presidente de Globalia, grupo al que pertenece Air Europa. El magistrado alega que la petición solo busca objetivos políticos y limita el papel de la compañía en la trama al transporte de mascarillas que el Gobierno compró al inicio de la pandemia. También se resiste a investigar los pagos de la compañía a Aldama, principal comisionista de la trama, y a que declare Leticia Lauffer, directora de Wakalua.

La asociación considera que ambos pueden aportar detalles interesantes sobre cómo funcionaba la trama Koldo, por lo que van a acudir directamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Dividida en dos secciones, se trata del órgano competente para resolver recursos contra las resoluciones dictadas por los juzgados centrales de lo penal, el Juzgado Central de Menores y los Juzgados Centrales de vigilancia penitenciaria.

Los vehículos de Koldo

Liberum espera que la Sala corrija al juez, como ya ha sucedido en dos ocasiones. A finales de abril, rectificó la decisión del Moreno y aceptó un recurso de Koldo García, que acabó recuperando una motocicleta y un coche que se encontraban embargados. El asesor del exministro José Luis Ábalos se oponía a la decisión porque le perjudicaba en su «vida cotidiana y labor profesional». Días más tarde, la Sala decidió devolver a Aldama seis vehículos de alta gama.

Moreno se opone a citar como testigo a Hidalgo porque la relación de Globalia con Soluciones de Gestión y Aldama «se circunscribe, a día de la fecha, al transporte de las mascarillas». Considera que otras empresas también tuvieron relación con los citados en la ejecución de los contratos investigado y rechaza que la llamada a la comisión de investigación del Senado sirva de bases a la pretensión de Liberum porque esta busca «eventuales responsabilidades políticas y propuesta de reformas legales».

Air Europa fletó al menos nueve aviones para que Soluciones de Gestión transportara el material sanitario bajo sospecha. La aerolínea reconoce que cobró por cada trayecto 273.333 euros de media, un precio que se ajustaba a los precios del mercado en aquel momento. Los vuelos se realizaron a instancias de Aldama, que trabajó como asesor para la compañía y habría cobrado más de 72.000 euros por los servicios. También le encargaron recuperar una deuda millonaria con Venezuela, por la que le recompensaría con casi 5 millones.

Soluciones de Gestión se hizo con nueve contratos en 2020 por valor de 53 millones, todos ellos con administraciones socialistas, algunos incluso antes de que fuesen adjudicados. Dos fueron otorgados por organismos vinculados al departamento de Ábalos (Puertos del Estado y ADIF) por casi 33 millones. Los investigadores sostienen que Koldo avisó a Aldama de la necesidad de comprar material sanitario y que este, al no disponer de la estructura necesaria, contactó con el empresario Juan Carlos Cueto.

La filial de Globalia

El magistrado que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional también desestima que declare en calidad de testigo Leticia Lauffer, directora de Wakalua, la filial que creó Globalia tras la entrada de Begoña Gómez en el IE África Center. Sostiene que se trata de una empresa dedicada al sector del turismo y sin relación alguna con Soluciones de Gestión, la empresa bajo sospecha por haber conseguido nueve adjudicaciones a dedo para suministrar material sanitario a administraciones socialistas.

La acusación que ejerce Liberum justificó su petición porque ambos «tuvieron conocimiento o información de las negociaciones mantenidas entre Soluciones de Gestión, la sociedad MTM 180 Capital (titularidad de Aldama) con Globalia y su filial Wakalua». La asociación ha decidido saltarse el paso de presentar un recurso de reforma porque considera que el juez no tiene intención de llamar a declarar como testigos ni a Hidalgo ni a Lauffer.

La Fiscalía se opuso a la citación porque, aunque está acreditada la relación entre Hidalgo y varios actores de la trama Koldo, hasta ahora esa relación «se circunscribe al transporte de las mascarillas» y no ha sido la única empresa que ha contratado con los citados. En el escrito que firmó el juez el pasado 10 de mayo insiste en que para conocer este último escenario «basta una lectura tanto de los informes de la UCO como de la AEAT-ONIF».

Liberum ya solicitó al juez que llamara a declarar en calidad de testigo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, aunque Moreno lo declinó. La asociación realizó la petición en dos ocasiones. La primera el pasado 8 de abril al considerar que la pareja de Pedro Sánchez habría realizado gestiones para importar tapabocas y respiradores desde China con la directora de Wakalua apenas unos meses antes del rescate de Air Europa, ambas empresas del grupo Globalia.

Como avanzó este diario, Gómez también habría escrito cartas de recomendación a favor de un empresario vinculado a ella. La esposa de Sánchez expresó su apoyo a la Unión Temporal de Empresas (UTE) a través de la una misiva en 2020. Las compañías consiguieron un contrato por valor de 7,7 millones de euros. Uno de los accionistas era Carlos Barrabés, el creador del máster de la Universidad Complutense que codirige la pareja del presidente del Gobierno desde 2020.