Fiscales y juristas temen que llevar el 'caso Koldo' a la UE suponga «cerrarlo en falso»
La Fiscalía Europea reclamó el jueves a la Audiencia Nacional quedarse con la causa de manera íntegra
Koldo García el pasado 22 de abril en la comisión de investigación del Senado. | Eduardo Parra (Europa Press)
La Fiscalía Europea considera que el caso Koldo es competencia suya. La institución comunitaria investiga desde marzo un posible fraude en los contratos públicos adjudicados en Canarias y Baleares durante la pandemia. Ahora defiende que debe asumir toda la causa al tratarse de la misma trama. El jueves reclamó al juez de la Audiencia Nacional hacerse cargo de la instrucción. Los fiscales y juristas consultados por THE OBJECTIVE lo califican como una maniobra para «cerrarla en falso», ya que el coordinador español, Ignacio de Lucas, es afín al PSOE. Otros expertos aplauden la medida: «En estos momentos tiene más credibilidad que nuestra propia Fiscalía».
La institución comunitaria pretende investigar «la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo». Soluciones de Gestión se hizo con una docena de contratos en 2020 por 53 millones, algunos incluso antes de que fuesen adjudicados. Además de los contratos con gobiernos regionales, que ya supervisa la Fiscalía Europea, destacan los suscritos por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y por dos organismos dependientes del Ministerio de Transportes (Puertos del Estado y ADIF).
Las fiscales delegadas Olga Muñoz y Laura Pellón remitieron el pasado jueves un oficio al juez instructor para reclamar la investigación del caso Koldo. Anticorrupción se opondrá a que la Fiscalía Europea asuma las pesquisas y así lo plasmará en los próximos días en su escrito al magistrado. Considera que no se dan las circunstancias para que la institución comunitaria se quede con la causa, ya que la mayoría de los contratos adjudicados no se financiaron con fondos europeos.
La trama Koldo
Una vez que reciba el informe de Anticorrupción, el juez tomará una decisión. En caso de oponerse a derivar la totalidad del caso Koldo, el magistrado podría plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que decidirá a quién corresponde la competencia. Los fiscales y juristas consultados muestran sus reservas. Creen que la maniobra puede cerrar «en falso» la causa, como sostienen que sucedió con el caso de las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía Europea lo archivó hace un año al considerar que el precio de los tapabocas no fue desproporcionado.
Estos expertos ponen el foco en el coordinador de los fiscales españoles, Ignacio de Lucas, afín al PSOE. Su nombramiento se produjo el pasado julio, apenas unos días antes de las elecciones generales. El Gobierno de Pedro Sánchez lo incluyó en una terna junto a otros fiscales que ya trabajaban en la institución comunitaria, pero el Consejo de Europa suele preferir a candidatos externos.
De Lucas recibió la mayor puntuación entre los aspirantes propuestos por el Gobierno, ya que la decisión final recayó en un panel compuesto por representantes de 12 países miembros de la UE. Los fiscales europeos supervisan las investigaciones y los procedimientos penales. Dependen de la fiscal general europea, la rumana Laura Codruţa. Su trabajo es repartir las causas y coordinar las investigaciones. De Lucas no sería la persona encargada del caso, pero «es quien manda», sostiene un reputado jurista. Y recalca: «Eso basta para parar el caso Koldo».
Un fiscal de dilatada experiencia subraya la cercanía de este con el máximo responsable del Ministerio Público en nuestro país, Álvaro García Ortiz. «Ahora no tiene subordinación, por lo que no debe acatar órdenes. No obstante, ser el jefe es suficiente para archivarlo. Es un hombre de su cuerda, imagino que le escuchará», insiste otro fiscal. En su opinión, quieren quitar el caso al fiscal y juez designados porque «son de fiar». Y recalca: «Da mucho que sospechar».
Afín al PSOE
Otro miembro del Ministerio Público recuerda que el hermano del fiscal europeo fue senador del PSOE por la Comunidad Valenciana: «Llevarse el caso supone una maniobra». La cercanía con los socialistas queda patente después de que, en marzo de 2022, la entonces fiscal general del Estado Dolores Delgado le nombrara como número dos de la Fiscalía Antidroga. De Lucas ocupaba el número 847 en el escalafón general, un baremo objetivo que le situaba en la undécima posición de un total de 13 aspirantes.
«La Fiscalía Europea es un órgano judicial de investigación. En España equivale a un juez de instrucción, salvo que no puede acordar cuestiones que atañen a los derechos fundamentales: ni registros, ni entradas ni intervenciones de las comunicaciones. Esa función se reserva a la autoridad judicial», especifica un fiscal con una importante responsabilidad. En su opinión, la institución comunitaria es independiente, por lo que descarga la responsabilidad de De Lucas en el desarrollo de las pesquisas.
Un prestigioso jurista explica que el riesgo de que la Fiscalía Europea cierre en falso el caso Koldo si acaba quedándose con él no es mayor de que lo haga el Ministerio Público de nuestro país. «Puede ocurrir pero parece muy precipitado decirlo. Tengo muy buena impresión de quienes trabajan en la Fiscalía Europea. Es gente muy competente», insiste este experto.
La institución comunitaria es responsable de investigar delitos contra los intereses de la UE. De hecho, ya indaga sobre la pieza separada del caso Tito Berni que afecta a un general de la Guardia Civil. «Que la Fiscalía Europea lleve los asuntos de forma territorial no supone que sea parcial», destaca un fiscal con décadas de experiencias. Explica que cualquiera que tenga dudas sobre la independencia de sus miembros puede dirigirse a la fiscal jefe y presentar un escrito denunciando falta de imparcialidad.
«Los fiscales europeos no representan al Estado que les nombró, sino que dependen directamente de la Fiscalía Europea, donde las decisiones tampoco las adopta la fiscal general europea, sino que se alcanzan de forma colegiada y tres fiscales que distinto Estado miembro al del procedimiento son los que lo supervisan», insiste un prestigioso jurista. E insiste: «Hay que pensar que su susceptibilidad a actuar conforme a los dictados del poder son menores. Me produce más credibilidad que la Fiscalía española en este momento».
