El juez que investiga a Begoña Gómez se debate entre retener el caso o cederlo a Europa
El órgano comunitario reclama la parte del caso que afecta a las adjudicaciones de Red.es a favor de Barrabés
Begoña Gómez este domingo en el colegio electoral. | David Canales (Zuma Press)
El juez que investiga a Begoña Gómez se encuentra en una encrucijada. La Fiscalía Europea ha reclamado la parte del procedimiento que cerca a la esposa del presidente del Gobierno. Concretamente, aquella que afecta al empresario Juan Carlos Barrabés, que consiguió diversas adjudicaciones que incluían fondos europeos. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Fernando Peinado, se debate entre retener el caso o cederlo a Europa. Si decide continuar con las pesquisas, deberá plantear una cuestión de competencia al Tribunal Supremo, que será quien decida en última instancia a quién corresponde la causa.
La Fiscalía Europea remitió la pasada semana a Peinado un decreto de avocación donde indica que debe abstenerse de seguir practicando diligencias y remitirle los avances. Ese escenario dejaría en el aire la citación de Begoña Gómez como investigada. El juez tiene previsto interrogarle el próximo 5 de julio. Una decisión que llevó a Pedro Sánchez a acusar al magistrado de interferir en la campaña electoral. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reprendido este lunes al presidente por sus palabras.
El organismo que vela por el control de los fondos comunitarios sostiene que estos podrían haberse visto afectados. Eso no supone que se hayan encontrado indicios de delito. Begoña Gómez está investigada por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Esta pieza separada investiga si las cartas de recomendación que firmó la esposa del presidente en favor de Barrabés incidieron en la adjudicación de tres contratos por parte de Red.es, un ente público vinculado ahora al Ministerio de Función Pública y Transformación.
Begoña Gómez
Peinado se debate entre dos caminos. El primero supone inhibirse a favor de la Fiscalía Europea, lo que le haría perder el control del proceso en la parte afectada. Los fiscales y juristas consultados por THE OBJECTIVE alertan de que esta fórmula implicaría «cerrar en falso» el procedimiento, ya que el encargado de supervisarlo, el fiscal Ignacio de Lucas, es afín al PSOE. Se trata de una persona cercana al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de su predecesora, aunque ya no depende orgánicamente de ellos. Además, su hermano fue senador de los socialistas por Valencia.
La otra opción pasa por mantener el caso. En ese escenario, el juez tendría que acudir al Supremo para que resuelva el conflicto de competencias. Solo lo ha hecho en una ocasión desde la creación de la Fiscalía Europea en 2017. Entonces, el magistrado Antonio del Moral, ponente de la sentencia, no dejó claro si hay que adjudicar el caso al órgano comunitario siempre que lo reclame.
Peinado es un juez celoso de las causas que instruye. Las fuentes consultadas afirman que será «un hueso difícil de roer» y que no dejará el caso de Begoña Gómez fácilmente. De hecho, hace unos años ya se resistió a remitir el caso PDVSA a la Audiencia Nacional, órgano que se había considerado competente para hacerse cargo de la investigación que rastrea la red de altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos que supuestamente saqueó la empresa pública de petróleo del país.
A principios de junio, el magistrado acordó abrir una pieza separada para investigar si el caso de Begoña Gómez afectó a fondos comunitarios. La Fiscalía Europea había remitido el 26 de abril un oficio firmado por los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate en el que solicitaba información sobre tres expedientes relacionados con Innova Next, la empresa de Barrabés que concurrió a los concursos de Red.es. La Guardia Civil registró la sede del ente público la semana pasada en busca de documentación.
Contratos de Barrabés
El oficio de la Fiscalía Europea adjuntaba un decreto asegurando que había informado a Red.es de su intención de recabar los expedientes. El órgano comunitario también demandaba que la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo contrastara el origen de la financiación de los proyectos dirigidos a la empleabilidad en el contexto de las nuevas tecnologías y si estos fueron acometidos con partidas con cargo a la UE.
La primera adjudicación de Red.es a las empresas de Barrabés se produjo el 18 de marzo de 2021. Estaba relacionada con los servicios de oficina de una PYME. El importe ascendió a los 2,1 millones de euros. En ese caso, Innova Next había conformado una UTE con otra empresa. Lo mismo que ocurrió en la segunda concesión, que tuvo lugar el 30 de julio de ese año. En esta ocasión, la alianza se realizó con The Valley Digital Business School y el contrato fue cercano a los 5 millones.
La tercera asignación de Red.es a favor del empresario que recomendó Begoña Gómez se produjo el 2 de agosto. El contrato, relativo a la formación para personas desempleadas en la economía digital, superó los 3,6 millones. En esta ocasión, Innova Next volvió a conformar una UTE con The Valley Digital Business School. No obstante, la Guardia Civil advierte en un informe que entregó al juez Peinado el pasado 14 de marzo que la empresa fue la que obtuvo mayor puntuación en los procesos.
Las sociedades de Barrabés han sido adjudicatarias de 99 contratos públicos entre 2015 y 2024 por un importe cercano a los 25 millones de euros. El informe de la Guardia Civil que encargó el juez Peinado, al que ha tenido acceso este diario, subraya que esos acuerdos se concentran en dos sociedades. La primera, Barrabés SK Montaña, se benefició de 65 contratos por valor de 1,8 millones (el 7,3% del total). El mayor contrato apenas supera los 900.000 euros en 2023.
Caso Koldo
La empresa que aglutina el 91,7% del dinero público adjudicado a Barrabés es Innova Next, que se ha hecho con 28 contratos por valor de 22,9 millones. En esa cantidad estarían incluidos los 10,6 millones que consiguió gracias a las tres adjudicaciones de Red.es en las que habría sido recomendado por Begoña Gómez. Las concesiones tuvieron lugar entre el 18 de marzo y el 2 de agosto de 2021, en un periodo de apenas medio año.
La Fiscalía Europea ya solicitó a finales de mayo asumir el caso Koldo. La institución comunitaria investiga desde marzo un posible fraude en los contratos públicos adjudicados en Canarias y Baleares durante la pandemia. Ahora defiende que debe asumir toda la causa al tratarse de la misma trama. El juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, se muestra partidario de rechazar la petición, para lo que planteará una cuestión de competencia al Supremo. De momento ha requerido la opinión a la Fiscalía Anticorrupción, que se opondrá a elevar el caso.
