EEUU abre la puerta a embargar activos españoles por los laudos de las renovables
THE OBJECTIVE accede a las declaraciones críticas de los jueces de la Corte del Distrito de Columbia
Pedro Sánchez, aerogeneradores eléctricos y la localización del Instituto Cervantes en Nueva York. | Ilustración de Alejandra Svriz
Estados Unidos se abre a embargar activos españoles. Seguiría los pasos de Reino Unido y Australia, que avalan esa fórmula si nuestro país no satisface los laudos reconocidos por los tribunales de arbitrajes a favor de las empresas afectadas por la retirada de ayudas a las energías renovables. La Corte del Distrito de Columbia celebró el 28 de febrero una vista oral decisiva para NextEra y 9REN, que pretenden registrar sus litigios ante la justicia estadounidense. Los jueces que escucharon a las partes fueron especialmente críticos con la posición del Gobierno de Pedro Sánchez.
Los laudos condenatorios para España alcanzan ya los 1.800 millones de euros. Se han presentado 52 procedimientos contra nuestro país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), de los que 25 han sido satisfactorios para los demandantes. Sin embargo, los afectados siguen sin recibir un solo euro. Muchos de ellos han optado por acudir a los tribunales ordinarios. Reino Unido y Australia ya han decidido embargar activos españoles para contrarrestar los impagos, entre los que destacan las sedes del Instituto Cervantes.
Para no pagar, España apela a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que data de septiembre de 2021. La resolución limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria. La Comisión Europea ya anunció en julio su intención de abandonar el Tratado de la Carta de la Energía. Durante la vista del pasado febrero, Cornelia Pillard destacó que España había llegado a un acuerdo con los inversores al ofrecer una serie de incentivos determinados y recordó que nuestro país había suscrito el tratado, lo que le obliga a someterse a los tribunales de arbitraje.
Laudos sin pagar
Pillard reconoció que España y la UE pueden abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, pero que no pueden eludir sus responsabilidades. La juez insistió en que las inversiones verdes de las empresas afectadas han beneficiado a nuestro país, por lo que resulta sorprendente que ahora no se reconozcan las obligaciones para compensarles, especialmente existiendo una veintena de laudos condenatorios.
«¿Acaso los inversores habrían inyectado dinero en España sin la certeza de que, ante una situación así, podrían solicitar un arbitraje neutral para dirimir la disputa?», preguntó Pillard de forma retórica durante la audiencia celebrada en la Corte del Distrito de Columbia en febrero. La magistrada también acusó a la Abogacía del Estado de «retorcer» las definiciones del Tratado de la Corte de Energía y advirtió de que, si todos los países se niegan a cumplir con los procesos del Ciadi, este colapsaría y no tendría ningún propósito.
Pillard cuestionó a nuestro país por intentar «saltarse sus obligaciones y compromisos». No fue la única que señaló la posición del Gobierno español. La juez Florence Pan también se mostró crítica. Llegó a plantear como «ficción» el hecho de que el Tratado de la Carta de la Energía no se aplique a países europeos. «Los arbitrajes ahorran tiempo y reducen la conflictividad legal», insistió la magistrada, para quien las decisiones adoptadas por el Ciadi no interfieren en la primacía del derecho europeo porque no sientan jurisprudencia.
La juez Judith Rogers también se mostró contundente contra la decisión de no pagar las indemnizaciones reconocidas a favor de las empresas de energías renovables. En su opinión, los países firmantes del tratado reconocen que el arbitraje es la salida prevista ante cualquier disputa. La magistrada consideró incongruente plantear ahora que España no comprendía o validaba las implicaciones del acuerdo y cree inapropiado que se niegue a asumir sus responsabilidades.
NextEra y 9REN
La situación intranquiliza al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su representante, Sharon Swingle, reconoció en la vista que los litigios que plantean NextEra y 9REN preocupan al Gobierno norteamericano a nivel diplomático porque hay un país extranjero involucrado y sus dirigentes «nos han hecho llegar sus quejas». En su opinión, el convenio del Ciadi establece un marco claro para los arbitrajes, por lo que no se puede esgrimir la soberanía nacional como excusa para evitar el cumplimiento de los laudos.
El tribunal del distrito de Columbia, ubicado en Washington, manifestó a finales del año pasado que Estados Unidos mantiene abiertos cuatro procedimientos contra España por la retirada de primas a las renovables. Son los casos de NextEra, 9REN, Blasket Renewable Investments y Antin, que se desvinculó hace unos años de esa deuda, adquirida por el fondo estadounidense Centerbridge.
La acumulación de casos llevó a la Corte a replantearse la estrategia y se marcó como prioridad resolver la primera causa que llegó, la de NextEra. A partir de ahí generaría jurisprudencia para seguir el mismo criterio con el resto de casos. La compañía estadounidense invirtió alrededor de 750 millones de euros en España cuando el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables en 2007.
Las ayudas suponían que los inversores consiguieran una gran rentabilidad con sus proyectos. Gracias a esa fórmula se captaron 70.000 millones de capital foráneo. Sin embargo, seis años más tarde Mariano Rajoy eliminó las primas de manera retroactiva y las empresas comenzaron a solicitar indemnizaciones para paliar sus pérdidas. Una de ellas fue NextEra, que exigió una reparación de más de 500 millones de euros, aunque finalmente el Ciadi lo dejó en 300, aunque nuestro país sigue sin abonar el dinero.
En el caso de 9REN la deuda supera los 40 millones. A estas cantidades habría que añadir los costes de abogados y los intereses de demora, por lo que el agujero superaría los 350 millones. Las compañías creen que los impagos pueden conllevar embargos de activos españoles en Estados Unidos, como ya ha ocurrido en Reino Unido y Australia. En el primer país, los procesos han motivado que se confisque la sede del Instituto Cervantes en Londres, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una oficina de la UNED, una sede de promoción económica ligada a Cataluña y una cuenta bancaria.
Hace un año, Blasket Renewable presentó un aviso de incumplimiento técnico contra España, alegando que el Gobierno no ha saldado sus deudas relacionadas con las inversiones fallidas en energía renovable. Un informe del fondo de inversión estadounidense sostiene que la declaración de default tuvo el año pasado un impacto demoledor para la economía española que cifró en casi 5.000 millones de euros en el encarecimiento del coste de la deuda pública. En cuanto a la repercusión macroeconómica, el PIB observado en este periodo se reducirá en 7.343 millones. Eso, sin contar con el daño reputacional.
