La Fiscalía pide imputar al 'número tres' de Transportes por el 'caso Koldo'
El PP del Senado muestra su satisfacción porque es «consecuencia de la comisión de investigación»
El exministro de Transportes José Luis Ábalos.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido imputar al subsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, y al jefe de personal de ADIF, Michaux Miranda Paniagua, por presionar para que se adjudicasen contratos de material sanitario de los que se pudiese beneficiar la trama Koldo. Asimismo, el Ministerio Público también ha demandado que se impute al ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, único cargo que ha sido cesado en el Ministerio. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado muestra su satisfacción porque la comisión de investigación ya empieza a dar sus frutos y gracias a las «mentiras y contradicciones» que se han conocido, «Anticorrupción ha actuado, a esto tenía miedo el PSOE».
Anticorrupción adopta esta decisión después de tomar en consideración un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, del cual «se desprende que podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas».
Sobre el papel del número tres del actual ministerio de Transportes, la Fiscalía subraya su papel como «correa de transmisión entre la esfera próxima del Ministro y los entes adjudicadores». Y deslizan que este último mintió en su declaración en sede policial cuando afirmó que «no participó de manera directa o indirecta en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión», afirmación que el fiscal señala que está «alejada de la realidad tal y como se desprende de los correos electrónicos referenciados en el informe policial».
De la petición de la Fiscalía para que el juez de la Audiencia Nacional impute a Jesús Manuel Gómez García cabe destacar que el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció el pasado febrero que se iba a realizar una auditoria «a la máxima brevedad posible» en el Ministerio para dilucidar las posibles responsabilidades de los miembros de la institución en el caso Koldo, investigación interna que, por el momento, se desconoce si se ha realizado. Asimismo, aseguró tras el cese del ex secretario general de Puertos del Estado que no creía que debiese haber más despidos en el Ministerio por este caso.
En el escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, destaca la intervención de correos electrónicos al jefe de Personal de ADIF, de los que se desprende que al Ministerio de Transportes llegaron durante la pandemia dos ofertas para suministrar mascarillas a la Administración. A esa oferta de adjudicación se presentaron dos empresas: Soluciones de Gestiones e INJOO. La Fiscalía enfatiza que pese a que INJOO presentaba una oferta mejor, los responsables decidieron adjudicar a Soluciones de Gestión el contrato, aunque «suponía un mayor riesgo frente a INJOO, habida cuenta de datos como la solvencia o el riesgo de impago».
De Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado, la Fiscalía subraya que fue el encargado de que Soluciones de Gestión se llevase los contratos que ofertaba la institución que dirigía. De hecho, Anticorrupción señala que los responsables de Soluciones de Gestión conocieron tres días antes de que saliese el resultado, que iban a ser los adjudicatarios de la oferta que emitió el organismo dependiente del Ministerio de Transportes. «En este sentido, consta un correo de Álvaro Sánchez Manzanares a su equipo en el que no solicita a su equipo de trabajo localizar una mercantil para el suministro de mascarillas, sino articular la compra de manera legal, circunstancia que viene a reforzar que la selección de la empresa ya se habría realizado por parte del Ministerio de Transportes, pues es este órgano quien imparte las instrucciones», señala Anticorrupción en su dictamen.
Igualmente, el informe del fiscal recoge que Sánchez Manzanares se puso en contacto con Koldo García para saber cómo tenía que actuar tras llegar a Puertos del Estado otra empresa que pujaba por llevarse el contrato para suministrar mascarillas, «relegando así el poder de decisión de contratar a Soluciones de Gestión en ese investigado». Además de informar al exasesor de Ábalos, el exdirigente de Puertos del Estado también remitió la misma información a Víctor de Aldama, «escribiendo en el cuerpo del mensaje ‘Sólo para tu información Víctor’». De este contacto entre Sánchez Manzanares y Aldama, la Fiscalía destaca que el exdirigente de Puertos del Estado declaró en sede policial que solo había contactado una vez con Víctor de Aldama para «resolver una incidencia relativa al transporte de las mascarillas».
La Fiscalía dedica a las actuaciones de Sánchez Manzanares gran parte del dictamen que remite al juez. Sobre el papel que jugó el ex alto cargo de la empresa dependiente del Ministerio de Transportes, añade que dos subordinados de Sánchez Manzanares declararon en sede policial que fue él quien les dio «como hecho» que Soluciones de Gestión era la empresa adjudicataria y que «era quien tenía la comunicación directa con el Ministerio vía Koldo García Izaguirre». Una empleada de Puertos del Estado explicó que Sánchez Manzanares le preguntó cuál era «el procedimiento para hacer una contratación de emergencia, si bien le informó que ya habían contactado con una empresa denominada Soluciones de Gestión, la cual sería la encargada de suministrarles las mascarillas». Esta declaración la ratificó otro empleado de Puertos del Estado quien también aseguró en sede policial que Sánchez Manzanares le comunicó que la empresa adjudicataria del contrato era Soluciones de Gestión.
«Con la mayor premura posible»
Del dictamen también destaca la declaración de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, la cual ratificó que fue el exjefe de Personal Michaux Miranda la persona encargada de elegir a Soluciones de Gestión como la empresa adjudicataria y aseguró en su declaración haber recibido por parte del Ministerio de Transportes presiones para la adjudicación «se realizara con la mayor premura posible».
