La Fiscalía europea reclama al juez una parte de la investigación del 'caso Begoña Gómez'
Este movimiento se produce después de que la UCO se personara en la sede de la sociedad pública Red.es
Begoña Gómez.
La Fiscalía europea ha reclamado al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, una parte de la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha confirmado en fuentes jurídicas Europa Press. Se trata de lo que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés y que se habría hecho con fondos europeos.
Se da la circunstancia de que el encargado de supervisar desde la Fiscalía europea los casos judiciales de España es Ignacio de Lucas, hermano de un exsenador valenciano del PSOE y considerado del círculo cercano a Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado.
Este movimiento se produce después de que la semana pasada la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información relacionada con la investigación por orden de la Fiscalía Europea. Sus vínculos con el PSOE hacen dudar a los partidos de la oposición sobre la apariencia de imparcialidad e idoneidad del fiscal que puede mostrar tanto en el caso de la mujer del presidente del Gobierno como en otros que afectan a las filas socialistas.
La alarma con De Lucas saltó en junio del año pasado, cuando se tuvo conocimiento que él, por aquel entonces número dos de la Fiscalía Antidroga, iba a ser el representante de España a partir del 29 de julio en el Colegio de Fiscales Europeos. Desde entonces, y durante un periodo de tres años, Ignacio de Lucas, es el encargado de supervisar, entre otras piezas, la pieza separada del caso Mediador que afecta a la Guardia Civil, a una fundación cuyo patronato presidió la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, o el denominado como caso Koldo.
Ahora, con el foco en Begoña Gómez, cabe recordar que el pasado 26 de abril el órgano comunitario se interesó por la causa y preguntó al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.
En un decreto del 26 de abril, al que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) pidió al juez que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento «estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley», integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las «recomendaciones o avales» de Gómez.
Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaron en dicho decreto que la Fiscalía Europea «podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia» para investigar dichos contratos si así lo estima pertinente, por los que solicitó al juzgado que le remitiese la documentación oportuna.
En una providencia, a la que también tuvo acceso Europa Press, el juez de Madrid contestó que en los hechos que investiga constaban «procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades ‘Innova Next’ –sociedad del Grupo Barrabés–, ‘SLU Escuela de Negocios’, y ‘The Valley'».
Ante la petición de la EPPO, el instructor facilitó copia de los documentos requeridos, aunque no se pronunció sobre la competencia de la investigación en lo relativo a los contratos con fondos europeos, ya que es la propia Fiscalía Europea la que tiene que determinarlo.
Reclamó expedientes a Red.es
En el marco de sus diligencias de comprobación, la Fiscalía Europea reclamó a Red.es los expedientes completos sobre los tres contratos en cuestión, relativos a servicios de formación para el empleo en la economía digital –dos de ellos destinados a jóvenes y uno a personas desempleadas–.
Además, anunció que, «una vez identificados los proyectos anteriores», debería oficiar a la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo (UAFSE) para que le remita información de si dichos contratos «hubiesen sido financiados con fondos europeos y, en su caso, si se han certificado».
Desde que la Fiscalía Europea dictara dicho decreto, el juez de Madrid que admitió la denuncia ha ordenado varias diligencias: incluida la citación como investigada de la propia Begoña Gómez para el 5 de julio y las declaraciones como testigos de varios cargos de Red.es para el 16 de junio. También constaba que ha abierto una pieza separada tras recibir otro oficio de la Fiscalía Europea.
Ahora, este nuevo decreto de avocación parcial que dicta la Fiscalía Europea para que se transfiera parte del procedimiento puede afectar a las comparecencias programadas.
