Los supervivientes a la embestida en Barbate afean el dispositivo: «Fue una improvisación»
Tres de los cuatro agentes de la Guardia Civil han declarado como testigos este viernes ante el juzgado
Mariano Casado, abogado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en la puerta del juzgado de Barbate (Cádiz) donde declaran los cuatro supervivientes de la embestida de la narcolancha. | EFE
Los agentes de la Guardia Civil que sobrevivieron a la embestida de una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz), han declarado ante el juez que «todo fue improvisación» en el dispositivo con el que sus mandos les ordenaron intervenir aquella noche, según sus abogados. En aquella tragedia del pasado 9 de febrero murieron dos de sus compañeros, Miguel Ángel González y David Pérez.
Tres de los cuatro agentes que resultaron con vida, y un capitán del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que estuvo con ellos, han declarado este viernes como testigos ante el juzgado de instrucción número 1 de Barbate. El juez investiga si los mandos de aquel operativo incurrieron en alguna responsabilidad penal al ordenar el 9 de febrero pasado a seis agentes enfrentarse con una pequeña lancha a las cinco narcolanchas que estaban en el puerto.
Tras las declaraciones en el juzgado, Mariano Casado, asesor jurídico de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), una de las asociaciones profesionales que ha denunciado a los mandos de aquel operativo, ha explicado que aquel dispositivo fue «el paradigma de la operación que nunca tiene que producirse». «Todo fue improvisación, improvisación e improvisación».
Además, ha apuntado que los tres agentes (un cuarto no ha podido declarar por problemas técnicos) y el capitán del Servicio Marítimo han coincidido en que fue un dispositivo «absolutamente improvisado, mal coordinado y mal preparado, sin contar con los medios necesarios para una situación de alto riesgo».
Sus testimonios, ha señalado el letrado, han apuntado a que el cúmulo de improvisaciones se debió a que los mandos, el coronel de la Comandancia de Cádiz y el general jefe de la Zona, sintieron que tenían que atender «no sé qué cuestiones de carácter pseudopolítico», lo que les llevó a hacer las cosas «de cualquier manera».
Alude a que esa misma mañana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había participado en Algeciras en la puesta en marcha del IV Plan Especial de Seguridad para luchar contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Allí había ofrecido una rueda de prensa en la que calificaba como «un éxito» este programa, que desde su puesta en marcha en 2018 hasta aquel momento había permitido la intervención de 1.700 toneladas de droga y más de 97 millones de euros en metálico procedentes del narcotráfico.
El abogado ha comentado que, de los testimonios recogidos hoy en el juzgado, se deduce que «de alguna forma» esa coincidencia «contribuyó» a que «se activase todo porque tenían que desaparecer esas narcolanchas de Barbate», pues «no casaba lo que estaba pasando en Barbate con lo que se había dicho por la mañana en alguna rueda de prensa».
«Todo eso contribuyó a que se hiciera todo con esa improvisación, con esa falta de coordinación, de previsión de los riesgos, de inteligencia… es el paradigma de la operación que nunca tiene que producirse», ha insistido. Sus testimonios han dejado también claro, según el abogado, que el coronel de la Comandancia de Cádiz al mando del operativo no cumplió «con pulcritud» con su «mandato imperativo» de «velar por la vida de las personas» que tenía bajo sus órdenes.
Por ello, ha insistido en que se hace ahora «absolutamente ineludible» que tanto él como el general de la zona, que ya figuran como investigados en estas pesquisas, sean llamados a declarar «porque tienen que dar muchas explicaciones». «Lo que ocurrió allí fue una total imprudencia», ha añadido tras las declaraciones Fernando Castellano, abogado de la acusación popular de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil y particular de uno de los supervivientes.
La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) también se sumó a las acusaciones y denunció por dos delitos de homicidio por imprudencia y dos delitos de lesiones graves al general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y al coronel jefe de la Comandancia de Cádiz como responsables de aquel operativo.