Por todo ello, la Fiscalía Anticorrupción pide que sean imputados: el actual subsecretario de Transportes, el exjefe de Personal de ADIF y al ex secretario general de Puertos del Estado.
Así mismo pide que se llame a declarar a: la presidenta de ADIF, al director de RRHH de ADIF, al jefe del área de RRHH, soporte y alta velocidad de ADIF, al secretario general y secretario del Consejo de Administración de ADIF, al director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, al subdirector General de planificación y gestión de infraestructuras y medios para la seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, al presidente de Puertos del Estado entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, a la Jefa del área de contratación y gerencia de riesgos de Puertos del Estado y a la Jefa de departamento de contratación adscrita a Secretaría General de Puertos del Estado.
El PP pide la dimisión de Puente
Tras conocerse el dictamen, el Partido Popular ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fuerce la dimisión o cese al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al juez del caso Koldo la imputación de su subsecretario y número tres en el organigrama de la cartera, Jesús Manuel Gómez.
Buena parte de la dirección nacional instó a Sánchez a dar este paso tras conocer unos minutos antes la noticia. Y ha cargado contra Puente por prometer hace ya tres meses una auditoría que «ni está ni se la espera» para analizar lo ocurrido en el seno del Ministerio de Transporte, el epicentro –según las investigaciones– de la presunta trama que repartió comisiones ilegales con la venta de material sanitario defectuoso.
«El escándalo de la mañana se queda viejo por la tarde: Anticorrupción pide imputar al número tres de Óscar Puente y él sigue sin cesarle. ¿Dónde está la auditoría? Ni está ni se la espera, igual que la ejemplaridad con Sánchez en Moncloa. Óscar Puente lo sabía y lo tapó: debe dimitir», ha escrito la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
Unas palabras reproducidas también por los portavoces del PP en el Congreso y en el Senado, Miguel Tellado y Alicia García, y por vicesecretarios como Elías Bendodo, Ester Muñoz o Noelia Núñez, quienes advirtieron al Gobierno de que no hay suficientes crisis diplomáticas para «tapar tantos fuegos» y de que «van listos si piensan» que pararán «de exigir responsabilidades y explicaciones».
Los populares han querido poner hoy el acento en que «la Comisión de Investigación del Senado ya da sus frutos. Frente a la estrategia del PSOE y del Gobierno para desacreditar a la Comisión y atacarla con insultos y descalificaciones, la realidad se ha impuesto. Gracias al trabajo de los senadores del PP hemos conocido mentiras y contradicciones del Gobierno y del PSOE, y Anticorrupción ha actuado. A eso tenía miedo el PSOE. A que se destape toda la trama y a las consecuencias que pudiera acarrear, como así está sucediendo».
Entre las consecuencias de la comisión destacan «la petición de imputación de Michaux Miranda se produce un día después de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado. Gracias a las preguntas del PP, supimos que: 1) Mintió al asegurar que el 80por ciento de las adjudicatarias por emergencia no tenían relación con el suministro de material sanitario, cuando solo fue 1 de 27. 2) Mintió al negar que la ONIF y la UCO ya estuvieran investigando a comienzos de 2022, cuando fue su subordinado Martín Navarro quien atendió a la ONIf y él propio Michaux quien atendió a la UCO de forma presencial. 3) Que su dirección solicitó pagar por anticipado a Soluciones de Gestión para no perder las mascarillas, cuando en las Cláusulas del contrato el riesgo lo debía asumir la empresa. Así que ADIF asumió el riesgo de la empresa de la trama. 4)Y destapamos que pagaron 70.650 euros de más a la empresa, posible cantidad destinada a una mordida».
Igualmente, destacan que «Anticorrupción también ha pedido la imputación de Jesús Manuel Gómez, número 3 del Ministerio de Transportes, al que José Luis Ábalos le señaló, en esta comisión de investigación, como los responsables de Soluciones de Gestión. El actual Subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible está en la lista de comparecientes y pronto será llamado por el Senado para dar explicaciones».
El PP recuerda que «que ya comparecerá el próximo martes es el actual presidente de ADIF, Ángel Contreras, que tendrá que explicar sus reuniones con Koldo García y sus vínculos con la trama corrupta de compra de mascarillas durante la pandemia, y la actual trama de amaños de contratos de obra pública investigada por la UCO. La aparición de Contreras en esta nueva investigación demuestra que la corrupción que salpica al Gobierno no es cosa del pasado: está plenamente vigente».
Finalmente, subrayan que «también en esta semana compareció en la comisión de investigación Vicente Calzado, director de Emfesa. Se da la circunstancia que, según el sumario, él, Ángel Contreras y Jesús Manuel Gómez se reunieron con Koldo García en La Chalana el mismo día: 2 de noviembre de 2023. Y se da la circunstancia que, tras su comparecencia y la de Michaux Miranda, Anticorrupción ha pedido imputar a este último y a Gómez. Las comparecencias, por tanto, están más que justificadas pese al fango montado por el PSOE. Y, según parece, están provocando decisiones judiciales relevantes».
